Hace más de cinco años que la inversión privada cae ininterrumpidamente en Uruguay.

En 2016, 2017 y 2018 la salida de capital productivo desde Uruguay hacia el exterior superó a la llegada desde todo el resto de mundo. No hay registro de una situación similar en el resto de los países de la región, obviamente, sin considerar el caso de Venezuela.

Es cierto que entre 2006 y 2014 Uruguay tuvo niveles récord de inversión para nuestra historia reciente. Pero también es cierto que esos niveles no fueron mayores a los que usualmente se observan en economías que avanzan en la escalera del desarrollo. Es un error pensar que fue un periodo de sobreinversión: es la magnitud de inversión que Uruguay necesita para avanzar.

Sin inversión no hay posibilidades sustentables de recuperar el crecimiento económico, ausente en Uruguay desde 2014. Si las empresas no deciden invertir para expandir su producción, ni se generan nuevos emprendimientos, la producción total del país no puede crecer de forma sostenida.

Y no hay inversión sin rentabilidad. El nivel actual de costos requeridos para producir bienes o servicios en Uruguay ha alcanzado una magnitud tal en la mayoría de los sectores, que no deja margen para la rentabilidad empresarial. Por un lado, los costos laborales han subido, en los últimos años, por encima de las ganancias de productividad. Al mismo tiempo, los costos no salariales se han vuelto una mochila demasiado pesada para producir en Uruguay. Por más que hayan subido menos que el resto de los bienes de consumo (IPC), los costos de electricidad y combustibles son los más caros de la región. A todo lo anterior se le agrega otro costo muy pesado: la sobrerregulación. Las dificultades autogeneradas por el Uruguay para poder invertir es un frente que hay que atacar. Hay lujos que el país ya no se puede dar.

En su índice de facilidad para hacer negocios, el Banco Mundial computa todos los años las dificultades para invertir. La metodología se basa en el estudio pormenorizado de leyes, decretos y reglamentos para 190 economías, en base a consultas realizadas a funcionarios gubernamentales, así como a asesores legales y contables. De esta forma, se logra cuantificar en perspectiva internacional el peso de las regulaciones burocráticas que afectan la operativa normal de las empresas.

Las economías líderes -en general los países avanzados- presentan costos adecuados para iniciar un nuevo emprendimiento y para comerciar con el exterior. Elevada eficiencia y calidad regulatoria, que incluye adecuadas inspecciones durante la construcción de infraestructura, sistemas automatizados utilizados por las empresas de electricidad para restablecer el servicio durante cortes y adecuadas condiciones para los acreedores en los procedimientos de insolvencia empresarial.

Uruguay no está nada bien a nivel global, aunque algo mejor si se lo compara con los países de la región. En América Latina, Uruguay queda abajo de Panamá, Perú, Costa Rica, Colombia, México y Chile; levemente por encima de Brasil, Paraguay y Ecuador, y bastante mejor que Bolivia y Guyana.

Existe cierto escepticismo sobre el impacto que tienen estos indicadores del Banco Mundial sobre los incentivos para invertir. Sin embargo, si consideran los datos disponibles para todos los países del mundo, los números muestran que estos indicadores importan. La correlación rezagada entre los componentes del índice de facilidad para hacer negocios y los registros de inversión extranjera directa muestra que hay varios que son estadísticamente significativos. No todos los componentes del índice son relevantes para explicar la inversión, pero algunos sí.

En otras palabras, hay aspectos burocráticos que afectan negativamente a la inversión. Figuran en esta lista: la facilidad para registrar la propiedad y obtener permisos de construcción, el peso de los impuestos y el costo de los requisitos para acceder al comercio exterior. Veamos detalles.

En Uruguay se requiere el doble de procedimientos y el triple de espera que en los países avanzados para registrar propiedades y el costo del proceso es casi el doble. Para obtener un permiso de construcción, el costo de los procedimientos necesarios en Uruguay duplica al requerido en los países avanzados. Sin contar con que la diferencia de tiempos de espera supera los 100 días.

El número de impuestos pagados y horas al año dedicadas a preparar declaraciones de impuestos son el doble en Uruguay que en los países avanzados. El costo de la burocracia asociada al comercio exterior es llamativamente elevado: tanto el tiempo como el costo necesario para obtener los documentos requeridos para exportar o importar es 8 veces mayor que en los países avanzados.

Este exceso de costos fue ilustrado recientemente por un estudio de la Cámara de Industrias en el que participaron exportadores, despachantes, transportistas, agentes de carga, administradores de depósitos y oficinas públicas vinculadas con el comercio exterior. El trabajo muestra en detalle el exceso de procedimientos requeridos para al comercio exterior por parte de múltiples oficinas que controlan (y verifican) el peso y el valor de las mercaderías, así como la documentación exigida y el pago de tributos. La ventanilla única existente deja mucho que desear.

En el proceso necesario para abrir y cerrar empresas también estamos lejos. A pesar de que la cantidad de procedimientos y el tiempo de espera para abrir una empresa en Uruguay es el mismo que en las economías avanzadas, es 8 veces más costoso en relación al ingreso per cápita. A su vez, se requiere un 30% más de tiempo para resolver una disputa comercial en Uruguay que en los países avanzados y se obtiene un 40% menos de recuperación de valor por parte de los acreedores de una firma insolvente.

Uruguay está sobrerregulado y necesita un cambio de chip en la forma en que se apoya al sector productivo. Muchas veces, el afán del Estado por querer dejar escrito qué se hace y se deja de hacer, y qué resultados se van a obtener, en engorrosos formularios con todos los datos que se puedan imaginar, se vuelve un costo mayor al beneficio. Agencias y fondos disponibles hay, es muy importante canalizarlos mejor. Algo similar sucede con las nuevas leyes y decretos recientemente aprobadas para promover la inversión.

Hay una amplia y compleja agenda pendiente de reformas para hacer a Uruguay nuevamente atractivo para la inversión. Solo con deshilvanar la tela de araña de regulaciones que se han acumulado y superpuesto en el país se podría empezar a avanzar.