EDITORIAL

Río Uruguay, la verdad resplandece

La voluntad política no es un eufemismo, es la expresión de un Estado que asume las obligaciones internacionales y las cumple bajo el principio de la buena fe.

No se representa en las oleaginosas declaraciones de muchos gobiernos, sino que es la que refleja el respeto que los sujetos de derecho internacional, como la Argentina y el Uruguay, se ganan cuando cumplen con los Acuerdos o Tratados que firman.

Ayer se dio cuenta del resultado de cuatro años de estudio de la calidad de las aguas del río Uruguay (50 análisis desde junio del 2011 a julio del 2015, y 32 monitoreos entre septiembre del 2012 y julio del 2015) realizados por la CARU. Esta como se sabe, es la Comisión Administradora del Río Uruguay, entidad binacional que administra el río Uruguay como recurso compartido por ambos países y el Brasil.

Nos alegramos porque los resultados reflejan la verdad, que en el caso está del lado de Uruguay y que de haber sido distintos nadie puede dudar que nuestro país hubiera rectificado su política de acuerdo a derecho.

Lo que nunca existió fue voluntad política seria y de cooperación de los gobiernos del matrimonio Kirchner que actuaron con una mezquindad y arbitrariedad que solo la asimetría económica a su favor pudo sostener.

El Uruguay fue llevado hasta la Corte de Justicia de La Haya cuyo fallo rechazó las pretensiones del gobierno argentino y decretó que los estudios ambientales deberían realizarse periódicamente para preservar la calidad de las aguas. Pero, sin embargo, en todos esos años se alentó y permitió el bloqueo de los puentes que nos unen con la Argentina y se llevó a cabo una política agresiva e infundada que causó daños económicos incalculables en nuestra balanza de pagos, integrada básicamente por los ingresos provenientes del turismo fronterizo.

Pero esto no quedó allí, porque las medidas se multiplicaron en el área de la hidrovía Paraná-Paraguay que tiene como terminal el puerto de Nueva Palmira. Varias inversiones logísticas fueron desalentadas por la conducta del gobierno argentino que contó como ejecutor principal al subsecretario Horacio Tettamanti, quien llegó a proponer un busto recordatorio al excanciller Zeballos, el que a principios del siglo XX proclamó la teoría de la "costa seca" argumentando que la soberanía uruguaya no se extendía a las aguas que bañan su territorio.

Y si esto fuera poco, al impulso del gobierno de la Sra. Cristina Fernández se aprobaron dos decretos que perjudicaron al transbordo de mercaderías en puertos uruguayos y dividieron los convoyes de las barcazas para aumentar los costos del transporte fluvial que se dirigía a Nueva Palmira.

El cambio de gobierno hizo la diferencia, a pesar de que el expresidente Mujica y ministros como el Sr. Bonomi siguieron abrazados a una inconsistente afinidad ideológica respaldando a la ex- presidente en su aspiración de continuar en el poder.

La inversión de UPM no tuvo el apoyo parlamentario del FA porque la decisión de instalarse en el país fue tomada en tiempos del gobierno del Dr. Jorge Batlle. Igual se siguió adelante.

Como en tantos otros logros obtenidos antes de la fiebre fundacional que el FA despertó con su gobierno, la inversión se mantuvo al punto que se agregó la de Montes del Plata y se anunció hace pocos meses que UPM desarrollará un nuevo emprendimiento sobre el río Negro en los próximos años.

Las leyes de Forestación, Zonas Francas, Inversiones y Puertos fueron utilizadas por estas empresas para apostar al Uruguay, pese a que ninguna de ellas contó en el Parlamento con el voto de la entonces oposición.

Desde el 2004, con sus mayorías absolutas el FA pudo derogar todas esas normas y no lo hizo porque su conducta solo se respaldaba en un objetivo electoral, y la "herencia bendita" que recibió demuestra la hipocresía y el doble discurso que guiaba su interés político.

El gobierno del Presidente Macri actuó con una generosidad y apertura que no la tuvieron los anteriores amparados en la improvisación y anarquía que instaló Mujica en la conducción de la política exterior de nuestro país.

Los resultados publicados nos estimulan no sólo porque los requisitos ambientales fueron una preocupación desde el gobierno de entendimiento nacional del Dr. Batlle, sino porque demuestran que la buena fe debe ser el principio que rija el cumplimiento de las obligaciones que asumen los Estados. En particular en todo lo que refiera a nuestro interés nacional, tan relacionado con los ríos que hacen de arterias fundamentales para nuestro desarrollo.

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