La ciudadanía se ve cada vez más conmocionada con una creciente ola de episodios violentos que despiertan una alarma más que justificada. No es que la inseguridad sea un hecho nuevo, pero se agudiza y cobra vidas cotidianamente.

La ciudadanía se ve cada vez más conmocionada con una creciente ola de episodios violentos que despiertan una alarma más que justificada. No es que la inseguridad sea un hecho nuevo, pero se agudiza y cobra vidas cotidianamente.

En el pasado año 2016, la ciudad de Montevideo reflejó una elevadísima tasa de homicidios de 11,2 cada 100 mil habitantes, en comparación por ejemplo, con la ciudad de Nueva York que tuvo una tasa de homicidio de apenas 3,8 cada 100 mil habitantes. Mientras que la ciudad autónoma de Buenos Aires registró una tasa de homicidios de 3,3; Madrid tuvo 0,6; y Los Ángeles 7,5. A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que se enfrenta una “epidemia de homicidios” cuando se supera una tasa de 10 por cada 100 mil habitantes. Y como se observa, la ciudad de Montevideo supera esa tasa. El nuevo año no comenzó mejor en nuestro país. Enero de 2017 cerró con 32 muertes violentas como resultado de eventos delictivos en el país, es decir un promedio de 1 homicidio por día a nivel nacional.

Los malos y magros resultados de la gestión del Ministerio del Interior se manifiestan en que en los últimos años se han batido récords históricos en materia de homicidios, rapiñas y hurtos. La evaluación de la gestión del ministro del Interior y su equipo es notoria y habla por sí sola: el actual ministro asumió su cargo con unas 12.000 rapiñas al año (cierre del 2009) y finalizó el 2016 con más de 20.000. Es decir, que sumó más de 8.000 rapiñas durante su desempeño.

Dos hechos increíbles, evidencian la gravísima situación que se atraviesa: por un lado, el que un preso asesinó a su esposa durante el horario de la visita en un centro de reclusión y por otro, que los reclusos robaron una cantina nada menos que dentro de una cárcel. No se ve una mejora real en la seguridad. El 2016 deja como saldo, en números reales, que en lugar de 58 rapiñas promedio por día, se pasó a 56 rapiñas diarias (1 cada 30 minutos aproximadamente). Resultado casi inocuo. Mientras que en los homicidios las cifras continúan siendo sensiblemente elevadas, en virtud de que el promedio anual histórico, apenas si llegaba a unos 200 y ahora el promedio supera los 260. Representaron 1 homicidio cada 33 hs. Por último, los hurtos continuaron su tendencia creciente y se registraron casi 5.000 denuncias más que el año anterior. A un promedio de 1 hurto cada 5 minutos. A su vez, en el año 2016, No se aclararon 39,6% de los homicidios (105 casos no resueltos). En 2016 es la primera vez que en un gobierno del Frente Amplio baja algún delito violento respecto a sus propios malos resultados, que son mucho peores (antes y después de la baja) que los de los gobiernos anteriores. Pero resulta imposible garantizar o establecer que la imperceptible reducción del año 2016, represente una tendencia que se vaya a mantener a futuro.

Ojalá así sea, y la curva del delito comience afectivamente a descender, pero nada, ni nadie, lo puede predecir con certeza. Tampoco han logrado comprender que los homicidios y las rapiñas no son números o porcentajes, son muerte y dolor.

La ciudadanía siente que hay un Estado que no logra prevenir, que no disuade, que no reprime y que no rehabilita eficazmente. En la medida que más personas son víctimas de la delincuencia, es porque el Estado fracasó en su tarea de evitarlo.

Tal vez lo que ocurre es que aún no se ha entendido que el verdadero rol del Ministerio del Interior, no es dar explicaciones de por qué roban o asesinan, sino brindar seguridad y medidas concretas.

La función del Ministerio del Interior no es ser “diagnosticador” (explicar en estos casos, es peor que admitir el fracaso). Y aunque integra el Poder Ejecutivo parece responder al Poder “Explicativo”. No corresponde que su tarea sea la de interpretar, dar explicaciones o diagnósticos y mucho menos el inadmisible reproche a la víctima, responsabilizándola por lo que le ocurrió. El camino elegido no ha dado resultados y sin embargo se persiste. Los ministros del Interior tampoco están para recomendar lo obvio o dar consejos sobre cómo actuar ante las consecuencias de su mala gestión. Están para resolver, o por lo menos para ensayar cambios para tratar de mejorar.

La inseguridad representa hoy para los uruguayos, un grave problema, más injusticia para con las víctimas e impunidad para con los delincuentes. La impresión que tiene la gente es que los delincuentes se apoderaron de las calles, golpean sin miedo, y saben que nadie les pone límites. La ciudadanía siente que vive en un país más inseguro, donde ya no solo se pierde “calidad de vida”, sino que directamente se pierde la vida.

En suma, en un país de apenas tres millones y con una ciudad capital de solo un millón y trescientos, es increíble que no puedan resolver el tema de la inseguridad. La delincuencia no nació con los últimos gobiernos, pero si germinó y proliferó para convertirse en un problema acuciante.

El gobierno no tiene la culpa de la existencia de la delincuencia, pero sí es responsable de no combatirla eficazmente. Si no se cambia el rumbo, si no se implementan mediadas efectivas contra la delincuencia, el desamparo de la gente continuará y la situación tenderá a agravarse.