CRÉDITOS EN PANDEMIA

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El 2020 fue un año feo para todos, pero César dice que para él “fue el doble, el triple de feo”. Lo dice por lo que le pasó en abril, mientras el COVID-19 daba sus primeros pasos en Uruguay. César trabajaba —trabaja— como chofer de aplicaciones, había terminado una jornada de pocos viajes y acababa de estacionar el auto en la puerta de su casa cuando dos hombres se bajaron de una moto y le exigieron las llaves. “Se las di. Y me quedé parado ahí, muerto de rabia, viendo cómo se lo llevaban”, cuenta. Mientras uno de los ladrones se alejaba a toda velocidad, el otro intentaba encender el vehículo, pero no sabía cómo. “Me apunta con el arma y me dice que se lo encienda y eso me dio tanta indignación que me puse a pelear con él y, cuando quise acordar, estábamos en el suelo pegándonos”. Entonces el delincuente le disparó tres tiros en el abdomen. César aflojó el puño, el ladrón huyó corriendo.

Eran las ocho de la noche, en el corazón de Cerrito de la Victoria. Los vecinos lo rodearon. Llegó la patrulla antes que la ambulancia y, al ver la cantidad de sangre que había perdido, los policías lo llevaron directo al hospital. Tras esta escena, lo que sigue son operaciones y una larga internación en distintos CTI. Así transcurrió más de un mes. Le dieron el alta, pero a los pocos días volvió porque se le había “formado un desastre en el intestino”. Y otra vez: vuelta a operarlo, vuelta al CTI.

“Para comprar el auto y empezar a trabajar con aplicaciones yo había pedido préstamos en distintas financieras y bancos. Ni bien salí del hospital, además de que no había casi trabajo por la pandemia, estaba muy herido y no podía manejar. Me atrasé con las cuotas. Se los expliqué, les pedí tiempo, pero no les importó y me cayeron todas a cobrarme. Me tenían loco los estudios jurídicos llamándome permanentemente. Fue tanta la presión y las amenazas que tuve que volver a trabajar con la herida abierta”, dice.

Se le infectaron algunos puntos. A la pierna derecha, además, la sentía mitad dormida mitad tomada por un dolor agudo. Así, en esas condiciones, volvió a manejar. Ante esta situación, César fue uno de los 15.000 pequeños empresarios que solicitó el crédito diseñado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y el Banco de Desarrollo Fonplata, al que el gobierno bautizó como Seguro por Cese de Actividad y puso a disposición de las micro y pequeñas empresas en mayo de 2020. “Lo tramité yo y también mi señora. Usamos el dinero para tapar agujeros”, dice César.

Según información a la que accedió El País, de los 15.000 pequeños empresarios que tomaron estos créditos entre mayo y setiembre de 2020, uno de cada cinco no está pagando las cuotas. Van 11 vencidas de un total de 24.

El instrumento, generado de forma excepcional en contexto de la pandemia, consistió en un crédito sin intereses de hasta cuatro partidas mensuales de 12.000 pesos; se otorgaron 44.720.

Podían solicitarlos todos los monotributistas (excepto aquellos amparados por el Ministerio de Desarrollo Social) y las pequeñas empresas —en sus diversas composiciones— con hasta dos socios, sin empleados dependientes y con una facturación inferior al millón de unidades indexadas (unos cinco millones de pesos).

Para ampliar el alcance, los préstamos se otorgaron sin análisis crediticio, de forma que aquellas empresas que estaban en el Clearing también podían solicitarlo. La devolución del dinero se fragmentó en 24 cuotas, con un período de gracia de dos meses para empezar a pagar.

Mediante esta línea de crédito, el gobierno prestó 12,5 millones de dólares y van otros 1,4 millones en una segunda línea lanzada en 2021, con préstamos sin intereses, de hasta 25.000 pesos, para los sectores en situación más crítica. En este caso, los titulares deben acreditar actividad al 27 de mayo de 2021. Está disponible hasta fines de noviembre y la primera cuota se pagará a partir de febrero.

“Usé ese dinero y el de un préstamo que me hizo un amigo para pagarles a las financieras, la deuda más todos los interés que me pusieron. Y también lo usé para comer. Ahora le debo a dos bancos y debo las cuotas del crédito de ANDE, del mío y del de mi señora. Ellos por lo menos no molestan. Eso me preocupa. No sé ni cuánto les debo ya, pero estoy ahorrando para hacer una entrega”, dice César.

¿Qué pasó con las personas que casi lo matan? No quiere saber de nada, teme una venganza. Mientras estaba internado, su familia encontró una bala en una de las ruedas del vehículo, pero él se niega a entregarla a la Policía. La tiene guardada en un lugar especial, por si acaso.

La presidenta Carmen Sánchez reconoce que paradójicamente la pandemia “ayudó” a dar importancia al organismo que dirige, porque lo cierto es que pocos uruguayos parecen saber con claridad qué es y qué hace la Agencia Nacional de Desarrollo.

Sin embargo, a medida que el COVID-19 se expandía, la sigla ANDE empezó a sonar una y otra vez. Por un lado porque se encargó de gestionar —y diseñar— los préstamos, garantías y subsidios para micro y pequeñas empresas, y otros trabajadores no formales, que fue lanzando el gobierno. Y a la par, la agencia ganó notoriedad al estar asociada al programa detrás de la explosión que vive el sector audiovisual, uno de los poquísimos que se benefició con el virus.

¿Pero qué es ANDE? No es del todo raro que sea poco conocida, porque al fin y al cabo es una agencia nueva. Según reconstruye Sánchez, la ley que la creó data de 2009, empezó a funcionar recién en 2016 y un año después lanzó las primeras acciones concretas, concentradas en atender a los emprendedores y potenciar a las empresas de pequeña escala, “que son el motor de la economía”.

Sánchez integró el equipo económico que asesoró al presidente Luis Lacalle Pou durante la campaña, por eso sabe que “desde el programa de gobierno hay una decisión política de poner a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el primer lugar de la agenda económica”.

A su modo de ver, la administración anterior apoyaba a este universo a través de distintos organismos, en tanto su cometido “es centralizar todo el apoyo —asesoramiento técnico y financiamiento— en ANDE”. En la agencia “la atención estaba puesta sobre todo en personas emprendedoras más que en empresas ya creadas; se apoyaba sobre todo a determinados emprendimientos por su carácter innovador mientras que faltaba mirar hacia los rubros más tradicionales; y el alcance se lograba sobre todo en Montevideo y Canelones”, señala. Eso es lo que pretende cambiar: mejorar.

El asunto es que la pandemia irrumpió afectando la planificación prevista para ese objetivo, y se antepuso la necesidad de “asegurarles liquidez a las empresas de menor tamaño”. Con el aval del Ministerio de Economía y en comunicación frecuente con Presidencia, se construyó un plan de acción. Para las empresas con posibilidad de aplicar a un préstamo en instituciones bancarias, se capitalizó el sistema de garantías, vigente también en 2021. En una segunda escala, para las empresas que no llegaban a bancos pero sí a instituciones de microcréditos, que suelen tener una alta tasas de interés, la agencia otorgó garantías y también subsidió parte del costo de los intereses.

Pero quedaban desamparadas las empresas más vulnerables, aquellas que no tenían acceso a créditos por su nivel de ingresos, cuota de informalidad o mala situación crediticia. A estas hay que visualizarlas como “empresas entre comillas”, dice Sánchez, porque suelen ser “autoempleos o trabajadores independientes que se quedaron por fuera del seguro por desempleo y sin esa cobertura necesitaban un crédito que les permitiera sostenerse”.

En un inicio, el crédito constaría de dos partidas de 12.000 pesos, pero como la demanda fue inferior a la esperada se amplió hasta cuatro partidas por empresa; en esos casos el total prestado por titular ascendió a 48.000 pesos.

¿Qué tanto ayudaron? Desde la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype), su presidente Pablo Villar opina que estos créditos constituyen “un instrumento implementado tardíamente (a partir de mayo de 2020), insuficiente desde el punto de vista de los montos y no adecuado dada la situación de crisis que vivieron las empresas”, lanza. Pese a lo dicho, agrega: “De todas formas fueron valorados por los micro empresarios y los tomaron”.

Muchos de los que no los están pudiendo pagar son miembros de la asociación, que quiere estudiar las razones que están detrás de la morosidad.

Luis se dedica al transporte, como César. Lleva la cuenta de los meses que no ha pagado el préstamo a ANDE. “Son chirolas, pero me tiene más enfermo eso que otras cosas porque tengo miedo de que crezca la deuda y no quiero estar debiéndole a nadie, menos al Estado”, dice. En su caso, sufrió un ACV y recién hace cinco días pudo reincorporarse al trabajo.

El asunto es, ¿cómo debe interpretarse ese 20% de morosidad que registra ANDE? Sánchez, la presidenta de la agencia, lo minimiza. Considera a esa cifra una “sorpresa positiva”, teniendo en cuenta que en un inicio la proyección de incumplimiento que hizo la agencia era del 80%. ¿Por qué tan alto? “Insistimos en que el dinero debía llegar al destinatario sin hacer un análisis crediticio previo para que el acceso fuera más amplio. Pero así estábamos asumiendo un riesgo importante, porque en ese momento no sabíamos cómo se iba a terminar desenvolviendo la crisis sanitaria y cuándo nos podrían devolver el dinero”, argumenta.

En tanto, Villar, desde la asociación de micro y pequeñas empresas, no tiene la misma percepción. Explica que la morosidad de los socios no suele superar el 2%, por eso, a esta morosidad del 20% “la consideramos como históricamente alta”. Pero advierte: “También es históricamente diferente la situación que atravesó el país en 2020 y 2021”. Como sea, esta cifra está diciendo que uno de cada cinco micro empresarios no puede pagar una cuota de hasta 2.000 pesos por mes.

“Lo que pasa es que a muchas empresas chicas se nos ha terminado la espalda para podernos financiar”, dice Villar. Le recrimina al gobierno que, más allá de los instrumentos relacionados a flexibilizar el seguro de paro, “los otros han sido pocos y muchos han venido tarde”.

Y algo más. En el amplísimo espectro de las empresas pequeñas, para muchas es inviable acceder a la oferta bancaria y al atrasarse en los costos fijos caen en créditos al consumo con altísimas tasas de intereses. Así, una deuda se suma a la otra y 2.000 pesos se vuelven impagables.

Desde la Asociación de Salones de Fiestas, su presidente Javier Abal confirma que varios miembros tomaron los créditos de ANDE. “No es de desagradecido, pero cuando los largaron nosotros pedíamos exoneraciones de costos fijos, sentimos que nos estaban prestando para pagar las cuentas con el Estado”, plantea. El sector se está recuperando de a poco, “pero quedó endeudado” y ahora que volvieron las fiestas las empresas deben reacondicionar los locales y reponer las señas que se esfumaron para sobrevivir mientras no hubo actividad.

Las peluquerías también están entre los principales beneficiarios de estos créditos. El COVID-19 cerró unos 80 locales de Montevideo y Canelones, mientras que otros tantos se pasaron a la informalidad trabajando a domicilio. “La informalidad es un problema importante que tiene este sector, tanto que muchos no pudieron acceder a estos préstamos porque no están registrados en el Banco de Previsión Social”, dice el presidente de la Unión de Peinadores, Euclides Llanes.

“Fue como si nos dieran una sábana pero cortita, y ahora nos andamos engripando”, opina Fernando Condeza, que preside el grupo Unidos, de choferes de aplicaciones, el sector que más créditos tomó en 2021 y lidia con altos costos operativos que están haciendo que cada vez haya menos choferes activos.

Ante este panorama, lo que plantea Villar es que ANDE diseñe convenios “donde se licúen esos adeudos”. Esto, y además ayudarlos a buscar soluciones que “enganchen el mantenimiento de una formalidad dándoles tiempo a los empresarios para ponerse al día”. Además, cree que deberían volcar más dinero a los sectores que siguen en problemas.

Sánchez tranquiliza transmitiendo que se está haciendo una gestión de cobranza, extendiendo los plazos y achicando las cuotas: caso a caso. “En el peor de los escenarios vamos a tener que ejecutar la deuda iniciando un proceso judicial, porque debemos velar por el buen uso de los fondos públicos”, advierte. Pero para eso falta. “No es lo primero que estamos visualizando, no queremos actuar como un banco porque no lo somos”, plantea.

Lo cierto es que recién a comienzos de 2022 se sabrá realmente cómo afrontarán el endeudamiento la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces deberán empezar a pagar los otros créditos tasa 0% de ANDE, pero también las cuotas prorrogadas por instituciones financieras, así como los distintos convenios relacionados a costos fijos. Mirando hacia este horizonte, la agencia estudia un nuevo préstamo para sectores que no han podido ponerse en pie.

Desde el Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), su presidente, Antonio Ameijenda, sentencia: “Llegamos al punto en que los negocios necesitan empezar a facturar. Se acerca el momento de pagar las deudas y ahí se va a ver si se podrá seguir o no”.