Ante la indiferencia de buena parte de la población, los militantes que pretenden reunir las firmas necesarias para habilitar un referéndum que derogue 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), intensifican sus esfuerzos. Es que los plazos apremian.

Quedan pocas semanas y aún están lejos de conseguir las firmas que tanta falta les hacen. Esto no quiere decir que no lo logren. Es probable que para la fecha indicada, con la solemnidad y el bullicio que acostumbran desplegar, entreguen a la Corte Electoral las papeletas con todas las firmas. Los frentistas tienen experiencia en esto de “las remontadas”, de hacer un esfuerzo final donde todo vale, para lograr su objetivo.

Si genuinamente obtienen las firmas, se hará el referéndum.

Si no alcanzan, existe la posibilidad de que las papeletas se entreguen igual con firmas forzadas (o incluso duplicadas como ya lo han hecho) que luego no serán reconocidas. La apariencia de haberlas juntado y entregado a la Corte Electoral trasmitirá la idea de un triunfo.

El precio de decirle a la militancia, varias semanas después, que no fueron suficientes lo pagará la Corte Electoral y los organizadores de la convocatoria se harán los desentendidos. Esto también ya sucedió.

Queda la posibilidad de que no se junten las firmas necesarias y los organizadores lo reconozcan a cara descubierta. A estar por los antecedentes, ello no parece probable. A los frentistas les cuesta mucho (cada vez más) admitir una derrota. Basta recordar lo que pasó cuando las elecciones de 2019.

El solo hecho de que hayan convocado a una consulta popular para derogar la LUC es muestra de que nunca aceptaron haber perdido esas elecciones. Nunca pudieron digerir que otro partido les quitó el gobierno de las manos. Que hubo votantes que les dieron la espalda y dieron su voto a otros.

Lo que los partidos que conforman la actual coalición de gobierno acordaron en la ley es lo que prometieron cumplir durante la campaña electoral. No hay ningún secreto: lo predicaron, lo prometieron, lo convirtieron en un proyecto de ley, lo debatieron en el Parlamento y lo aprobaron. Cumplieron con lo que dijeron que harían. Y por haber anunciado que eso harían, ganaron las elecciones.

La LUC es el mapa de ruta de este gobierno, la herramienta con la cual quieren llegar a buen puerto. La coalición ganó las elecciones para hacer esto y no otra cosa.

Es evidente entonces, que el objetivo de esta consulta, además de permitir destilar su resentimiento por haber perdido, es un intento de obstaculizar al gobierno. Como no lo pueden hacer caer, pretenden dejarlo sin proyecto ni propuesta. Dejarlo con las manos vacías. No pueden esperar su turno y por lo tanto solo les queda quitarle a quien gobierna sus instrumentos.

Juntarán o no las firmas, pero en caso de lograrlo, tendrán luego la difícil tarea de convencer a la gente que nada será mejor que tirar abajo una ley que es el andamiaje sobre la cual funciona el gobierno.

Por cierto, no podrán hacerlo diciendo que la ley es mala, porque no lo es. Cuando argumentan contra ella, parecen hablar de otra ley, no la que está en discusión. Con esos relatos van casa por casa buscando firmas. Cuentan cosas que no son ciertas o describen como negativas aquellas cosas que la gente justamente quiere que estén.

Buena parte del país está harto del gigantesco poder que gozan los sindicatos y está harto de la inseguridad. Quiere que se mejore la educación y contrario a lo que dice la propaganda sindical, nada en la ley propone la privatización de la educación pública. Pero los militantes que juntan firmas insisten en que se busca privatizar la enseñanza.

Cuando van puerta por puerta buscando firmas y se encuentran con alguien que leyó la ley, no saben que decir. Sus relatos no se sostienen ante quienes están informados. Titubean y prefieren irse rápido y sin esa firma, antes que quedarse a escuchar razones y verdades que los harán darse cuenta que ellos también han sido embaucados.

Si las firmas alcanzan, empezará otra etapa en la que el oficialismo deberá asumir un sólido y sereno protagonismo para defender su ley.

No podrá ser reactivo ni dejarse provocar, tentación en la que a veces parecen proclives algunos parlamentarios. Su objetivo es convencer a la gente de las bondades de la ley en un planteo que vaya por encima de las banalidades y falsos relatos de la oposición.

No parece difícil, pero habrá que hacerlo bien. No para ganar, sino para mostrar que siempre se estuvo en el camino correcto.