PESTICIDAS que lo contaminan todo

Enfermos de agrotóxicos

Julio estuvo cinco años en contacto con agroquímicos y hoy tiene severos problemas de salud. El BSE le sugirió mudarse del arrozal donde trabajaba y vivía, y el Estado le está pagando un alquiler. El gobierno afianza controles ante la aparición de nuevos casos.

Agrotóxicos
Foto: AFP

Se acuerda muy bien del día en que se le volcó el glifosato. El líquido cayó por el pantalón y la camisa, y enseguida le manchó la piel. En ese momento Julio De los Santos no se sintió mal, aunque bien sabía que esa sustancia era peligrosa. Le pidió al capataz para ir a su casa a cambiarse y seguir trabajando con ropa limpia. El jefe se enojó, no le dio permiso para salir y le dijo que si quería conservar el empleo, debía aguantarse el uniforme empapado. Un año y medio después empezó a sentir los efectos de los agroquímicos en los pulmones, el páncreas, las articulaciones y el corazón.

A los 43 años, a De los Santos se le vino el mundo abajo. Ahora espera que Arrozal 33 —la empresa para la que trabajó durante cinco años— le compense por sus problemas de salud. Él dice no recordar el monto que reclama y su abogado, Justino Moraes, solo aclara que es una cifra "millonaria". La Justicia es la que tendrá la última palabra. El Ministerio de Vivienda, en tanto, le otorgó una casa para que pueda mudarse del lugar donde vivía en el mismo predio de la arrocera.

El periplo empezó en 2013, cuando entró como soldador en la empresa arrocera que está ubicada en Treinta y Tres. No tenía contacto directo con agroquímicos, pero a veces le tocaba trabajar con los tanques de metal en los que se guardan los tóxicos. Afirma que la compañía utilizaba los envases que sobraban para armar desagües en el campo y él debía soldarlos. También arreglaba camionetas, tractores y mosquitos que habían llevado el producto antes, pero no habían sido lavados con precaución. El día que se manchó con glifosato estaba trabajando con un tractor, que tuvo una pérdida y le empapó la ropa.

Comenzó con un dolor en la espalda y consultó en la mutualista. También notaba que se quedaba sin aire, que le costaba respirar. El panorama se agravó, estuvo internado en el CTI y fue derivado al Banco de Seguros del Estado (BSE) porque los especialistas de Treinta y Tres consideraban que se trataba de una enfermedad profesional. "Todo esto es por los agrotóxicos", le decían.

Las sospechas no se podían confirmar, pero el diagnóstico del BSE acabó con las dudas: "neumonitis por hipersensibilidad vinculada a exposición a contaminantes químicos". Los médicos aseguraban que los tóxicos le habían dañado los pulmones.

Pero De los Santos tiene otras enfermedades que también asocia a los pesticidas. Desarrolló una diabetes tipo 2 y se inyecta insulina todos los días; padece un grado alto de reuma, que le impide caminar con normalidad y le hace doler las articulaciones; los médicos descubrieron que se le agrandó el corazón y debe evitar agitarse, ya que el riesgo de infarto es importante; y los pulmones se le llenaron de pequeñas piedritas, por lo que duerme conectado a un tanque de oxígeno. La caja en donde guarda los medicamentos es de tres pisos.

Sin embargo, el juicio está complicado. El litigio comenzó en junio y varios testigos ya pasaron por un juzgado laboral en Montevideo. Este jueves fue la segunda audiencia y la jueza María del Rosario Berro, que está a cargo del caso, prohibió el ingreso a El País. Aunque las audiencias son públicas, la magistrada argumentó que no dejaría entrar a la prensa ya que la parte demandada no estaba de acuerdo.

Berro salió de la sala y dijo que el caso "no es lo que parece". Sostuvo que De los Santos era un "fumador empedernido" antes de empezar a tener problemas respiratorios, por lo que sugirió que su enfermedad tiene que ver con el tabaquismo y no con los agroquímicos. A su vez, opinó que el abogado de Arrozal 33 "es brillante", ya que presentó pruebas que demuestran, por ejemplo, que la compañía fue la primera en el campo en tener un técnico prevencionista.

Aseguró que los empleados cuentan con todos los implementos de seguridad necesarios para trabajar, a la vez que señaló que el problema de De los Santos es porque tiene "predisposición" a tener afecciones respiratorias.

Claro que Álvaro Platero está de acuerdo con la visión de la magistrada: es el gerente de la empresa arrocera. "Julio está enfermo, eso es real y es demostrable. Su estadía de trabajo creo que fue de un año y medio, porque de los cinco que estuvo tres los vivió fuera de combate (ya que estaba certificado)", agrega. Dice que la compañía tiene 80 años y que es la primera vez que alguien sufre problemas de salud vinculados a los pesticidas.

Respirando: Julio no carga con el tanque de oxígeno, por lo que lleva al menos dos inhaladores que utiliza cuando le falta el aire. Foto: Leonardo Mine
Respirando: Julio no carga con el tanque de oxígeno, por lo que lleva al menos dos inhaladores que utiliza cuando le falta el aire. Foto: Leonardo Mine

Enseguida, más enfático, afirma que De los Santos miente. Explica que las sustancias tóxicas ahora vienen envasadas en plástico, por lo que resulta "imposible" que haya soldado tanques de metal para construir desagües. "Es todo una confabulación de cosas para tener un resarcimiento económico, porque es un juicio millonario. Nos exprimen", señala. Entonces asegura que las manchas que el demandante denuncia "seguro fueron de agua", porque los vehículos se lavan antes de entrar al taller. "Donde él trabajaba es el sector que menos contacto puede tener con un agroquímico", dice.

Platero reconoce que en Arrozal 33 usan glifosato, pero aclara que no es "tan malo" como parece: "Está entre los elementos cancerígenos como el mate, el café y las carnes rojas. Pero la gente asocia glifosato, Monsanto, cáncer".

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud clasifica al glifosato en la segunda lista de productos cancerígenos, mientras que el café está en la tercera. Esto quiere decir que los expertos consideran que el químico es más peligroso.

Mientras tanto, De los Santos se abasteció de fotos y videos con los que busca darle peso a su versión. Una de las imágenes, que pretende utilizar como prueba, muestra a un avión fumigando por encima de una persona.

Otro caso como el suyo se hizo público en el mundo. El jardinero Dewayne Johnson, de 42 años, aplicaba herbicidas en una escuela al norte de San Francisco. Un médico le diagnóstico en 2014 un linfoma de Hodgkin, un cáncer terminal que afecta a los linfocitos que están en la sangre. El hombre resolvió demandar a la multinacional Monsanto —que produce estos productos— un año más tarde y una jueza falló en agosto a su favor, por lo que condenó a la compañía a pagarle US$ 39 millones en compensación y US$ 250 millones en daños. "Nunca hubiera rociado ese producto en la escuela o alrededor de las personas de haber sabido que les haría daño", dijo el hombre cuando conoció la sentencia.

Dewayne Johnson, a miles de kilómetros de De los Santos, dejó marcada la cancha a su favor.

Mudanza obligada.

El BSE entendió que el cuadro de De los Santos era grave. Tan grave que recomendó que la familia se mudara del predio de Arrozal 33, donde les habían dado una casa. Las viviendas de la empresa están linderas a las plantaciones de arroz, si bien el gerente asegura que respetan los 500 metros de distancia pautados por el Ministerio de Ganadería (MGAP) cuando fumigan. No obstante, el denunciante afirma que los mosquitos se cargan en los mismos pozos de agua de los que sacan para tomar. La contaminación, según él, está en todos lados.

Para que la familia se fuera, la esposa de De los Santos, que también trabajaba en la arrocera, debía renunciar a su empleo. Él estaba —y aún está— en trámites de jubilación por enfermedad. Cobraba —y aún cobra— solo $ 11.500 de parte del Banco de Previsión Social (BPS), que corresponden a una licencia por enfermedad y equivalen al 75% de su sueldo. Pero el matrimonio tiene dos hijas menores y no había forma de mudarse, pagar un alquiler, costear los servicios y comer todos los días. Necesitaban ayuda.

Su esposa empezó a sentirse mal. Tenía miedo de que le pasara lo mismo que a su marido, por lo que enseguida fue a consultar a la emergencia. Los médicos le diagnosticaron problemas de baja presión y descubrieron que había tenido casos de lipotimia, una pérdida repentina del conocimiento que se produce por falta de riego sanguíneo en el cerebro. "Tiene pendiente valoración del equipo del BSE, por tratarse de una patología —de acuerdo con el relato— por exposición a agrotóxicos", dice el diagnóstico.

La hija mayor también empezó con problemas respiratorios. La adolescente, que estaba terminando el liceo, recorría 70 kilómetros todos los días para ir a estudiar. De los Santos cuenta que el ómnibus cruza las plantaciones de arroz y los aviones "cargados de químicos" fumigan por encima de los caminos. La joven también está siendo estudiada por médicos.

Sin embargo, el gerente de la empresa niega esa versión. Dice que "bajo ningún concepto" tirarían pesticidas en zonas pobladas, sobre todo porque allí reside su familia. "Vivo en el mismo pueblo donde vivía Julio, hace 40 años que vivo acá. Mis nueve hijos se criaron acá, fueron a la escuela acá. ¿Cómo vamos a permitir que eso suceda?", cuestiona.

La ayuda para De los Santos llegó del lugar menos pensado y de un organismo que ni siquiera sabía que existía. La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) tomó contacto con su historia a través de la prensa y viajó a Treinta y Tres en diciembre de 2017 a conocerlos. Entonces empezaron a moverse tanto en la intendencia como en los ministerios para conseguirles una casa en San José, donde viven parientes de la esposa.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fue con el primero que intentaron, pero no tuvieron suerte. "No hay viviendas disponibles actualmente en San José. La familia no reúne condiciones para ser derivada", contestaron los técnicos.

Así le llegó el turno al Ministerio de Vivienda, que advirtió que las características de la familia no se ajustaban para ser beneficiarios de un arrendamiento por emergencia social. No obstante, harían una excepción debido a la "emergencia sanitaria" que implicaba el caso.

Así, De los Santos se transformó en la primera persona a la que el Estado le pagó un alquiler debido a afecciones de salud vinculadas a agrotóxicos.

"La situación es grave y derivada de una falta de seguridad laboral, donde podría tener responsabilidad el Estado", sentencia el informe de la Inddhh.

La Agencia Nacional de Vivienda destina todos los meses $ 11.000 para que la familia viva en una casa en San José. Los $ 15.000 por gastos de inmobiliaria tuvo que pagarlos De los Santos, que logró que se los cobraran en cuotas. Asimismo, el Mides se encargó de pagar la mudanza.

La intendencia de Treinta y Tres nunca respondió las solicitudes de la institución.

La mayoría de los medicamentos que toma De los Santos los compra el BSE y se los manda por encomienda a San José. Sin embargo, hay cinco fármacos que debe costear la familia, que por el momento sobrevive con lo que recibe él de parte de BPS. Esperan ganar el juicio para mejorar su calidad de vida, que se deteriora cada vez más.

Agrotóxicos
Foto: archivo El País

Intoxicados.

Entre los trabajadores rurales sienten preocupación por el uso de agrotóxicos. Marcelo Amaya, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (Sutaa), dice que hay otro caso "convalidado por especialistas" vinculado a la exposición a estas sustancias. "Uno es el de Julio y hay otro de un hombre que realizaba tareas de riego en otra empresa", cuenta.

A su vez, están organizando un viaje a Entre Ríos (Argentina) para que trabajadores del arroz que estén potencialmente afectados se realicen análisis que detecten la presencia o no de glifosato en sangre ,ya que Uruguay no cuenta con la tecnología para hacer los estudios. Julio, su esposa y 11 personas más tienen pensado viajar en los próximos meses.

Estos resultados podrían ser utilizados como pruebas durante los juicios. El abogado Juan Ceretta —encargado de uno de los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República— pretende presentarlos en un litigio más grande, que incluso podría ser contra Bayer, el laboratorio que compró Monsanto.

"El problema en los juicios está en la prueba. Es muy difícil demostrar que hay un nexo entre el daño y el origen del presunto problema, que es la exposición a estos productos. Los análisis en Argentina van a permitir que nos armemos con una prueba más contundente", sentencia el abogado.

También es difícil medir cuántos fueron afectados por la contaminación porque los números del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) están desactualizados. El último registro es de hace siete años y establece que entre 2002 y 2011 hubo 2.602 consultas por intoxicaciones asociadas a plaguicidas. Unas 900 ocurrieron en circunstancias laborales y la mayoría en Treinta y Tres, Soriano, Colonia y Salto. El principio activo más frecuente fue el glifosato.

Y si bien no hay números certeros, en el MGAP trabajan para evitar un aumento en las intoxicaciones. Federico Montes, director de Servicios Agrícolas de la cartera, anuncia que en octubre comenzará un plan piloto en Soriano que permitirá fiscalizar las aplicaciones de agroquímicos de forma satelital. El gobierno colocó una "torre de control" en Montevideo, desde donde observará en tiempo real de qué manera se está fumigando.

El sistema funcionará a través de internet y también tendrá información para los productores. En un mapa al que estos tendrán acceso estarán marcadas las "zonas sensibles", explica Montes, que implican escuelas, centros poblados y cursos de agua. Los mosquitos deberán evitar fumigar por encima de esos lugares. Este primer plan durará un año y luego, de acuerdo con su rendimiento, se extenderá al resto del país.

A pesar de los esfuerzos del ministerio, el jerarca reconoce que todavía falta "mucho por hacer". Agrega que no terminan de estar conformes con la fiscalización, sobre todo porque algunas situaciones "se escapan".

"No vamos a controlar empresa por empresa. Puede existir una responsabilidad de un productor al no dar un equipo de protección, o que el operario no lo use porque no quiere. Son combinaciones que pueden pasar", agrega.

Y eso es lo que preocupa a Pedro Mondino. El director del departamento de Protección Agrícola de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República considera que los controles son escasos. Dice que el registro de pesticidas es "el principal debe", ya que hay cultivos menores —como el apio, el ciboulette o la rúcula— que no tienen plaguicidas asociados y los productores eligen qué usar y en qué dosis. En esa "improvisación", las cosechas pueden estar contaminadas con agrotóxicos sin que nadie se dé cuenta.

"No es solo un problema de los trabajadores", dice. "Si nos hacemos un análisis, todos tenemos glifosato en sangre".

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