Todo emprendimiento a gran escala implica impactos de distinta envergadura. El desarrollo del Complejo Residencial Punta Ballena a llevarse a cabo en la península propicia, una vez más, la colocación sobre la mesa de discusión de la aparente antonimia entre el desarrollo urbanístico y la conservación de los ecosistemas.

Luego de un largo litigio por la propiedad de los padrones ubicados a ambos lados de la Ruta Panorámica, la Justicia finalmente falló a favor de los herederos de Lussich, devolviendo a manos privadas estas tierras que poseen un elevadísimo valor inmobiliario. Como era lógico esperar, en poco tiempo surgió este gran proyecto que prevé la construcción de 29 edificios con sus servicios e infraestructuras asociadas, albergando 320 unidades de vivienda. Son seis padrones y medio que se extienden por 162 mil metros cuadrados, lo que marca su extraordinaria extensión en una locación tan singular del territorio nacional. El proyecto establece que el 33% del suelo será ocupado por la infraestructura prevista y el restante 67% corresponderá a áreas verdes y rocosas.

Hasta ahora ese sector de la punta estaba a disposición de los visitantes que circulaban con total libertad, disfrutando el valor paisajístico y turístico que caracteriza a la Ballena.

Eso va a cambiar porque, aunque la ruta Panorámica desde luego seguirá estando en su lugar, su entorno cambiará dramáticamente.

La belleza natural que caracteriza a los terrenos en pendiente hacia el este y el oeste de la ruta, perderá su morfología y distribución, dando paso a otra cosa muy distinta, aunque no exclusiva pues ya existen muchas construcciones como Casa Pueblo.

Su aprobación responde a políticas de desarrollo coherentes con la promoción de la inversión, la generación de trabajo -tanto en la etapa de su construcción como la posterior ofreciendo innumerables servicios que se brindarán todo el año-, y también a la procurada recaudación impositiva, que han caracterizado no solo la decisiones que se han tomado históricamente en las zonas más hermosas de nuestras costas, sino a la aprobación del marco regulatorio.

Este se debe cumplir a rajatabla. Y si su actual redacción permite que se cometan atropellos o se vulnere el patrimonio natural, hay que modificarlo para subsanar el error. Su valor inmobiliario es tan elevado que una vez definida la titularidad del mismo, era inevitable que se realizara un desarrollo de estas proporciones.

Está claro que habrá pérdida de diversidad biológica, en especial de la asociación vegetal conocida como el herbazal rupícola costero, tan típico del lugar, conteniendo incluso especies endémicas de nuestra flora indígena. Aunque lo más notorio sin duda será la degradación paisajística.

Habrá que ver cómo se manejan aspectos siempre preocupantes tomando en cuenta su envergadura en tan singular locación, cómo será el manejo de sus efluentes líquidos, la iluminación exterior, la generación de los residuos sólidos, las aguas pluviales, la caminería, la circulación del público, y desde luego la supervivencia de fauna y flora típicas de la zona ante el avance de la urbanización.

Las acciones que puedan resultar dañinas solo se evitarán si el marco regulatorio es capaz de anticiparse. Allí radica el desafío.