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Extorsiones por droga, largas esperas y noches en vela: los familiares de los presos cuentan su experiencia

Uruguay superó recientemente los 15.000 privados de libertad; Familias Presentes es un proyecto nuevo que busca nuclear a todas esas familias

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Familiares de presos en el Comcar
Familiares de presos esperando para entrar a visitar el exComcar.
Francisco Flores/Archivo El Pais

Uruguay es el Estado sudamericano con mayor número de presos per cápita y ocupa el lugar número diez en el mundo. Pero, además, hace dos semanas sumó un triste récord: se alcanzó la cifra de 15.000 personas privadas de libertad, la cifra más alta desde que existen los registros.

Más allá de las falencias del sistema penitenciario y el análisis sobre cómo puede ser que un país de tres millones y pico de habitantes tenga tantos presos (uno cada 200 está privado de libertad), lo cierto es que detrás de la fría cifra se esconden 15.000 familias. Aunque no lo están, quienes integran el círculo íntimo de un privado de libertad se sienten presos junto a su hijo, sobrino, hermano o tío.

“Una vez escuché algo con lo que me sentí muy identificada y es que la cárcel se instaló en el living de mi casa. Es tal cual. Es como que de golpe se formó una cárcel en medio de mi casa, porque toda la vida empieza a girar en función de la cárcel y de quien está allí”, dice mientras le alcanzan un mate Gabriela Rodríguez, que tiene a su hijo preso hace cuatro años y lo visita todas las semanas. Lo dice frente a unas 20 personas que están formando un círculo a su alrededor. Todas ellas son familiares de personas privadas de libertad. La mayoría son mujeres, aunque también hay algunos hombres que la escuchan con atención y asienten con la cabeza cada palabra. Ella es la presidenta de Familias Presentes, una asociación civil que funciona hace un año y busca “crear y sostener un sistema de orientación y asesoramiento a familiares de personas privadas de libertad”. Es la primera vez que una organización nuclea a las familias de quienes están presos y -es claro en cualquiera de sus reuniones- todos están de acuerdo en que ese “sostén” era algo que “hacía falta”.

Asociación Civil Familias Presentes
Asociación Civil Familias Presentes.
Foto: Archivo.

Se reúnen una vez por mes y siempre hay nuevos participantes. Este lunes asisten tres personas por primera vez. Se presentan con algo de timidez y comentan cuál es la situación de su familiar: hace cuánto está preso, dónde y por qué. Cada uno da esa información a pesar de que nadie lo pregunta, algo que claramente está implícito, porque todos conocen el dolor que significa compartir cada situación y los límites los pone quien habla.

“Apa, qué grande está el círculo hoy”, dice una mujer que llega pasadas las seis de la tarde. Se sienta en una de las pocas sillas libres que quedan y se pone a tejer con lana rosada mientras escucha el resto de las presentaciones. Su hijo está preso hace casi un año y llegó a la organización a través de otra madre a quien conoció en la fila para ingresar a la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar). Ella escucha atentamente mientras Gabriela, la presidenta de Familias Presentes, cuenta que se reunieron con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Junta Nacional de Drogas y Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario. A todos les informaron de la existencia de la nueva organización y sus preocupaciones, las cuales Gabriela enumera detalladamente. En medio de la puesta a punto de la reunión del lunes, uno de los participantes interrumpe para contar que consiguió trabajo. “Sí, y dejé las cosas claras desde el arranque y ellos aceptaron”, cuenta haciendo referencia a que estuvo preso y todos esbozan una sonrisa. Es que el hombre salió de la cárcel hace 10 meses y le costó mucho conseguir empleo. “Cuando se enteran de que estuviste preso te echan. Les pasa a todos”, dice por lo bajo otra de las participantes del encuentro.

Lo cierto es que Familias Presentes tiene una doble funcionalidad. Por un lado es como una suerte de gremio porque oficia de guía y apoyo para quienes tienen un familiar privado de libertad y no saben qué hacer. Desde quienes buscan hacer un reclamo por las condiciones sanitarias en las que ven a su familiar hasta quienes buscan comprender cómo es el listado de requisitos para el régimen de visitas, algo particularmente complejo en cada unidad. Por el otro, Familias Presentes también tiene algunos rasgos similares a la terapia grupal. Buena parte de la gente que participa quiere ser escuchada. Sentirse acompañada. Están pasando por algo complejo y no siempre conocen a alguien que pase por lo mismo. Así, cada uno de los 150 integrantes de la organización -una cifra que seguramente aumente cuando adquiera mayor visibilidad- termina compartiendo su situación con desconocidos que pasan a ser cercanos.

Penal de Libertad
Penal de Libertad.
Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Después de la puesta a punto sobre las novedades de la organización empieza el diálogo entre los familiares. El primer tema surge casi con naturalidad y se suman varios testimonios. Se trata del consumo de droga en la cárcel. “Yo creo que ya es algo repetitivo todo lo que tiene que ver con el dinero para consumir. Se nos pide desde adentro plata para que el muchacho siga teniendo qué consumir ahí. La extorsión que se le hace a la familia es horrible. Eso me parece increíble que siga pasando hace tanto y no lo podamos detener. Lo hemos hablado mucho acá, pero no sé qué más podemos hacer”, lamenta una mujer que participa de la reunión a través de una videollamada. La operativa es así: como no se puede ingresar dinero a la cárcel, los presos piden a sus familiares que depositen la plata en un número de cuenta específico, perteneciente a alguien de afuera, esa plata “de alguna manera” termina significando más droga para los presos. “Esto sucede particularmente con adictos, pero también como forma de extorsión y dominio de unos presos sobre otros. Para los familiares es una situación muy angustiante, pues no se debe acceder, pero el miedo a que le pase algo al familiar preso hace que cedan a la presión”, asegura Gabriela Rodríguez después de terminada la reunión.

Incluso desde la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración (LUC), abogados, fiscales y jueces notan el aumento del encarcelamiento de mujeres por ingresar droga a las cárceles. Esto tiene que ver con que son ellas las que comúnmente visitan a los hombres.

El acceso a las drogas es sin duda uno de los temas que más preocupa a los familiares, que no terminan de entender cómo puede ser que el consumo “esté tan naturalizado y sea parte de la corrupción policial”, según indica la hermana de un recluso. La madre de otro privado de libertad cuenta también que junto a otra madre que comparte celda con su hijo en Santiago Vázquez decidieron comprar una televisión y eso “se pudo hacer porque en esa celda no hay ningún adicto”, porque si no “todo lo cambian por droga”.

Víctimas y victimarios.

Uno de los últimos en llegar a la reunión es Jaime Saavedra, exdirector de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), quien además es uno de los fundadores de Familias Presentes. Con termo y mate, Saavedra prefiere escuchar lo que dice cada familiar en lugar de opinar, a pesar de ser un experto en el tema cárceles.

Penal de Libertad
Penal de Libertad.
Foto: Fernando Ponzetto

Junto a Graciela Barrera, expresidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito (Asfavide) y senadora suplente por el Frente Amplio, decidieron fundar el año pasado la organización para parientes de privados de libertad. “Me pasaba todo el tiempo que algunos familiares se comunicaban conmigo para contarme sus problemas, entonces yo tenía en la cabeza que algo vinculado a esto había que hacer. Un día me llamó una madre que me dejó muy conmovido con su historia y ahí llamé a Graciela que enseguida se sumó”, cuenta Saavedra. Para el exdirector de la Dinali es importante “separar los tantos” y tener claro que este grupo “no va a poder resolver problemas estructurales” vinculados a las cárceles y eso “suele generar angustia”, pero “aunque no se pueda cambiar cosas grandes, la organización sigue siendo válida y necesaria para asesorar, preguntar, reclamar y apoyar”.

Por su parte, el interés de Graciela Barrera en la conformación de Familias Presentes no viene tanto por la experiencia como profesional como sucede con Saavedra, sino más bien por su vida personal. En 2009 su hijo falleció al ser rapiñado por delincuentes. “Como toda persona, yo pensé que nunca iba a poder salir adelante, pero después me fui dando cuenta de que con odio y rencor no iba a llegar a ningún lado”, dice Barrera con firmeza. Así, la mujer fundó la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito (Asfavide) en donde trabajó con personas que pasaron por situaciones similares a la suya. Pocos años después junto a esa organización comenzó a visitar las cárceles “porque es la mejor forma de poder entablar un diálogo con las personas que cometen delitos”, según sostiene y agrega: “La sociedad la formamos todos y esto no se trata de separar entre víctimas y victimarios”. Trabajando en las cárceles conoció a Saavedra, con quien finalmente formó Familias Presentes, un espacio que “arroja luz”, según Barrera.

Graciela Barrera, presidenta de la Asociacion de Familiares y Victimas de la Delicuencia. Foto: F. Ponzetto
Graciela Barrera, senadora suplente por el Frente Amplio y una de las fundadoras de Familias Presentes.
Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

“Ellos como familiares sufren mucho y se les hace complicado el día a día. Primero por sentir discriminación del entorno y segundo porque muchas veces dicen que una vez que traspasan el umbral de animarse a ir a ver a sus familiares pasan a sentirse presos también. Yo igualmente les digo que agradezcan poder ir a verlos y abrazarlos que es algo que yo ya no puedo hacer”, reflexiona haciendo referencia a la muerte de su hijo.

Saavedra cree que son varios los sentimientos que atraviesa la familia de un privado de libertad: “El primero es el miedo. Cuando uno va a una cárcel por primera vez, independientemente de quién sea y aún teniendo muchas batallas encima, la cárcel es una cosa que mete miedo y genera incertidumbre. Para las familias, sobre todo al principio, es una mezcla explosiva porque el miedo se junta con la angustia de no saber lo que le está pasando a tu familiar. Después está el tema de que los sistemas penitenciarios en general, todos, son huesos duros de roer. Entonces vos estando solo frente a esa cosa que es tan rígida y te produce miedo, es muy difícil. Ahí aparece la impotencia. Las dificultades en la entrada, el tema de la ropa que se puede llevar o llamar a un teléfono y que no te contesten. Luego se pasa por el enojo. Porque uno siente que no tiene nada que ver con el delito que haya cometido ese familiar, pero igual es condenado por el entorno y no hay explicación alguna para eso”.

El hecho de que “se pase por tantas cosas” justifica que sea “tan importante vivirlo de manera conjunta”, según el experto en cárceles, quien sostiene: “No es buen consejo guardarse una dificultad así. No pasar la peripecia solo, sino juntarse para compartirlo. Esa es la idea”.

En primera persona.

Todos los testimonios recogidos de familiares prefieren el anonimato y, por lo tanto, aquí tendrán nombres ficticios. Para Florencia, la importancia de hablar de manera anónima tiene que ver con que su hermano “necesita ser protegido por estar en una situación de vulnerabilidad” y “nunca se sabe lo que pueda pasar a la interna de la unidad”. Su hermano está preso desde abril por venta de droga y aunque ella dice que a veces “uno puede sospechar en qué anda alguien cercano, confirmarlo fue muy duro”.

Ex Comcar. Foto: Leonardo Mainé.
Recorrida por el Complejo Penitenciario Unidad 4 Santiago Vazquez del Instituto Nacional de Rehabilitacion, Compen del INR, antiguo Comcar, en Montevideo, ND 20200818 foto Leonardo Maine - Archivo El Pais
Leonardo Maine/Archivo El Pais

Dentro de su familia, ella es la que más lo visita, algo que su madre, por ejemplo, no hace con tanta frecuencia porque “le cuesta verlo así”. Florencia cuenta que después de hacer la fila para ingresar durante una de esas visitas, la detuvieron en la entrada por estar vestida de negro -uno de los colores prohibidos en una cárcel del interior, en donde está detenido su hermano-. En ese momento se sacó el pantalón negro y se quedó con unas calzas de colores que tenía abajo. “Me dijeron que de calzas tampoco se podía. Miré el reloj y faltaban 20 minutos para el cierre, pero yo quería entrar sí o sí ese día, entonces tuve que salir corriendo y me compré un pantalón en un almacén para poder pasar”, dice.

En la mayoría de las cárceles los colores prohibidos son el negro, el azul, el verde y el gris. Sin embargo, algunas unidades suman otros colores a la lista como el rojo y el blanco. También hay prendas que están prohibidas como los vestidos cortos, las bermudas o los pantalones “tipo cargo” con bolsillos en los costados. Mariana, que visita desde hace un año a su hijo que está preso por un delito de estafa, cuenta que en una oportunidad vio a una mujer “arrancarse los bolsillos para poder entrar” porque “existe ese nivel de desesperación después de hacer la fila”.

PREOCUPACIÓN.

“La familia es la que piensa en la vida después de la cárcel”

Más allá de qué delito sea el cometido por un privado de libertad, lo cierto es que una de las mayores preocupaciones de la familia cercana suele ser el futuro después de la cárcel. Así lo manifiestan los integrantes de Familias Presentes en cada una de sus reuniones. “Él no deja de ser un gurí de 25 años. Que hizo algo que está mal es real, y por algo pasó lo que pasó, pero por eso no se le puede condenar la vida entera”, dice Florencia sobre su hermano frente a otros 20 familiares de privados de libertad en la reunión. Ella suele hablar con él durante las visitas sobre “la vida después de la cárcel”, pero es consciente de que “todo depende de la voluntad que tenga”. “Hoy los que pensamos en qué va a pasar después somos los familiares. El Estado no da las herramientas suficientes como para salir y rehabilitarse, entonces termina dependiendo de cada familia y de las ganas del que sale”, subraya.

Mariana dice que la “gran complejidad” para los familiares es “no tener a quién consultar”. “Vos querés saber si la persona está bien, también cuáles son los requisitos para las visitas o cómo funciona todo y la realidad es que muchas veces te das contra la pared porque falta apoyo”, dice y agrega que Familias Presentes “viene a llenar ese agujero”.

Por su parte, Alicia cuenta que ir a visitar a su hijo que está privado de libertad hace dos años por rapiña le lleva “todo el día”. Ella vive en Ciudad del Plata y él está en la cárcel de Durazno, entonces sale para Tres Cruces a las 23.30 y allí espera hasta las cinco de la mañana para tomarse el ómnibus a Durazno. “Aunque sea difícil, yo como madre lo último que voy a hacer es dejarlo solo”, dice emocionada.

Familias Presentes busca seguir reuniéndose con autoridades para brindar apoyo a las familias de los privados de libertad. “Al principio, vamos a lograr cosas pequeñas como un techo mejor durante las visitas o que nos dejen entrar usando capucha”, dice la presidenta de la organización y agrega esperanzada: “Después vendrá lo otro”.

DATOS.

Las cifras de las cárceles en Uruguay

Edades. Hoy, la gran mayoría de los privados de libertad que ingresan son hombres de entre 25 y 30 años de edad. Más del 90% tiene un problema de consumo de estupefacientes y el 55% es analfabeto.

Reincidencia. Según el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, hay personas que cuando son liberadas cometen delitos leves y vuelven a la cárcel. Esto sucede hasta tres veces en un mismo año.

Sobrepoblación. Un relevamiento hecho por El País en junio revela que en 18 de las 26 unidades penitenciarias del país existe una ocupación por encima de la capacidad prevista. En algunos casos el margen es leve, como en Lavalleja (103,10%), Río Negro (105%) y Colonia (111,20%). En otros es más grave. Esto sucede en Artigas (183,80%), Treinta y Tres y Paysandú (ambas 177,70%), en la cárcel de mujeres en Montevideo (173,70%), Durazno (172,40%), Salto (161%), Rivera (148,80%) y Canelones (131,60%). En el caso de Santiago Vázquez (exComcar), la cifra difiere según el módulo y, mientras algunos tienen una sobrepoblación significativa, otros tienen plazas disponibles. En líneas generales, la sobrepoblación de esa unidad trepa al 127,60%. La cifra global representa una sobrepoblación del 118,7% para todo el sistema penitenciario, según el informe publicado en esta misma sección en junio pasado.

Pedidos de traslado. Cada pedido que llega a las autoridades es analizado por una junta en la órbita del INR, que suele demorar en expedirse. Esa junta hace un análisis que es similar al que se lleva a cabo en el ingreso de la persona, es decir, se vuelve a medir la seguridad que requiere el detenido para decidir si se habilita el traslado. Según las propias autoridades, esa es la causa de que aunque haya plazas libres en buenas cárceles, estas no sean utilizadas para alojar a detenidos de las unidades que están desbordadas. En la Junta de Traslados del INR cada vez son más habituales las cartas de mujeres que les piden a las autoridades que por favor reúnan a sus familiares en una misma prisión: tienen a tantos detenidos que no les alcanza el tiempo para visitarlos a todos.

Libertad vigilada. Uruguay alcanzó hace dos semanas la cifra más alta de personas privadas de libertad en su historia: son más de 15.000. A esa cifra se suman otras 20.000 personas que cumplen con su condena a través de medidas alternativas al encierro y deben ser vigiladas por la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida.

Sanidad. La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se encarga de brindar servicios en las unidades penitenciarias ubicadas en el área metropolitana y en la unidad de Rivera. La ampliación de sus servicios a otras cárceles está prevista, pero aún no se ha concretado. El resto de las unidades del país dependen de Sanidad Policial, cuya función es, en realidad, atender a los funcionarios.

Estudiar. En febrero pasado, unos 7.862 privados de libertad manifestaron interés en estudiar, pero 2.774 quedaron sin lugar en las aulas. Esto tiene que ver con que faltan espacios físicos y también docentes que trabajen en las unidades penitenciarias.

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