EDITORIAL

Mundo globalizado y un virus que se convierte en pandemia en poco tiempo. No respeta fronteras ni ideologías, pero sí plantea desafíos desconocidos al ser humano para combatirlo y a las sociedades para minimizar sus efectos. Como Uruguay.

Sería muy bueno para todos los países -incluido Uruguay- que los partidos políticos y grupos de opinión se encolumnaran detrás del gobierno, que por algo es el gobierno y tiene esa responsabilidad por decisión del soberano. Que dejaran de lado los protagonismos absurdos para esta época o los planteos demagógicos para concentrarse en apoyar al equipo que está al mando; que el mensaje de unidad en el combate tiene una fuerza extraordinaria y las críticas pueden hacerse con discreción.

No vemos al Frente Amplio en actitud tan humilde como patriótica de acercarse al gobierno y ofrecerse a colaborar en lo que precise. No se ha producido ninguna renovación en sus mandos y los viejos líderes se han llamado a silencio desde que Topolansky anunció aquello de que “estos cinco años van a ser palo y palo”. Las 18 propuestas que presentaron al gobierno ante la crisis sanitaria o ya se aplican o parecen sacadas de “Alicia en el País de las Maravillas”. No sudaron mucho para escribirlas y son fantasiosas, en la huella del Fondes o la Regasificadora. De alinearse para ayudar, nada.

Pero lo peor es dentro de la coalición de gobierno, donde algunos dirigentes decidieron ignorar la responsabilidad colectiva asumida en el período electoral y eligieron actuar en forma individual. Es muy plausible la intención de ayudar a los sectores postergados, pero no puede perderse de vista que los planteos personalistas hechos públicos y no en el seno político que corresponden, no ayudan para nada y trasmiten una preocupante situación de caos dentro de esa misma coalición. Justo lo que no debe existir. El último y más notorio caso fue el del senador Manini Ríos, pero antes también fueron Juan Sartori y el diputado y candidato a la intendencia por Paysandú, Nicolás Olivera.

En segundo lugar, sería muy bueno para todos los países que la situación económica en que se encuentran fuera buena o saludable. Que en los diez años de formidable bonanza económica que vivió el mundo e ingresó dinero a raudales, se hubiera ahorrado o guardado algo. Aquello de las vacas gordas y las vacas flacas. Pero eso no ocurre en el Uruguay: desde hace años se arrastra un déficit fiscal del 5% que significa un goteo (o un chorro) de 2.500 millones de dólares. Vivimos de plata prestada porque los números propios no dan: la deuda pública anda por los 30.000 millones de dólares, prácticamente el 65% del Producto Bruto Interno.

En este panorama, querer eliminar la única posibilidad de ingresos que puede tener el actual gobierno para atender un mínimo del agujero heredado, que son las tarifas públicas, suena a demagogia, a populismo y a suicidio. Volvemos a lo ya conocido; Vázquez y el Frente Amplio se negaron a subir las tarifas y dejaron sin posibilidades de maniobra al nuevo gobierno.

Los aumentos (UTE, Antel, OSE) que impulsa el gobierno -y que han generado propuestas del FA, de Manini, Sartori y Olivera- tienen un promedio de suba del 10,33%. Pero, de acuerdo a la última información del Instituto Nacional de Estadísticas la inflación acumulada en los últimos 15 meses, los mismos de las tarifas intocadas o planchadas, fue del 13,10%, lo que significa un 2,77% menos. Ya antes de que apareciera el coronavirus el gobierno se había ajustado.

Es cierto que la crisis golpeará duro, no solo en el país sino también en los bolsillos de los uruguayos. Pero este gobierno se ha preocupado de administrar medidas para paliar la situación de aquellos que se encuentran en situación más difícil. Los últimos anuncios son concluyentes:

-Ampliación del seguro de paro flexible (incluye la disminución de horario de trabajo) a todos los sectores de actividad.

-Línea de crédito blanda de 50 millones de dólares para las Pymes y Mipymes que se incrementará hasta 125 millones de dólares.

-Se postergan pagos en la DGI y el BPS y podrán ser abonados en cuotas sin recargos ni intereses.

-Se destinan US$ 22 millones a los sectores más vulnerables. Se habilitan nuevos refugios para personas que viven en la calle y se aumenta el saldo disponible en 87.000 tarjetas de alimentación.

El remate fueron las palabras del presidente Lacalle Pou: “Si se desanda la situación tarifaria, que era necesaria, en realidad de alguna manera involucra a toda la sociedad, los que tienen y los que no tienen. Por eso preferimos focalizarnos en los más necesitados”. Como debe ser.