Resulta digno de análisis que la actual discusión parlamentaria del Presupuesto esté teniendo uno de sus momentos más álgidos en la controversia sobre habilitar a privados el abastecimiento de combustible a naves y aeronaves en puertos y aeropuertos respectivamente.

En nuestro país las empresas del estado se confunden con el estado como si fueran la misma cosa. El tema del estado es recurrente en el Uruguay pero la discusión se encamina con frecuencia hacia rumbos accesorios. La polémica centrada en el tamaño del estado no es la más esclarecedora. Resulta difícil establecer y fundamentar una doctrina general sobre el tamaño ideal del estado.

Más allá de teorías, los uruguayos debemos enfrentar al estado que tenemos. El Estado uruguayo, además de sus componentes jurídicos y físicos, de orden tangible y traducible a estadísticas, forma parte del imaginario colectivo de los uruguayos. Los componentes del imaginario colectivo no son tangibles pero ejercen gran influencia en las sociedades.

Real de Azúa señalaba que el batllismo había creado el Estado moderno uruguayo generando “un habilidoso arbitraje entre partido y Estado que hacía a nuestra sociedad desdeñosa de todo cambio de estructura y de todo impulso radical y valeroso, ya que todo reclamo tiene, aparentemente, el destino de ser oído y atendido”. El resultado es que la estructura política, generalmente las Cámaras (diputados y senadores muy atentos a la sensibilidad o a los intereses de sus votantes), recoge los reclamos y los presenta ante el Estado con fuerza (en concreto, le dobla la mano al Ministerio de Economía).

Hay reclamos al Estado que son razonables y que el Estado debe atender. Hoy es el caso de los operadores turísticos. Muy diferentes es la defensa del monopolio de Ancap en la provisión de combustible en los puertos. Lo mismo se diga de la producción de pórtland, en rojo consuetudinario y que, por las razones antedichas, nadie se ha animado siquiera a proponer.

El resultado nocivo de esta práctica es doble. Además de desvincular el dinero de los méritos para recibirlo y de que, en consecuencia, el Estado gasta mal, se genera otro perjuicio, también señalado por Real de Azúa: de dicha práctica (el habilidoso arbitraje) se forma “un estilo político de facilidad y conformismo, de piedad y contemplación del interés creado. Eso no es culpa exclusiva del batllismo en cuanto partido” -sigue diciendo Real de Azúa- “pero sí del estilo político de facilidad y conformismo, de piedad y contemplación del interés creado que en la vida nacional impuso”.

La discusión sobre el Estado no debe ceñirse al tamaño del Estado o lo caro que le cuesta a la sociedad. También hay que tener presente que sigue en pie, lozano y activo, el imaginario colectivo que le indica al ciudadano (o a las corporaciones) que presione sobre el Estado porque, aunque las arcas estén exhaustas, conseguirá algún apoyo político que abra la canilla a su favor (todo reclamo tiene el destino de ser oído y atendido). No tendrá que demostrar capacidad ni mérito ni nada: el sistema está armado para que el pedido salga. Lo que determina el comportamiento del ciudadano es la idea que se ha hecho de su relación con el Estado. Ese imaginario, que se retroalimenta con sucesivas decisiones políticas, es lo primero que debe ser tenido en cuenta al plantearse el problema del estado (de la reforma del Estado).