El sistema político está enzarzado en discutir lo que llaman “financiación de los partidos políticos”. Tengo para mí que la discusión está algo fuera de foco.

Lo primero que se debe hacer cuando surge la inquietud de legislar es preguntarse: ¿cuál es el bien jurídico a tutelar? Aclarado eso, lo siguiente es preguntarse por qué es preciso tutelar ese bien jurídico.

Pues, no parece que esos principios se hayan aplicado a esta discusión.

Se oye decir que hay que evitar que la Democracia sea manipulada por intereses espurios, económicamente poderosos. De acuerdo. Si esa es la preocupación, dos son las medidas clásicas para contrarrestarla: el control externo del origen de los fondos y la limitación obligatoria de los montos aportados. Nadie discute lo primero. Sobre la limitación obligatoria, no estoy tan convencido.

Acepto que no me gusta una realidad como la de los EEUU donde la capacidad de un candidato para recaudar fondos ha llegado a ser una medida de su potencial ganador.

Pero, ¿cuál es la realidad de nuestro país? No conozco casos de un presidente electo por el volumen económico de su campaña electoral. En cambio, sí recuerdo aspirantes que pusieron mucha plata y fracasaron. Se han dado sí, casos de personas que “compraron” una banca, aportando a un candidato ganador.

O el caso del Sr. Sartori, financiándose de su fortuna personal. No está bueno, pero tampoco constituyen amenazas para el funcionamiento de la Democracia.

Desde otro ángulo, ¿qué evidencias existen en Uruguay de medidas de gobierno tomadas en pago de aportes a las campañas? No conozco, independiente de los partidos.

Por otro lado, la solución de topear aportes, amén de injusta en algunos casos (de los aportes propios, por ejemplo), presenta muchas dificultades para su aplicación.

Volvamos al principio: ¿cuál es el bien jurídico a tutelar? Se habla de la “financiación de los partidos políticos”, pero ¿es ese el fin? Claramente no. Los partidos son medios, el fin, el bien a tutelar, es el funcionamiento adecuado de la Democracia. Y lo que se requiere para que se dé ese fin es que los ciudadanos puedan elegir: a) libremente y b) fundadamente. Ahí está el objetivo último: en el votante, no en los partidos.

Para alcanzarlo, los partidos precisan: organizarse, hacerse conocer, comunicar los perfiles de sus candidatos y dar a conocer sus principios y programas. Eso es lo que puede requerir de financiamiento y deberá analizarse con qué parámetros y regulaciones, sin perder de vista el objetivo.

Para empezar, se puede prohibir toda la publicidad callejera (a excepción de la cartelería autorizada), que no sirve a los fines señalados y tiene obvios efectos negativos. El argumento de que, por ser más barato que los medios, da la oportunidad para hacerse conocer a candidatos nuevos o de menores recursos, no es convincente y su necesidad hoy, con la existencia de las redes que son mucho más baratas y mucho más efectivas, queda descartada.

La siguiente pregunta es, quién debe cargar con los costos. Si el fin es el funcionamiento de la Democracia, claramente no es justo (ni lícito) cargárselos a terceros. La argumentación de que hay medios que usufructúan gratis de un patrimonio nacional, no es de recibo.

Siguiendo el razonamiento, si los objetivos son dos: dar a conocer candidatos e informar sobre principios y programas, quizás se puede discernir los instrumentos. Dar a conocer es el más simple y no puede reclamarse igualdad de condiciones: sería imposible e innecesario. Bastaría aquí subsidiar un monto mínimo de tiempo de publicidad igual para todos los partidos y dejar que estos resuelvan su distribución en los diferentes medios (y entre los candidatos).

Lo que dejaría la parte más trascendente: la comunicación a la ciudadanía de los principios y programas de los partidos. Es una de las claves. La Democracia no está funcionando bien en esto y no es por culpa exclusiva o preponderante de los partidos.

Hay que apuntar (asegurar no se puede), a que el ciudadano tenga acceso a información razonablemente suficiente.

Todo lo cual nos lleva a un primer nivel de conclusiones: el bien jurídico a tutelar es que exista una oferta razonable y accesible a la ciudadanía.

¿Cómo podría encararse esto?

1º. No permitir publicidad que no conduce adecuadamente a los fines apuntados y tiene, además, efectos secundarios negativos, como la callejera. 2º. No subsidiar publicidad que no tienda a cumplir con los fines. 3º. Acotar toda la publicidad política a un período electoral razonable.

La única excepción serían los programas periodísticos, siempre que fueran gratuitos. 4º. Si el bien jurídico apuntado es público, no se justifica cargar su costo sobre agentes privados. 5º. Transparencia, contabilidad suficiente y contralor externo de las finanzas partidarias y de los medios. 6º. Subsidiar exclusivamente la divulgación de perfiles de candidatos y los principios y programas partidarios, dando a cada partido el mismo monto de recursos, para su libre distribución entre los medios. 7º. Otorgar más recursos para la divulgación de principios y programas.

No es un esquema perfecto. Tampoco van a encontrar uno que lo sea.