Nuestro país tiene intereses marítimos y portuarios que son esenciales para su independencia como Estado soberano, y que sirven de soporte para importantes intereses económicos. Estos incluyen el contar con servicios de transporte acuático adecuados para superar la barrera de la distancia que nos separa de los grandes mercados y la exportación de servicios portuarios a la región. Esta percepción se remonta al siglo XVIII, cuando la Corona española estableció a Montevideo como el principal puerto de ultramar del Río de la Plata, y ha permanecido gracias a un amplio consenso en el seno de nuestra sociedad.

En ámbitos del Mercosur se han armado dos proyectos de normas que son otros tantos torpedos expertamente apuntados debajo de la línea de flotación de nuestros intereses. Uno de ellos es el Código Aduanero del Mercosur, el otro es el proyecto de Acuerdo Multilateral de Transporte Marítimo del Mercosur.

El primero fue lanzado por el Consejo del Mercado Común en agosto de 2010. El Ministerio de Relaciones Exteriores acaba de enviar al Parlamento un proyecto de ley para aprobarlo.

Las advertencias sobre el probable impacto del Código Aduanero del Mercosur sobre el régimen de Puerto y Aeropuerto Libre en la legislación uruguaya, han sido muchas y muy sólidas. Como el Código no lo reconoce específicamente, quedaremos expuestos a que nuestros socios protesten que ese régimen es incompatible con el Código, lo que, por lo menos, causará más pleitos e incertidumbres. Sin embargo, el gobierno, contra viento y marea, con una persistencia digna de mejor causa, insiste en aprobar la norma mercosuriana, a pesar de que ella pone en peligro claros intereses marítimos y portuarios nacionales.

El segundo torpedo todavía no ha sido lanzado. Ello debido, es justo reconocerlo, a la negativa del gobierno uruguayo a aprobar el proyecto de Acuerdo.

La propuesta de un Acuerdo Multilateral de Transporte Marítimo del Mercosur hace años que se discute en la Comisión de Especialistas de Transporte Marítimo del Mercosur. La 18ª reunión de la Comisión tuvo lugar el pasado junio, en Buenos Aires. El sábado, El País informó sobre la negociación del acuerdo y acerca del ambiente en que se desarrolla el trabajo de la Comisión.

Lo que se pretende es establecer una reserva de cargas (un cabotaje regional) que se aplicaría al transporte marítimo internacional de mercaderías entre los países del Mercosur, incluyendo a los servicios "feeder". Estos son los servicios realizados entre un puerto de un Estado parte y un puerto de otro Estado parte, con el propósito de transbordo. Las cargas en esos tráficos marítimos intra- Mercosur solamente podrían ser transportadas por los armadores de las Partes Contratantes. La circunstancia de que los autores del proyecto hayan considerado necesario incluir expresamente en la reserva a los servicios "feeder" es un indicio de cuál sería uno de los objetivos principales de la iniciativa.

Al proyecto se le han hecho tres críticas fundamentales. La primera es general: la reserva de cargas regional reducirá la competencia y limitará la oferta de bodegas en los tráficos afectados por ella. Ello causará un aumento del costo del transporte acuático que deberá ser soportado por los exportadores (muchos de ellos de productos agrícolas) e importadores de la región. La segunda es que, en la práctica, la reserva de cargas difícilmente contribuirá significativamente al desarrollo de una marina mercante uruguaya (basta mencionar lo que sucedió con la hidrovía).

La tercera crítica tiene que ver directamente con el Puerto de Montevideo.

Debido a que nuestro país tiene una flota mercante pequeña, el transporte marítimo dentro del nuevo mercado reservado será realizado principalmente por los buques de Argentina y Brasil. Como es lógico, los armadores de esos dos países aprovecharán la reserva de cargas para establecer servicios "feeder" que llevarán las cargas de transbordo a sus propios puertos. La consecuencia será que Montevideo, inevitablemente, perderá un volumen importante de los embarques en tránsito o de transbordo que hoy recibe y que necesita para funcionar económicamente. Ello, a su vez, perjudicará a los usuarios uruguayos de transporte marítimo. Son consecuencias muy graves para el Uruguay.