EDITORIAL

Lo que parecía un episodio banal y menor, la contratación de un periodista profesional para una cadena presidencial, se está volviendo una muestra de la forma opaca y discrecional como se manejan los recursos públicos en este gobierno.

El episodio, pueblerino y banal, de la contratación del periodista Fernando Vilar por parte de la Presidencia para oficiar de vocero en una cadena nacional, se está convirtiendo en algo mucho más grande. Algo que pone en tela de juicio el manejo de los recursos públicos por parte del gobierno, de la influencia de algunos empresarios del entorno del mandatario, y de la soberbia que padece cierto sector del oficialismo, que parece creer que no deben responder por la forma en que se manejan los dineros del contribuyente.

Todo empezó de mala manera. La decisión del presidente Vázquez de apelar a un periodista profesional para encabezar una cadena nacional destinada a enfrentar los reclamos del sector agropecuario, pareció una forma poco elegante de evitar dar la cara, y poner a otro a decir lo que se quería decir. Esto más allá de la polémica decisión comunicacional de ubicar a un periodista muy identificado con una forma de transmitir la información que ha sido objeto de severas críticas por parte de la propia interna del partido de gobierno.

Pero bueno, se hizo. Y como era previsible, todo el Uruguay habló de Vilar y su elección más que del mensaje de fondo que se quería transmitir. A esta altura las decisiones comunicacionales de este gobierno no las entiende nadie, pero en fin.

El problema empezó el día después. Porque como era natural, todo el mundo fue a preguntarle al periodista por qué había aceptado ese encargo, y si el hecho de salir como la cara visible del gobierno en un mensaje destinado a confrontar con medio país, no le afectaba su independencia profesional. La respuesta de Vilar, inapelable, fue que él era un comunicador profesional, que cobró por lo que hizo, y que haría lo mismo por cualquier otro gobierno nacional que diera con su tarifa.

La cuestión es que en los números oficiales de Presidencia al parecer no figura ese gasto. Varios medios hicieron pedidos de acceso a la información pública, y la respuesta del gobierno fue que no se había pagado un peso del dinero público en tal contratación. Una forma de responder a las criticas de por qué el ciudadano de a pie tiene que pagar por un presentador profesional, el día que al Presidente se le ocurre hacer una cadena nacional, pero no tiene ganas de hablar.

Ahí el episodio se puso álgido, ya que el senador Mieres intervino en el asunto, para solicitar información oficial sobre todo este episodio desprolijo. Al parecer eso saltó las alarmas en Presidencia, y ayer el propio periodista emitió un extenso comunicado donde se desdice y aseguro que nunca recibió un peso de parte del gobierno por la tarea.

La primera pregunta que esto genera es, ¿es creíble esta nueva postura de Vilar, luego de haber sostenido tan firmemente que lo hizo por plata? ¿Y justo cuando un senador empieza a hurgar en el hecho? ¿Vilar también trabajaría gratis por cualquier otro gobierno?

La segunda pregunta es quién y cómo decidió la contratación de este profesional. Porque si se trató de un trabajo honorario, parece extraño que se haya elegido a alguien a dedo, sin hacer una consulta más amplia en un mercado donde seguramente muchos periodistas y comunicadores identificados desde hace años con el oficialismo (muchos en cargo en organismos públicos) seguramente hubieran gustado de ocupar ese rol.

Pero lo más grave es si ocurrió como muchos imaginamos, que hubo un pago de forma encubierta al comunicador. Primero, porque debió hacerse alguna forma de llamado o concurso. Segundo porque si se pagó, la sociedad tiene derecho a saber si se cumplió con todas las formalidades de la ley. Esa que es tan exigente para cualquier hijo de vecino.

Hay una posibilidad aún más alarmante. Que la selección de Vilar haya sido hecha por su estrecha amistad con el directivo de Cutcsa y asesor presidencial Juan Salgado, y que el cobro del servicio venga oblicuamente de alguna de las empresas de las que es parte. Esto sería muy cuestionable, ya que ningún empresario hace favores al gobierno porque sí. Y si ya es grave la presencia un tanto irregular de figuras del empresariado en roles públicos no claramente definidos, que estos paguen de su bolsillo gastos del Presidente, vuelve todo mucho más turbio y escabroso. ¿Lo hacen por patriotismo? ¿No implica ninguna deuda de favores?

Pero lo más grave de todo este episodio es la opacidad, la forma turbia y poco transparente con que el gobierno maneja cuestiones tan delicadas. Pareciendo asumir que su rol temporal de estar a cargo de los recursos públicos fuera una propiedad a perpetuidad que les habilita a manejarse sin cuidar las formas, sin respetar al ciudadano.