El 64% de los uruguayos quiere bajar la edad de imputabilidad. El dato, conocido esta semana, sirve para encuadrar una de las discusiones más apasionadas, más polarizantes, pero de las menos constructivas, que marcan la incipiente campaña electoral.

El proyecto que se votará en octubre con la elección presidencial es breve y claro. Propone que los menores entre 16 y 18 años, en caso de delitos gravísimos, podrán ser juzgados con el Código Penal que regula al resto de la población, que los antecedentes de estos jóvenes no se destruirán al llegar a los 18 (como preveía el Código de la Niñez), y que habrá un sistema de rehabilitación especial, distinto al INAU, para estos imputados.

La explicación de quienes lo impulsan es que el gobierno ha sido inoperante ante lo que denuncian es una creciente ola de delitos provocados por menores de edad, que el Código de la Niñez es demasiado "blando", y que en la población existe una honda preocupación por el tema, que debe tener resp

El 64% de los uruguayos quiere bajar la edad de imputabilidad. El dato, conocido esta semana, sirve para encuadrar una de las discusiones más apasionadas, más polarizantes, pero de las menos constructivas, que marcan la incipiente campaña electoral.

El proyecto que se votará en octubre con la elección presidencial es breve y claro. Propone que los menores entre 16 y 18 años, en caso de delitos gravísimos, podrán ser juzgados con el Código Penal que regula al resto de la población, que los antecedentes de estos jóvenes no se destruirán al llegar a los 18 (como preveía el Código de la Niñez), y que habrá un sistema de rehabilitación especial, distinto al INAU, para estos imputados.

La explicación de quienes lo impulsan es que el gobierno ha sido inoperante ante lo que denuncian es una creciente ola de delitos provocados por menores de edad, que el Código de la Niñez es demasiado "blando", y que en la población existe una honda preocupación por el tema, que debe tener respuesta por parte de sus representantes.
Contra el proyecto se ha alzado un coro de voces que incluye a todo el oficialismo, a las ONG, y a un número importante de operadores judiciales, cuyos argumentos son básicamente cuatro: 1) que a partir de los 13 años, los menores ya son susceptibles de procesos que incluyen pérdida de libertad; 2) que las cifras de delitos protagonizados por menores no supera el 6%; 3) que hay una campaña política y mediática para estigmatizar a los jóvenes, 4) que se violarían convenios internacionales.

Una mirada crítica sobre ambas posturas permite sacar algunas conclusiones. Para empezar parece poco confiable que el hecho de bajar dos años la franja de imputabilidad vaya a tener un impacto en la tasa de delitos. Tal vez el estudio más serio al respecto haya sido el del instituto Ceres que plantea que esa medida a corto plazo podría bajar los niveles de delincuencia un 35%, pero que sería una solución temporal que a la larga agravaría el problema debido a que las condiciones de reclusión actuales no rehabilitan a nadie. Pero también hay otra realidad, la recolección de firmas tuvo un efecto político concreto, ya que obligó al gobierno a aceptar algunas modificaciones al Código de la Niñez, y a "ajustar las clavijas" en organismos como el INAU donde las fugas pasaron de un ridículo número de casi 1.900 en 2009 a poco más de 10 en todo el año pasado.

Pero así como hay argumentos a favor que lucen débiles, la campaña en contra del proyecto está llena de consignas huecas. Para empezar el tema de los convenios internacionales. Mientras Uruguay sea un país independiente lo que regirá en este territorio es la ley nacional, y los convenios así como se firman se dejan por el camino, como ha pasado con la marihuana. En segundo lugar parece exagerado ese fetichismo en torno al límite de los 18 años, según el cual cualquiera que sugiera cambiarlo se vuelve casi un genocida. Hay países que fijan la mayoría de edad en los 21, otros en 16, y eso no los hace ni mejores ni peores, ya que el desarrollo del ser humano no tiene fronteras tan inflexibles. Lo mismo que esa postura de sugerir que los medios "lucran" con estigmatizar a los niños. ¿Qué gana un diario o un canal de TV con eso? No entender que los medios se alimentan de la percepción social, en vez de crearla, es pensar que los ciudadanos son descerebrados y que no tienen capacidad de discernir su realidad de cada día con lo que leen en la prensa. Si así fuera, bastaría con tener la mejor campaña mediática, para lograr el gobierno del país.

El problema que ninguna de estas posturas aborda, evidente para cualquiera que camine por la calle, es que hay un creciente segmento de la población que maneja códigos y hábitos de vida, distintos y por momentos incompatibles con los que tradicionalmente regularon a la sociedad. Las cifras de delitos son la punta del iceberg de un problema de convivencia mucho más grave que enfrenta el país.

Pero hay otro aspecto interesante que este debate deja en evidencia. Mientras el 53% de los frenteamplistas está de acuerdo con la reforma, no hay un solo dirigente de peso de esa coalición que se haya manifestado a favor. Y en el Partido Nacional, donde casi un 80% de los votantes piensa acompañarla, la dirigencia del sector mayoritario de Jorge Larrañaga, está en contra. Esta desconexión entre dirigentes y dirigidos ¿es una señal positiva de independencia y de voluntad de liderazgo por encima de humores coyunturales del votante? ¿O una muestra de una distancia peligrosa entre lo que siente un grupo grande de ciudadanos y lo que piensan sus dirigentes políticos?