EDITORIAL

Detrás de este accionar delictivo, lo que prima es el interés de hacer un negocio y no el hambre. La inoperancia de la policía y la justicia y la pobre respuesta que reciben las víctimas de los robos, pueden llegar a arruinar económica o moralmente, a los propietarios.

Hace 14 años se promulgó la ley N° 17.826 sobre Delito de Abigeato pero lamentablemente, la situación en el campo sigue siendo de gran indefensión. Existe desamparo desde lo jurídico, lo económico y en la seguridad personal. Una situación que aumenta la desmoralización tanto de los pequeños como de os grandes productores, víctimas de la impunidad con que operan los delincuentes.

Qué duda cabe que el agro es el gran motor de la actividad económica del país. En momentos como los actuales en los que aumenta el desempleo en el sector rural y ante la dura constatación de que el Frente Amplio no administró con responsabilidad la amplia recaudación que le brindaron tantos años de bonanza, a pesar de múltiples advertencias de todos lados, es ineludible que se le preste mayor atención a ese sector productivo tan importante.

Para un hacendado grande, la muerte y el robo de un animal pueden resultarle un daño mayor o menor, dependiendo de si era una vaca preñada , si era de pedigree, si eran buenos terneros o novillos, si se trató de un toro de cabaña que representa la pérdida no solo de su valor comercial, sino de los años y esfuerzos de inversión y trabajo para mejorar la calidad del ganado uruguayo.

Para un colono o un tambero pequeño, puede representar su ruina, la suya y la de su familia. No es de extrañar entonces que ese estado de cosas sea una de las causas del despoblamiento de la campaña, donde decenas de productores han dejado el campo por la inseguridad. A su vez, es una de las explicaciones de la reducción del stock ovino, ya que las ovejas son el botín más fácil.

La falta de seguridad no solo se refiere a lo material, sino a lo individual. La gente que vive en el campo se encuentra sumamente expuesta a los malhechores, que cada vez son más atrevidos y sanguinarios. Va en proporción directa con la falta de temor al castigo. Saben que o no llega o es muy leve.

A pesar de que se crearon otros instrumentos como las brigadas (Bepra) para este combate y exista hoy la posibilidad de descubrir a los maleantes con análisis de ADN, ello no basta si luego al ladrón no se le procesa por robo sino por faena clandestina, con una pena más leve. Así fue en el caso de un toro campeón que apareció cuereado en el predio y cuya carne se pudo luego identificar en una carnicería.

En febrero pasado, en el departamento de Canelones, dos vacas adultas Holando, varias veces campeonas en distintas exposiciones ganaderas, de gran valor genético, quedaron degolladas en el campo. Para los delincuentes no había diferencia, era solo cuestión de robarse unos cuantos kilos de carne. Estas actividades delictivas son también un peligro sanitario para la población por falta de higiene y controles. Otro motivo para que policía y justicia demuestren que sirven contener al malandraje.

Con la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) se logró un ajuste reclamado por el sector agropecuario y se subió a dos años la pena mínima por abigeato. Antes circunscripto a las zonas rurales y ahora también a las urbanas. Otra de las demandas tenidas en cuenta fue la inclusión de la figura del reducidor y se penaliza la destrucción de caravanas identificadoras. Pero como suele decir el Presidente Lacalle, una cosa es el país de papel y otra el país real. Es sabido que mucha gente ha renunciado a la cría de ovejas porque son saqueados continuamente. Un productor de Soriano rendido y amargado ante la impotencia para proteger su majada diezmada continuamente por los cuatreros, decidió con el dolor de su alma, mandar a remate todo lo que le quedaba. Abandonó para siempre la producción a la que había dedicado su vida. En 40 meses llevaba perdidos 400 ovinos de los 750 que poseía. Y no es improbable que así termine otro productor canario que en abril pasado, entre robos y muertos, cuenta 56 animales perdidos en un año y medio

Es notorio que detrás de este accionar delictivo, lo que prima es el interés de hacer un negocio y no el hambre. A menudo se trata de pequeños grupos, otras veces de bandas organizadas, cuando no algún vecino. La inoperancia de la policía y la justicia y la pobre respuesta que reciben las víctimas de los robos, pueden arruinar económica y moralmente, a los propietarios. Aparte de la indignación y el desánimo, se extiende un clima de indefensión desesperante.

Una ampliación de la legítima defensa que abarque no solo a la casa habitación sino a los galpones que forman parte de cualquier establecimiento de campo, dado los copamientos y los asaltos a mano armada, es algo perentorio.