El episodio del senador Pablo Mieres con los inspectores municipales de Montevideo disparó una vez más las alarmas sobre los servicios que presta la comuna y, en especial la actividad de este polémico cuerpo inspectivo que, se supone, actúa bajo jerarquía.

Si las autoridades les permiten actuar como actúan, es porque las autoridades están de acuerdo con lo que hacen. Y eso es muy grave.

Si alguien dice que el objetivo de los inspectores de tránsito es la prevención de accidentes o el ordenamiento de la circulación por Montevideo, miente descaradamente. Nada más lejano de la realidad. Salen a las calles para recaudar, para cobrar multas y les importa un rábano los accidentes, ordenar el tránsito o controlar el estado de los vehículos de cuatro o dos ruedas y las maniobras que realicen.

Son expertos en tender celadas, como en la que cayó Mieres. Porque un domingo a las 10 de la mañana no existen casi autos ni gente en las calles (apenas puede haber algún veterano madrugador en la feria de Tristán Narvaja) y manejar por el bulevar Batlle Ordóñez (ex Propios) a 76 kms. por hora, un día soleado y con excelente visibilidad, no es un peligro para nadie. Se hace de manera casi natural. Y eso lo saben: entonces se ubican allí para agarrar incautos y multarlos. La sanción es correcta; el procedimiento, no. La bronca de Mieres (un hombre tranquilo) es porque se dio cuenta que había caído en una "trampa legal" armada con premeditación y alevosía.

Los inspectores no recorren Montevideo para controlar el tránsito. No se preocupan de la tendencia cada vez más acentuada que tienen los conductores de manejar por la derecha y obligar al que viene atrás a adelantarlo por la izquierda, con el peligro que ello significa; no están al tanto de la amenaza que viene de la "audacia" de miles de motociclistas que se desplazan zigzagueantes por cualquier arteria y a cualquier hora, sin luces por la noche y a gran velocidad. No les impresiona el creciente número de muertos que se viene registrando en torno a ellos y que el efecto de un apercibimiento o una sanción hechos a tiempo, seguramente hubiera evitado más de un resultado fatal. Es cierto que en Montevideo se maneja muy mal, pero también es cierto que nadie controla cómo se circula y así lo de "muy mal" viene junto con ello.

Los inspectores son expertos en aparecer los días de vencimiento de las patentes. Se ubican ocultos (la sorpresa es fundamental) en grupo y en puntos estratégicos con su libreta de "Se busca" en la mano y el objetivo de descargar todo el peso de la ley sobre los infractores. Es dinero fácil. No requiere mucho trabajo encontrarlo.

Los inspectores son expertos en caminar por el centro, buscando automóviles estacionados en lugares prohibidos. Está bien, es una infracción, pero no conocemos ningún accidente que haya tenido por protagonista a un auto parado y sin conductor. El riesgo para peatones y otros vehículos se genera cuando un coche se pone en marcha, no cuando está detenido en las zonas de estacionamiento tarifado o en un lugar reservado para alguna institución pública. Pero, es otra multa segura, lograda con el mínimo esfuerzo.

Podríamos seguir con otros ejemplos, como el estado de algunos automóviles que meten miedo, pero nadie los para ni les pregunta siquiera si tienen freno. Pero con lo dicho alcanza para describir la actuación de un cuerpo municipal, sujeto a jerarquía, que es una cara notoria del espanto que desde hace años se ha instalado en la Intendencia. Nadie pone límite, nadie baja instrucciones precisas en materia de prevención de accidentes y ordenamiento vehicular. Hace muchos años que esto funciona mal y si no hay un cambio en serio, va a seguir funcionando peor, porque además, hay otro tema en el caso de Mieres.

¿Quién lo filmó y quién lo subió a las redes? ¿Ahora los inspectores municipales se dedican al escrache de los políticos que no comulgan con sus autoridades? ¿Desde cuándo y hasta cuándo?

El episodio es contundente y pone de manifiesto una actitud de soberbia y de apartamiento de los reales cometidos de un cuerpo municipal que ha transformado una tarea preventiva y de ordenamiento, en un mero instrumento de recaudación. Y si se hace a la vista de todos los ciudadanos, no es descabellado suponer que puede haber otros excesos que no son tan visibles pero existen. Veinticinco años de gobierno en la capital es más que suficiente para corregir defectos —que no se ve— o fomentarlos. Porque, como dice la vieja frase, la culpa no es del chancho sino de quien le rasca el lomo.

¿Deberemos llegar a la conclusión de que la mayoría de los montevideanos son tan masoquistas como para insistir con ellos? ¿Alguien cree que con Martínez o Topolansky algo va a cambiar? Olvídense.

Editorial