La izquierda política y mediática se empeña en dar la idea de que estamos hoy peor en inseguridad que cuando esta administración se hizo cargo del país en marzo de 2020. El problema es que no solamente esa afirmación es falsa, sino que tampoco colabora con la exigencia de calidad que merecen los debates sobre estos asuntos.
No hay duda alguna de que la situación de inseguridad es menos grave hoy que en febrero de 2020. Si se comparan dos años “sin pandemia”, es decir el último completo del Frente Amplio en el poder que fue 2019, con el 2022 que acaba de terminar, estos son los datos en cifras redondas: en 2022 hubo 3% menos homicidios; 24% menos rapiñas; 19% menos hurtos; 41% menos abigeatos; y sólo subieron las denuncias por violencia doméstica un 3%.
Pero no alcanza con valorar estas cifras frías. También hay que tener presente la evolución que hubo hasta 2019 y el quiebre radical que significó el cambio de administración.
En efecto, los datos de 2019 con el Frente Amplio en el poder son, por lo general, los peores de los quince años de gobiernos de izquierda. En concreto esto quiere decir que todos los delitos venían al alza y que la situación era cada vez más grave: en el ño 2019 hubo casi 400 homicidios, por mencionar un ejemplo.
Cuando toma las riendas la nueva administración con el compromiso de cambiar esta realidad, lo primero que logró fue quebrar la tendencia al alza de todos los delitos. Para el caso de los abigeatos fue la ley de urgente consideración el instrumento fundamental para lograrlo. Para los demás delitos, en particular hurtos y rapiñas, se trató de una combinación de factores que terminó dando resultados contundentes: las rapiñas, por ejemplo, fueron más de 30.600 en 2019 y bajaron a 23.400 en 2022, es decir, a cifras que no se veían desde 2017.
El problema de la negación de toda esta realidad por parte de la oposición es que la política termina entreverada en debates inconducentes. En efecto, frente a la campaña de mentiras que niega estas cifras y que pretende instalar la idea de que nunca se estuvo peor que hoy en día, el oficialismo se ve obligado a defender su gestión y a concentrarse en mostrar datos y realidades que no deberían de ser puestos en tela de juicio por nadie.
Se perjudica así el país entero, ya que lo que realmente está en juego y es muy grave no ocupa el centro de atención de la opinión pública.
¿Y qué es lo verdaderamente grave? La confirmación de una evolución que se inició en gobiernos del Frente Amplio y que muestra que la sociedad está completamente partida tanto social como geográficamente en términos de inseguridad.
Este dato de 2022 es contundente: de los 383 homicidios que hubo, 304 estuvieron vinculados al delito, es decir un 80%. Esto quiere decir que se ha ido afirmando una tremenda cultura violenta que resuelve a balazos y asesinatos sus diferendos y que es la que lleva a que haya tantos homicidios en Uruguay.
Otro dato revelador: si sólo se contaran los 79 homicidios no vinculados a delitos de 2022, la tasa de homicidio de Uruguay sería más baja que la de Chile -cuando en verdad en 2022 casi que cuatriplica a la del país trasandino-.
Cualquiera que conozca la evolución de la inseguridad en el país sabe que esta cultura de los asesinatos cada vez más numerosos y violentos y ligados a grupos delictivos, en particular al narcotráfico, no es reciente.
Sin embargo, la verdad es que la mayor represión del narcotráfico, que se mide sobre todo en incautaciones récords en 2022, ha tenido el efecto perverso de agravar el contexto de estos asesinatos feroces.
Se profundiza así la división entre por un lado un Uruguay socialmente integrado y que ve cómo el delito baja, y por el otro un Uruguay preso de lógicas mafiosas, enquistado social y geográficamente, y que desafía el monopolio de la violencia legítima del Estado.
En vez de perder el tiempo en tener que contrariar las mentiras de la izquierda y la campaña de sus operadores de prensa que ahora “descubren” que hay barrios montevideanos tomados por los narcos, algo que en realidad viene ocurriendo a partir de la gestión de Bonomi en el ministerio del Interior, el oficialismo debiera de estar planteándose seriamente qué caminos tomar para repeler estas lógicas mafiosas y violentas. En este sentido, la iniciativa del ministro Heber que procura enfrentar las causas sociales profundas del delito, sobre todo entre los más jóvenes, debe ser tenida en cuenta con seriedad.
La verdad de los datos generales de inseguridad y sobre todo de los homicidios muestran un país con dos realidades sociales bien distintas. Es tiempo pues de dejar la majadería demagógica opositora de lado y prestar atención a lo importante.
