EDITORIAL

Estamos gestando todos los días una renovada academia del delito en las cárceles, para gente que algún día termina saliendo de ellas y que, en su gran mayoría, vuelve a delinquir.

Una de las peores herencias que el próximo gobierno recibirá de esta era frenteamplista que ya lleva cerca de quince años en el poder, es el desastre de la situación de las cárceles del país. Y al cerrar 2018 conviene tener claro de qué estamos hablando cuando decimos desastre.

Más allá de las noticias cotidianas que surgen y que van ilustrando el infierno que se vive en las prisiones, algunos datos y estadísticas generales también dan cuenta de la terrible situación que creó el Frente Amplio en el poder. En efecto, en materia de conocimiento de derechos y reglas de convivencia, por ejemplo, los presos no reciben al ingresar a prisión un manual con las reglas y derechos del lugar. Tampoco existe una guía impresa y clara para las familias o visitantes con reglas claras sobre el ingreso a ver sus allegados. En materia de educación, la cobertura es totalmente insuficiente: hay más internos que piden para estudiar que cupos disponibles para hacerlo.

Pero lo más grave ocurre en torno a la falta de seguridad dentro de las cárceles. En este sentido, hay reflexiones que parecen odiosas pero que importa hacerse para tomar cabal consciencia de la implacable herencia que está dejando el Frente Amplio: si se comparan los doce años de gobiernos izquierdistas que van de 2005 a 2017, con los doce años de 1973 a 1985 del gobierno dictatorial, se verá que hubo más asesinatos en las cárceles con la izquierda en el poder que con la dictadura militar.

En efecto, hacia el final de la dictadura en marzo de 1984 el coronel Silva Ledesma declaró que la justicia militar había procesado a 4.933 personas desde 1973. Por supuesto que no fueron los únicos que pasaron por las cárceles de la dictadura, porque también se calcula que probablemente unos 3.500 ciudadanos fueron detenidos aunque no procesados. Pero lo que sí se sabe es que en total murieron 69 personas en prisión en dictadura, 25 de las cuales fallecieron como consecuencia de torturas.

En toda esta década larga frenteamplista, hubo en las cárceles un promedio de 10 homicidios por año. En 2017, por ejemplo, ocurrieron 17 homicidios, cifra similar a la de 2016: en esos dos años hubo pues más asesinatos en las cárceles del país que la cantidad total de fallecidos por torturas en las prisiones de la dictadura durante doce años. Es más: la cantidad de asesinados de ese bienio en las cárceles es similar al total de uruguayos desaparecidos en territorio nacional en los doce años de la dictadura.

Claro está, en estos años no ha sido necesariamente la autoridad quien cometió los crímenes. Pero su inoperancia es la que permite que esos asesinatos ocurran: el ministerio del Interior ha sostenido incluso la tesis de que no es garante de la salud e integridad física de los presos en las cárceles, lo cual bien puede ser considerado un disparate conceptual propio de uno de los tantos gobiernos dictatoriales que gobernaron Sudamérica en los años 70.

Finalmente, Uruguay se ha transformado en esta década progresista en uno de los países de América Latina que tiene más presos, muy por encima de otros países del continente como Perú (267 presos cada 100.000 habitantes), Chile (229), Colombia (226), Paraguay (180), México (169) o Argentina (167): nuestra estadística es de 321 cada 100.000 habitantes. Si salimos del continente, ocupamos el lugar 28 en el ranking de más presos en proporción de nuestra población, entre 222 países en total.

¿Qué quieren decir todos estos datos? Primero, que la sensibilidad izquierdista en la defensa de los derechos humanos (DDHH) es, notoriamente, asunto sesgado y solamente centrado en episodios históricos. Aunque no se pueda creer, existe en la órbita de presidencia una secretaría de DDHH que afirma velar porque las políticas públicas del Ejecutivo promuevan una visión que contemple esos DDHH. Jamás emitió comunicado alguno, por supuesto, denunciando el horror que se vive en las cárceles y que dependen, justamente, de la gestión del Ejecutivo.

Segundo y más importante aún, quiere decir que los homicidios, las violaciones a los DDHH y el infierno cotidiano de una población carcelaria mucho mayor que hace cuatro décadas, es algo que ocurre sin que a la izquierda se le mueva un pelo de su seregnista bigote. Estamos gestando todos los días una renovada academia del delito en las cárceles, para gente que algún día termina saliendo de ellas y que, en su gran mayoría, vuelve a delinquir.

Este es el desastre de las cárceles que generaron tres gobiernos frenteamplistas y que heredará la próxima administración. Téngalo bien claro.