Cuesta admitirlo, porque implica asumir que los próximos años políticos, tan importantes para llevar adelante tantas reformas claves, serán muy duros. 

Pero a esta altura va quedando muy claro que el Frente Amplio (FA) en la oposición tendrá la misma mala fe que la que lo caracterizó en los años previos a su llegada al poder en 2005.

Hay pequeños ejemplos de gestos antirrepublicanos que hablan por sí solos. Fue Topolanski, integrante de la lista al Senado más votada del FA, retirándose de sala en plena alocución presidencial de Lacalle Pou. Fue también Mujica, anunciando que no participaría de la ceremonia del cambio de mando en la Plaza Independencia. Y fue, sin duda, todo el FA y el entonces presidente Vázquez, violando flagrantemente la Constitución en un acto partidario de reconocimiento político en la Teja, que bien podría haber esperado al mes de marzo para realizarse.

Pero además de todas estas pequeñas actitudes, el FA asumió una posición desafiante hacia el nuevo gobierno con respecto a los informes que la OPP solicitó para definir los aumentos tarifarios de distintos servicios públicos. La orden partidista a los directores de los entes que responden al FA, en integraciones que vienen de la administración Vázquez, fue la de no colaborar en nada. Además, el FA decidió poner esos cargos a disposición del gobierno, con la bravucona expresión de su presidente Miranda de que los partidos de la coalición multicolor debían ahora demostrar estar efectivamente prontos para gobernar.

Hay que aclarar cuál es el trasfondo político de todo esto. Como se sabe, las últimas elecciones nacionales son en noviembre y el gobierno asume en marzo. Pero luego, el ciclo electoral fija para mayo definiciones muy importantes en todo el país: se eligen intendentes, ediles, alcaldes, etc. Quiere decir entonces que la transición política en Uruguay no se termina en marzo, sino que perdura hasta mayo-julio del primer año de gobierno de una nueva administración.

Esto es así por algo bien evidente: las posiciones políticas de los partidos no están del todo resueltas hasta que todo el ciclo electoral no está terminado. Para el caso, además, de los partidos que conforman la coalición multicolor, y en particular el del Partido Nacional, las elecciones municipales son determinantes, ya que sus dirigentes tienen muy serias chances de acceder al poder local prácticamente en todos los departamentos del país. Distinta es la situación del FA, ya que se sabe que, con suerte, podrá retener 2 o 3 intendencias en su favor, por lo que tiene su situación política partidaria prácticamente despejada ya desde noviembre pasado.

Intentar embretar entonces al gobierno nacional para que tome rápidamente decisiones claves en nombramientos de entes del Estado, por la amenaza tácita del vaciamiento de las autoridades frenteamplistas actuales de esos entes a causa de renuncias masivas, es intentar forzar los plazos políticos y electorales con decisiones apresuradas. Es procurar dar la sensación, desde la mala fe que va dictando el accionar del FA en la oposición, de que el nuevo gobierno no tiene gente para poner al mando de los entes, o que demora sus decisiones claves por motivos oscuros. En palabras de Miranda, es pretender mostrar de que la coalición multicolor no estaba “preparada” para gobernar.

La verdad es muy distinta. En varios departamentos hay dirigentes muy valiosos y de probada experiencia política que, de no resultar electos intendente por ejemplo, podrían llegar a ser piezas claves en el manejo de entes del Estado. Actuar con parsimonia en este sentido no es más que la mejor expresión de la prudencia del gobernante. El presidente ya sabe cuál será la representación del FA, y seguramente también ya tenga su idea formada acerca de distintas posibilidades de integración de autoridades en los entes del Estado. Pero seguramente precise esperar el cierre del ciclo electoral para tener la fotografía completa y detallada del poder político en el país.

Sería muy ingenuo sorprenderse por esta actitud marcada por el antirrepublicanismo, la irresponsabilidad institucional y la falta de colaboración de parte del FA. En definitiva, esos fueron los ejes de su posición política en períodos mucho más graves de la historia nacional, como por ejemplo la crisis de 2002, cuando Vázquez pedía el default de la deuda soberana y la izquierda política y sindical se manifestaba en Punta del Este, en pleno verano, para dañar así la temporada turística.

No hay nada nuevo bajo el sol. Estamos ante la mala fe opositora del FA de siempre.