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Política y gremios

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Son varias las ocasiones en que hemos opinado desde esta página sobre el movimiento sindical uruguayo siempre sosteniendo la vigencia de un gremialismo fuerte y activo que funcione como complemento de la democracia ciudadana. Ningún régimen es válido sin la presencia organizada de los sectores laborales. El ideal es el de un país que cuente con una forma de gobierno plural y participativa inmersa en una robusta sociedad civil independiente del poder político. Lamentablemente no siempre estas condiciones se cumplen a cabalidad.

En nuestro país el sindicalismo cuenta con una importante central, pero lamentablemente la misma desconoce sus fronteras con el plano político. Tanto ella como sus gremios constitutivos, están permanentemente planteado exigencias inspiradas en lo que, en el mejor de los casos, puede calificarse como la aspiración a un cogobierno y en la más común valoración, a un directo gobierno de los gremios. A ello suman la dirección, indirecta pero efectiva, de la sociedad civil, que en los hechos actúa como un amplificador de sus aspiraciones, desarrollando una conjunción que dificulta gravemente la gobernabilidad del país.

Se dirá que ello constituye la participación de la sociedad en su conjunto, sin advertir que lo que corresponde es que sus diversos sectores intervengan dentro del ámbito de sus competencias, sin invadir, como hacen, la esfera de la política, reservada a otros actores. A los gremios corresponde la defensa de los sectores laborales a los que representan, admitiendo, como es obvio, que hay espacios en que las diferentes competencias se confunden, lo que no debería impedir a cada uno mantener su independencia.

De no hacerlo es la propia democracia la que se debilita en tanto se ve confrontada con sectores sociales cuya legitimidad no es comparable a la que ostenta el conjunto de la ciudadanía. Del mismo modo que algo parecido ocurre con el resto de la sociedad civil, a la que corresponde, no ya, una directa función de gobierno sino una rigurosa política de control del ámbito público. Lo que no le impide elevar a las otras esferas de la sociedad sus aspiraciones y proyectos, pero la inhibe para la práctica de oposiciones y medidas de fuerza en ámbitos ajenos al suyo.

Lo que actualmente ocurre con el sindicato de Ancap, es otra prueba del mismo fenómeno. El gremio se opone a una medida de asociación con privados en el área deficitaria fabricación de portland, pese a que se le asegura la estabilidad laboral de los trabajadores eventualmente afectados por la resolución.

No asume que su oposición a la política del Directorio del ente constituye una encubierta pretensión de cogobierno. Ni advierte que se trata de un conflicto basado en diferencias ideológicas, no solo de Fancap sino del PIT/CNT en su conjunto. Lo que la central persigue es, como proemio de la socialización, una defensa ciega del estatismo. Lo manifiesta claramente, cuando expresa, que se trata de “construir entre todas y todos una sociedad más justa y solidaria, donde los medios de producción y de servicios estén en manos de los trabajadores y trabajadoras. Para llegar a un Uruguay y un mundo, en el cual no existan explotados ni explotadores” Más claro echarle agua.

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