Dr. Edison González Lapeyre | Montevideo
@|En atención a que, con el Embajador Carlos Orlando, hemos venido bregando desde el año 2018, infructuosamente, para que se analizara más profundamente el serio riesgo de impacto ambiental por el vertimiento de las aguas cloacales e industriales que dos emisores de esos fluidos procedentes de Buenos Aires van a verter en el Río de la Plata; he procedido a remitir al Banco Mundial una nota de reclamo solicitando se proceda a convocar una consultoría independiente para que dictamine si, en particular, el emisor que colecta las aguas de las cuencas de los ríos Matanzas y Riachuelo puede provocar un grave impacto ambiental.

Este emisor, de 14 kilómetros de extensión y 4 metros 30 de diámetro, va a verter al Río de la Plata 2 millones 300 mil metros cúbicos de esos líquidos cloacales e industriales por día, y se encuentra en un estado muy avanzado de su construcción.

No se trata de impedir que esta obra se lleve adelante, se trata de determinar si el sistema de tratamiento de esas aguas es eficiente o no puesto que, parece claro que, en un emprendimiento de ese enorme volumen no se puede estar simplemente al informe efectuado por la empresa AYSA que es un ente estatal argentino; se requiere un estudio técnico independiente al respecto que determine si el sistema es eficiente o no y para el caso de que las críticas que se han formulado al respecto sean ciertas, tomar las medidas para darle eficiencia y confiabilidad al filtrado de esos efluentes.

Y se requiere ese estudio de consultoría independiente porque, conforme sostienen el Catedrático de Ambiente de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, Dr. Daniel Panario, el Dr. Pablo Guerrero y el Embajador Raúl Estrada Oyuela de Argentina, el sistema de tratamiento de esas aguas no impide el pasaje de coli bacilis, del nitrógeno y del fósforo que son el caldo de cultivo de la cianobacterias.

Incluso el riesgo de que el funcionamiento de ese emisor produzca efectos contaminantes surge del propio Banco Mundial que financia la obra y que, en un informe de fecha 27 de junio de 2019 (Matanza-Riachuelo Basin (MRB), Sustainable Development Project Additional Financing. P. 171.197. ps. 13 y ss.), indicó que la decisión de elegir un bajo o un alto nivel de tratamiento previo de los vertimientos fue objeto de análisis, optándose por un bajo nivel de tratamiento de los efluentes en razón de la “alta capacidad de oxigenación del Río de la Plata”; y por razones económicas, lo que, obviamente, no es compatible con el principio precautorio que es básico en materia ambiental.

Conforme a ello, se requiere un informe de consultoría independiente que analice esas observaciones para determinar si el sistema de tratamiento de esas aguas es eficiente y confiable o si, por el contrario, nuestro planteo es fundado para tomar las medidas correspondientes.

Habiendo sido estériles todos nuestros esfuerzos al respecto y en atención a que el Banco Mundial posee lo que denomina “Grievance Redress Service” (GRS), que habilita a personas y comunidades a someter a su consideración quejas y reclamos por obras financiadas por esa Institución que pueden producir efectos adversos a su comunidad o al medio ambiente, he procedido a formular el planteo correspondiente ante esa institución financiera.