El presidente de la República promulgó la Ley de Urgente Consideración y con eso cerró una etapa y comenzó otra. La aprobación de la ley es un triunfo para el propio presidente, ya que desde el comienzo se había trazado un camino que comenzaba con esta ley.

También es un triunfo para la coalición de gobierno que superó muchos escollos para llegar a este resultado. Es una coalición integrada por cinco partidos de perfiles definidos y por lo tanto ajustarse a un funcionamiento de gobierno no es fácil. Por eso esta primera prueba fue tan importante y de ella salió bien parada.

Sobre ambas realidades se podrían escribir análisis minuciosos. Sin embargo, lo que nos interesa evaluar en este editorial es un tercer actor que emerge triunfante en esta prueba, el Parlamento.

Todo el proceso de discusión de la ley fue abierto. Por ser de “urgente consideración”, tenía plazos para su aprobación; sin embargo los primeros borradores se empezaron a difundir mucho antes de la presentación formal. El 27 de enero, aún en transición, se dio a conocer el primer borrador y sobre esa base comenzó la discusión. La emergencia sanitaria postergó su presentación en las cámaras pero como el texto ya era público, tanto la coalición como la oposición pudieron acceder a él y comenzaron a estudiarlo con tiempo. En los hechos, entonces, los plazos fueron mayores a los que establece la Constitución pues los borradores nunca fueron secretos.

Lo que vimos en estos dos meses fue un Parlamento funcionando como corresponde, trabajando a fondo sobre cada propuesta incluida en el proyecto. Se plantearon objeciones, se advirtió respecto a ciertos riesgos e incluso se discrepó: a veces con éxito, a veces no.

La oposición frentista marcó en su retórica una dura oposición a la ley. Pero en los hechos jugó de acuerdo a las reglas parlamentarias incluso votando a favor de casi la mitad de los artículos. Lo cierto es que la estudiaron en minucia, discreparon y también tuvieron incidencia.

No toda la coalición estuvo de acuerdo en algunos temas: el artículo sobre la desmonopolización de Ancap es un ejemplo y finalmente fue eliminado sin que eso generara fricciones.

Pese a que se dijo que era una ley demasiado voluminosa para discutir en tan poco plazo, los tiempos dieron bien. Al ver como salió todo, es lícito preguntarse por qué no es así siempre. Por qué si las leyes no van con el rótulo de “urgente consideración” a veces se arrastran penosamente. Acá hubo que trabajar con ritmo e intensidad, es verdad, pero se pudo hacer.

Ante algunos temas, las organizaciones sociales se hicieron escuchar. Por lo general sus reclamos fueron estudiados, no siempre incorporados.

No era fácil atender las protestas militante de los profesores de Secundaria nucleados en la Fenapes, que se oponían a que hubiera “lucro” en la enseñanza pública y rechazaban que fuera privatizada. Ninguno de esos dos asuntos estaba en el capítulo dedicado a la educación. Ni en forma explícita o implícita. Tal vez los profesores entraron a una página equivocada de Internet y tomaron por error otra ley de algún país ignoto.

Los sindicatos protestaron por la parte que les correspondía y se les explicó, con claridad, que la ley no afectaba el derecho de huelga pero sí consideraba otros dos derechos: el de los que querían trabajar pese a que hubiera huelga y el de los empresarios que querían disponer de sus propias empresas aún en pleno conflicto. Esta explicación, que es evidente en sí misma, no fue entendida de ese modo por los sindicalistas.

El muy mentado artículo 11 fue quizás el más complicado por cuanto podía afectar ni más ni menos que a la libertad de prensa y la libertad de expresión.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el artículo planteaba un problema. También lo hizo la Sociedad Interamericana de Prensa. El periodista Danilo Arbilla escribió una columna en este diario mostrando su preocupación y el recién formado Centro PEN de Uruguay mandó una señal. Las advertencias fueron tenidas en cuenta y cuando el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, esa parte se modificó.

Todo funcionó, lo que tenía sentido fue tomado en cuenta, las comisiones llamaron a los redactores de la ley, a los ministros involucrados, a diferentes expertos. Culminado ese rico proceso, se votó. Es válido entonces afirmar que el Parlamento superó con creces la prueba por la forma en que abordó esta ley. Todo el Parlamento, más allá de lo que cada uno haya votado.