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Ancap y su cemento pórtland


@|El viernes 20 ppdo., se publicó una carta en este segmento, referido a este tema, donde se hace referencia a las recurrentes pérdidas y se pregunta por qué no se ha hecho nada para revertirlas.

Soy otro opinólogo más, por lo que no pretendo dar respuestas significativas, sólo mis conceptos:

1. Para comenzar, cuando Ancap fue creada hace ya casi 90 años, el mundo y nuestra economía eran muy diferentes de las actuales; las que supongo que habrán influido para pretender reunir en una sola empresa productos tan disímiles como la “bencina”, el alcohol y el pórtland.

2. Si se tiene el monopolio de la producción de combustibles y su precio se fija arbitrariamente, se pueden mantener otros sectores que dan pérdidas.

3. Cuando usted tiene una empresa que pierde ochocientos millones de dólares y es del sector privado, termina declarada en quiebra; con la mayor parte del personal en la calle y posiblemente cerrada, a menos que otro grupo económico la adquiera y efectúe los cambios necesarios para hacerla viable.
Cuando esta empresa es del sector público y tiene un gobierno con mayorías parlamentarias, ¿qué hace?
Llama a sesiones a las cámaras el día 1° de enero, y vota su capitalización contra emisión de deuda pública; esa que pagaremos por varios años más todos nosotros, incluidos hijos y nietos, mientras que sus directores, gerentes y empleados siguieron cobrando sus salarios, sin ninguna quita, como “premio” a su gestión, porque Ancap es de “todos”.

4. Existen empresas privadas competidoras que evidentemente no dan pérdidas; por lo que se deberían analizar los factores que provocan las pérdidas en Ancap y adoptar las medidas necesarias para que se vuelva rentable y llevarlas a cabo, aunque ello signifique enfrentar a los corporativismos enquistados en este Ente Autónomo.

5. La autonomía debería cesar automáticamente cuando se generan pérdidas comerciales durante más de dos trimestres.

6. Si algún directivo o gerente decidió o recomendó comprar un horno valor 80 millones de dólares y cuyo costo de instalación era de 100 millones de dólares más, debería ser un caso de análisis académico sobre “horrores” en materia de inversiones, que eventualmente deberían ser juzgados judicialmente.

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