EDITORIAL

En el día de ayer la empresa UPM confirmó la instalación de su segunda planta de celulosa en nuestro país, lo que constituirá la principal inversión de la historia nacional. El gobierno, naturalmente, reaccionó con alegría a la novedad, que venía esperando ansiosamente luego de haber encaminado (aunque no cumplido) casi todos los requisitos de la empresa. La oposición, por su parte, celebró también la inversión, pero tomando nota de que la negociación no necesariamente fue la mejor para los intereses del país.

Es indudable que, en un año en que las proyecciones de los analistas privados apuntan a un virtual estancamiento de la economía uruguaya, y la propia proyección oficial es de 0,6%, esta noticia es un balón de oxígeno para el año que viene, lo que será positivo para la próxima administración, pero también fundamentalmente para el país.

El sector forestal ha tenido un desarrollo importante en Uruguay a partir de la ley en la materia aprobada durante la primera administración de Julio María Sanguinetti. Durante la década de los noventa, el gobierno de Luis Alberto Lacalle le dio un necesario impulso y en el segundo de Sanguinetti, el sector forestal avanzó fuertemente en su primera etapa que requería una natural maduración para contar con materia prima suficiente para industrias de envergadura. Durante el gobierno de Jorge Batlle se plasmó la negociación por la primera industria, y la empresa española Botnia se instaló en Fray Bentos. Por cierto, fue una negociación sobria y que supo defender el interés nacional.

Los problemas con Argentina a partir de la instalación de la planta sobre el río Uruguay -conviene recordarlos- comenzaron gracias a los errores de Tabaré Vázquez, tanto como candidato cuanto como Presidente. En su primer rol torpemente se opuso a la instalación de la empresa, siguiendo la posición de los pseudo ambientalistas de Gualeguaychú y la pésima negociación del asunto que realizó con Néstor Kirchner, nos deparó un largo enfrentamiento y puentes cortados con un costo enorme para nuestro país.

Durante los gobiernos del Frente Amplio, finalmente pragmáticos en este asunto, cosecharon las fortalezas institucionales y materiales construidas en los gobiernos de los partidos tradicionales para afianzar la etapa industrial del desarrollo forestal. La confirmación del día de ayer de la mayor inversión de la historia del país ratifica un rumbo y constituye uno de los pocos casos exitosos que tenemos de políticas de estado sostenidas en el tiempo con buenos resultados.

La negociación entre el gobierno y la empresa, por cierto, puede prestarse a discusión, pero los beneficios para el país y en especial para los departamentos de Durazno y Tacuarembó, son innegables. Queda en evidencia, también, que la empresa decidió tirarse al agua sin que el gobierno cumpliera con todos los requisitos del contrato. De ellos el más importante, el de la paz laboral exigida. El tema no es menor, el ejemplo de Montes del Plata demuestra que un sindicato belicoso puede aumentar los costos de construcción y alargar los tiempos, con pérdidas de cientos de millones de dólares. Sin embargo, ya sea la confianza en que el tema se podrá manejar mejor o tener incorporados esos costos a la ecuación económica, seguramente lanzaron a la empresa a confirmar la cuantiosa inversión.

En tiempos de magro crecimiento y de caída sistemática de la inversión en los últimos cuatro años, esta noticia indudablemente mejorará el panorama macroeconómico para el próximo año. Quizá a cuenta de los pésimos resultados en materia fiscal, de inflación y de empleo de la presente administración, queda la concreción de esta iniciativa que será vital si se encuadra en un relanzamiento de la confianza y de mejores condiciones para el crecimiento económico.

La oposición, con madurez, ha anunciado que respetará lo acordado y continuará la política de desarrollo forestal del país, a contrapelo de lo que hizo Vázquez torpemente, en su primera gestión. Es también una muy buena señal que aún en tiempos de campaña electoral todo el sistema político (o casi todo) pueda tener una posición común en un tema tan importante.

Más allá de polémicas, UPM ha demostrado ser una empresa seria que respeta las leyes, las condiciones laborales, las regulaciones medioambientales y los distintos requisitos que razonablemente puede exigir el país. Ojalá marque un punto de arranque también para la recuperación del crecimiento económico a partir de 2020, que el Uruguay necesita desesperadamente para mejorar sus cuentas fiscales y las condiciones de vida de la población.