Continúa la polémica generada por la aprobación, en abril, de un decreto, reglamentario de la Ley de Pesca, que limitaba las posibilidades de investigación de los recursos hidrológicos y de los ecosistemas.

Ante los fuertes reclamos de los investigadores, encabezados por la misma Universidad de la República, el Poder Ejecutivo procedió a su modificación. Los cambios mejoraron el texto, pero subsiste la exigencia de que la publicación de los resultados de las investigaciones sea autorizada por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, dependencia especializada del Ministerio de Ganadería.

Llama la atención que se produzca esta batalla por la libertad de investigación y de difusión de los resultados en tiempos en que tanto énfasis se pone en la transparencia y en el acceso a la información y al conocimiento. En algún momento, autoridades gubernamentales afirmaron que las limitaciones impuestas por el decreto tenían que ver con la posible afectación de la seguridad económica nacional que se produciría de permitirse que las grandes potencias interesadas en la explotación pesquera tomaran contacto con los resultados de las investigaciones.

Sea que sean ciertos esos argumentos altruistas, o, en realidad los sean otros más oscuros, lo importante es que la polémica sirvió para mostrar que el esfuerzo mayor en la investigación sobre recursos acuáticos lo viene haciendo la Udelar, superando ampliamente lo que realiza el Estado.

Asimismo, sirve también para situar en primer plano la importancia del agua y de los recursos acuáticos. En este tema, lamentablemente, en los últimos años se constata un gran deterioro como consecuencia de prácticas productivas que se suman a la tradicional desidia de las autoridades y de la población. En referencia a las aguas continentales, las cuencas se han ido contaminando y hoy estamos ante situaciones gravísimas como la del río Santa Lucía, que abastece a la mitad de la población del país de agua potable.

Creemos que en el próximo gobierno se hace imperioso la creación de un Ministerio de Medio Ambiente que centralice todo lo referido a la temática del ambiente y de los recursos naturales. Hoy están desperdigadas las competencias sobre estos asuntos entre varias dependencias; habiéndose creado una Secretaría de Ambiente en la Presidencia de la República bajo el argumento de coordinar a los actores públicos competentes en la materia.

El tema del decreto sirve también para exponer la tendencia reiterada de amparar con acuerdos de confidencialidad situaciones que tienen la potencialidad de terminar afectando, para bien o para mal, la vida y los recursos de los uruguayos y de las futuras generaciones. Esto pudo verse con claridad en todo lo actuado con Aratirí, cuando bajo el pretexto de proteger información comercial, se quiso ocultar, por la administración Mujica, información que permitiría determinar las futuras consecuencias ambientales del proyecto.

Dicho ministerio deberá ser dotado de los recursos humanos, materiales y legales necesarios para cumplir con su responsabilidad. Esta con el paso de los meses y los años cobra mayor significación por la implicancia que tiene para la salud humana, la flora, la fauna y la viabilidad económica del país.