U n año y medio ha sido tiempo asaz suficiente para probarla. No provocó las desgracias anunciadas. Y a falta de razones y hechos, la campaña por derogarla viene armándose a punta de calumnias a la ley y a sus ejecutores.

Los derogadores claman: “Por la educación pública, contra la LUC”. “La LUC viola el Principio de Laicidad. Votar Sí es decirle Sí a la Educación Pública.” Buscan explotar la pasión nacional por la enseñanza laica, gratuita y obligatoria que distingue al Uruguay merced a la gesta de los partidos tradicionales que la instauraron hace más de un siglo.

Pero señores, ¿qué es lo que cambia la LUC respecto a la laicidad? ¿Modifica acaso la separación entre la sociedad civil y las instituciones religiosas, que ese es el sentido originario de la laicidad? No. ¿Cambia la obligación de imparcialidad de los educadores de un país en que según la Constitución “El Estado no sostiene religión alguna”? Tampoco.

La laicidad nació en los albores del siglo XX para defender la libertad crítica del alumno de cualquier aula pública frente a las controversias religiosas o filosóficas. El profesor debía apasionar por los temas. Sobre ellos debía exponer todas las doctrinas, pero tenía vedado arengar por un dogma. Esa fue la laicidad en su sabor original.

Después desembarcaron ideologías que inyectaron nuevos dogmas. Entonces pasamos a llamar “laicidad” al reclamo de mantener imparcialidad allí donde haya discusión. Esa es la laicidad de ahora. Se extiende a todo, con más sabor y cero calorías. Y en este sentido lato que le damos ahora a la laicidad, ¿acaso la LUC impone algún retroceso? Otra vez, no. Entonces, en vez de propagandas leamos el texto legal.

El artículo 11 de la ley 18.437, Ley General de Educación firmada en 2008 por Tabaré Vázquez, rezaba: “El docente, en su condición de profesional, es libre de planificar sus cursos realizando una selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las actividades educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio. Asimismo, los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes de información y de cultura.”

¿Cambia algo de este texto el art. 128 de la LUC? No. Lo deja como estaba y simplemente agrega que esas “fuentes” debe exponerlas el docente “con un criterio de amplitud, ecuanimidad y balance de puntos de vista que permita a los educandos ejercer su libertad y formarse su propio juicio”.

Con la redacción anterior, el profesor quedaba cumplido con hacer una selección fundada y a lo sumo decir dónde podría hallarse el resto de la información, en régimen de “si quieren, búsquenlo en la biblioteca”. En vez, con la LUC el docente debe equilibrar la exposición de las tesis en pugna e impulsar que cada quien forme su juicio propio. ¡Debe enseñar a razonar!

¿Puede imaginarse algo más laico, imparcial y gestor del pensamiento crítico que eso que faltaba antes y ahora agrega la LUC? Entonces, ¿a quién puede molestarle lo que se añadió para garantir la laicidad, evitando que se la siga saboteando, rebanando autores y silenciando tesis? Se puede ser aristotélico, tomista, kantiano, positivista, marxista o wittgenteiniano, pero no se debe permitir que se salga del liceo ignorando corrientes enteras que se disputan el mundo. ¡Y a que se las explique todas, sin amputaciones, apunta precisamente la luz que nos trajo la LUC!

Otro tanto ha ocurrido con la portabilidad numérica. Como muy bien previó el gobierno blanco en la década de los 90, los celulares crecieron mucho más que la telefonía por línea.

Tras la eclosión, los artículos 471 a 476 de la ley 19.889 dieron a cada usuario el dominio de su número, permitiéndole cambiar el proveedor. Los impugnantes de la LUC atruenan con que el gobierno busca “desmantelar” a Antel. No se enteran de que, desafiado en el mercado, el Ente Autónomo salió a competir fuerte. Y lo mismo ahora con la Presidencia del Ing. Gabriel Gurméndez, ex Ministro de Jorge Batlle que antes con la Cra. Rosario Medero en el gobierno de Lacalle de Herrera, Antel puja y vive, desmintiendo al sindicalismo que dice que le está defendiendo la vida a un organismo en salud repuesta tras el despojo del Antel Arena.

Textos y hechos como estos muestran que la campaña contra la LUC se funda en auténticos fraudes ideológicos

.También por eso, en las urnas habrá que cerrarles el paso a los promotores calidad Rafael Michelini, que hacen gimnasia electoral con el referéndum.