Los uruguayos estamos preocupados por nuestro futuro. Somos ahora un país de ingresos medios y nuestro próximo desafío es alcanzar el de los países desarrollados.

Pero muchos países han alcanzado el estadio de ingresos medios y han sido incapaces de continuar su desarrollo.

Nuestro actual desarrollo se basó en un modelo productivo del siglo pasado: producción industrial protegida con escaso contenido tecnológico, producción primaria concentrada en commodities indiferenciadas y un estado prestador de servicios públicos no competitivos internacionalmente.

Este modelo productivo debe cambiar como condición para alcanzar un nivel superior de desarrollo. En nuestra era las principales fuentes de creación de valor surgen del conocimiento y la tecnología. El desarrollo de los países ya no depende del tamaño de sus territorios o de sus riquezas naturales, sino de su capacidad de cultivar, atraer y retener ciudadanos educados y brindarles oportunidades para producir valor a partir de su conocimiento.

Esto significa que mucho de lo esencial para el desarrollo de una sociedad en la era del conocimiento reside en su cultura más que en sus recursos físicos o financieros. Muy especialmente reside en su actitud frente a la innovación. Cuanto mayor sea la capacidad de las sociedades de promover innovaciones, mayor será su posibilidad de competir en la era tecnológica. Cuanto mayores sean las reticencias culturales y las barreras legales a las innovaciones, menor será su posibilidad de desarrollarse.

Nuestra cultura en muchos aspectos no es propensa a la innovación y cambiar culturas es difícil. No depende únicamente de la creación de nuevas instituciones o de modificar políticas. Generar una cultura innovadora requiere un sistema educativo flexible y creativo, una mejor valoración social de empresarios y emprendedores, una mayor tolerancia a la diversidad de ideas y una diferente apreciación del riesgo y del fracaso (la noción de que todo riesgo es una imprudencia o de que todo fracaso es de alguna manera fraudulento, son barreras culturales especialmente restrictivas para la generación de emprendimientos innovadores).

Varios casos recientes ejemplifican las reticencias de nuestra cultura a la innovación. Algunos de los más ilustrativos son las nacientes empresas de “fintech” como Paganza o TuTasa, las empresas de cannabis, los proyectos de innovación educativa como el liceo Impulso o las plataformas de movilidad como Uber.

Las medidas adoptadas han causado que muchos de estos nuevos emprendimientos dejen de funcionar como es el caso de las “fintech”, dejando excluidas a empresas o personas que accedían a préstamos por esta vía alternativa y sofocando una potencial industria tecnológica naciente en nuestro país con aportes en temas de punta como ciberseguridad, identidad digital y análisis masivo de datos. En otros casos como los liceos públicos de financiamiento privado, las reticencias oficiales y las constantes amenazas de interrumpir su financiamiento a través de donaciones, impiden que estas experiencias se consoliden y su experiencia pueda ser aprovechada más ampliamente. Los alumnos que no pueden ingresar a estos liceos por su restringida capacidad, pagan el costo de nuestra reticencia a la innovación.

En el caso de los nuevos servicios de movilidad, algunas empresas se retiraron y otras como Uber no pueden brindar la misma certeza ni rapidez de servicio a los usuarios y han reducido mucho las fuentes de trabajo que generan. Al igual que en los casos anteriores, el reflejo fue el de preservar los derechos o beneficios de los competidores que actualmente brindan el servicio. Pero los perjuicios causados a otros ciudadanos con iguales derechos y necesidades, fueron ignorados. Por ejemplo los derechos y necesidades de las personas de mayor edad.

Nuestra sociedad tiene un porcentaje creciente de personas de edad avanzada que no quieren o no pueden conducir sus propios vehículos pero que desean y necesitan continuar integrados socialmente. Nuestro gobierno reconoce la obligación moral y social de apoyar la socialización de estos ciudadanos con proyectos costosos como el Plan Ibirapitá o el Sistema Nacional de Cuidados. Uber y otras plataformas permitieron a muchas personas de edad avanzada movilizarse con certeza, rapidez y seguridad, y ahora lo han perdido en gran medida.

Otro colectivo afectado desproporcionadamente es el de las madres trabajadoras. Las madres con hijos a cargo tienen necesidad de trabajar y requieren horarios flexibles y dedicación parcial. Uber y otras empresas ofrecieron por un tiempo oportunidades laborales a estas personas compatibles con sus obligaciones familiares, pero eso ya no es posible. Otra vez la protección de un colectivo se hizo en detrimento de otro sin una adecuada consulta ni evaluación de costos y beneficios sociales o económicos.

No sostengo que ninguna de las medidas adoptadas en relación a estos nuevos emprendimientos sean ilegales o ilegítimas. Esas medidas y actitudes no constituyen desviaciones de poder, sino que reflejan nuestra actitud cultural frente a muchas innovaciones, especialmente cuando sus competidores son poderosos e influyentes.

Una cultura innovadora no tiene por qué ignorar los derechos de los que se sienten amenazados por los innovadores, pero tampoco debe considerar únicamente su punto de vista. En una sociedad moderna, las innovaciones y los innovadores deben ser considerados un bien público a cultivar y promover. Este es nuestro deber pendiente para alcanzar nuestra aspiración de desarrollo.