En tiempos de primacía de las redes sociales, no deja de ser paradójico que el epicentro del terremoto de inseguridad que sacudió a Ecuador ocurriera durante un programa de noticias en un canal de TV. Fue una muestra tangible, en vivo y en directo, de una crisis multicausal que se comenzó a gestar desde hace años de la cual, si existe una salida, no se vislumbra con claridad. Una crisis hecha a medida de América Latina.

Tampoco deja de ser contradictorio, y un certero reflejo de nuestra región, que un país quede a merced de lo que sucede en las cárceles. Lugar donde las autoridades quedan inoperantes, donde el Estado termina fungiendo de consultora de RR. HH.: reúne a los presos para que las bandas recluten, entrenen y trabajen. El crimen organizado y el Estado desordenado.

Hasta hace no mucho los ecuatorianos consideraban a su país una isla de seguridad, en medio de dos vecinos como Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo. La paz es olvido. Ecuador cerró 2023 con la mayor cantidad de asesinatos de la historia, casi uno por hora, y una de las tasas más altas de América Latina. Hace cuatro años ostentaban las tasas más bajas.

En buena medida, los ecuatorianos son víctimas del aumento de la demanda mundial de cocaína, en particular, en Estados Unidos y en Europa, y de los crecientes téntaculos del crimen transnacional. Hay quienes unen el inicio de la crisis de seguridad con la decisión del presidente Rafael Correa de expulsar en 2009 a los militares de Estados Unidos que operaban contra el tráfico de drogas desde una base aérea en Manta, el segundo puerto por detrás de Guayaquil, dos rutas claves para el envío de drogas. Ecuador se convirtió en el hub menos deseado: de país de tránsito de drogas vecinas a centro de negocios del crimen organizado.

La principal ruta de tráfico de cocaína hoy es Guayaquil-Amberes. La Policía belga ha incautado cantidades récord de cocaína procedente de América Latina en los últimos años. El puerto es el segundo más grande de Europa después de Rotterdam. En Países Bajos, conocido por su política no punitivista del consumo, la situación tampoco es muy auspiciosa. A comienzos de año, la alcaldesa de Ámsterdam dijo que el país “corre peligro de convertirse en un narcoestado” y abogó “por el reconocimiento internacional de que la guerra contra las drogas es contraproducente”. La guerra contra las drogas es un concepto nebuloso. Es un conflicto donde gana el que trafica y pierde el resto.

A Amberes llegaron semanas atrás contenedores procedentes de Ecuador y Uruguay con cocaína. Alrededor de 240 millones de toneladas de carga pasan por sus muelles cada año y solo el 2% de las mercancías se escanean. Ese porcentaje aumenta al 5% para los contenedores provenientes de América Latina. El plan de Amberes es para 2028 contar con la capacidad operativa para controlar todos los de la región.

El eterno drama del solitario y vetusto escáner del puerto de Montevideo, del cual se dice que “funciona cuando quiere”, ha servido de metáfora de qué tan en serio nos tomamos el tema. El gobierno adjudicó el año pasado la licitación para la compra de tres escáneres que quedarán operativos en algún momento de este año. Se espera que la tasa de revisión de contenedores alcance un ambicioso 80%. Se espera también que, de una manera u otra, siga llegando droga a Europa vía Uruguay.

El caos en Ecuador se sembró de a poco y se cosechó a un ritmo un tanto más acelerado. Las fronteras permeables, la economía dolarizada y la escasez de controles ante el lavado de dinero contribuyeron. Existe, por sobre todas las cosas, un Estado débil. La lucha de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo con frecuencia ha desestabilizado una política ecuatoriana con un sistema de partidos descompuesto y una buena dosis de advenedizos. Entre 1997 y 2005 ningún presidente electo logró cumplir un mandato completo. Guillermo Lasso, el predecesor de Daniel Noboa, tampocó lo terminó. En agosto fue asesinado un candidato presidencial.

El actual mandatario, que tiene 36 años y es hijo del hombre más rico del país, lleva dos meses en el poder. La semana pasada decretó el estado de excepción, tras incidentes en varias cárceles y la fuga de líderes de bandas criminales. Si se tiene en cuenta que este es el 42º decreto de estado de excepción desde 2019, enfocado en la represión a las organizaciones criminales, cabe dudar sobre la eficiencia de la herramienta. Esta semana, a plena luz del día, asesinaron de más de 20 balazos al fiscal que investigaba el asalto al canal de TV y casos de corrupción.

Así como no hay voces cuerdas que afirmen que el combate al crimen organizado sea sencillo, tampoco existen las que aseguran que se puede avanzar con severidad, sin un Estado fuerte. Cuando el crimen organizado crece, en parte lo hace porque existen autoridades, a diferente nivel, que no logran hacer lo suficiente para entorpecer su avance.

Ecuador es hoy, como lo siguen siendo Colombia o México, una muestra de la incapacidad generalizada de las sociedades de ciertos países, para encontrar respuestas certeras al copioso desafío de seguridad que plantea el narcotráfico. Las lecciones abundan y están ahí para ser aprendidas.