El mundo está empezando a imaginar cómo será el día después del coronavirus. Una vez que finalice su etapa expansiva, la economía mundial habrá caído a mínimos no conocidos desde la Segunda Guerra Mundial y, quien más, quien menos, enfrentará dificultades para ganarse la vida.

Buena parte del debate de estos días entre economistas, políticos y empresarios ronda sobre la manera más eficaz de organizar el aterrizaje (la economía mundial volaba a gran altura y velocidad, lo que beneficiaba a todos, pero especialmente a los más pobres) y ya empiezan a vislumbrar un nuevo despegue, esta vez ordenado y armonioso. En buena hora.

Queda, sin embargo, un debate pendiente y tiene que ver con las amplias facultades que algunos sectores de la política internacional han imaginado para los gobiernos en tiempos de pandemia, y la consiguiente invasión sobre la libertad de las personas.

Parecerá una majadería, pero estos arrebatos de autoritarismo nunca traen buenos resultados. Nadie cuestiona la conveniencia del aislamiento social, al menos como parte del plan, ni tampoco de la legitimidad de implementar medidas extremas que, en última instancia, le asiste al gobierno.

Lo que no parece razonable es que el discurso público soslaye casi por completo las externalidades negativas de semejantes políticas. No tanto en Uruguay, que cuenta con un gobierno a la vez sensible al sufrimiento humano y respetuoso de la libertad, pero sí en otros países donde las medidas de emergencia pueden parecerse peligrosamente al caos que preludia el asalto al poder.

En Argentina, el presidente Alberto Fernández consideró del caso darle más poder a los intendentes para controlar los precios, como parte del paquete para asegurar la cuarentena, que le ha generado ya algunos miles de detenidos.

Lo de “darle más poder a los intendentes” es una expresión que bien podría inscribirse en el género del humor negro. Por cierto, los argentinos sufren el aumento de los precios, pero los intendentes carecen de todo poder para controlarlos, por mucho que se empeñe un gobierno peronista en resolverlo a fuerza de decretos.

En España, donde los comunistas de Unidas Podemos comparten gobierno con el PSOE, algunos jerarcas no han ocultado la tentación de establecer el control de precios para productos de primera necesidad e insumos médicos (algo así como colocarle al enfermo la mascarilla de oxígeno y pisar la manguera al mismo tiempo), mientras que uno de los principales dirigentes podemitas, Juan Carlos Monedero, ha dicho llanamente que la pandemia es una buena oportunidad para… ¡“democratizar la economía”!

El “estado de alarma” ya faculta al Gobierno a requisar bienes e "intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza", con el objetivo de poner en manos del gobierno, de ser necesario, el control de la cadena de suministros necesarios para enfrentar la crisis sanitaria.

Como decía recientemente el economista español Daniel Lacalle, “si el gobierno controla la cadena de suministro, además de pandemia habrá hambruna”.

Tengamos presente el peligro de que estas ideas se conviertan nuevamente en pandemia y celebremos, por esta vez, que en Uruguay lo veamos de lejos.