La confirmación de la instalación de la segunda planta de celulosa de la empresa UPM es una buena noticia para nuestro país.

Es un paso más en el avance de la política forestal que comenzó a fines de los ochenta del siglo pasado y que fue continuada por gobiernos de los tres principales partidos políticos, con consecuencias relevantes sobre la estructura económica. Además, en la actual coyuntura de caída de la inversión y estancamiento económico, donde el desafío fiscal presiona fuerte los márgenes de maniobra, es un balón de oxígeno para el final del gobierno actual y para los primeros años del próximo.

El proceso por el que Uruguay siguió adelante una política forestal quizá fue más producto de la acción que del designio de los hombres, pero lo cierto es que por sedimentación se fue construyendo a lo largo de más de tres décadas. En un país poco propenso a las políticas de estado no es poca cosa. Desde las leyes de promoción forestal y de zona francas de 1987, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, pasando por la reforma portuaria en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, el tratado de protección de inversiones con Finlandia en 2004 y la aprobación de la primera planta de celulosa en la administración de Jorge Batlle, la aprobación de Montes del Plata en el período de José Mujica hasta la concreción actual de la segunda planta de UPM en el presente gobierno de Tabaré Vázquez, se puede rastrear un derrotero claro.

Este camino es el que ha permitido el anuncio de esta semana de la mayor inversión en la historia del país, por más de 3.000 millones de dólares con un impacto importante en el producto, en un momento en que la economía está estancada. En efecto, se estima que el empuje que puede darle al PIB esta inversión será 1,5 puntos el año próximo, 2 puntos para el 2021 y un punto adicional para el 2022. Se generarán 10.000 puestos de trabajo cuando venimos de cuatro años con más de 50.000 perdidos y se incrementarán las exportaciones en unos 1.000 millones de dólares.

Caben dentro del debate político los términos y condiciones acordados entre el gobierno y la empresa, pero la concreción de la iniciativa fue reconocida como positiva por los candidatos del gobierno y la oposición. Se muestra un avance en el grado de madurez de nuestro sistema político, ya que el anuncio de la primera planta de celulosa no recibió ese grado de acuerdo.

Indudablemente estamos, entonces, ante una buena noticia, pero que no debe hacer distraer al actual gobierno y a quien le toque a partir de marzo, de los dos grandes desafíos que tenemos por delante: lograr que la economía vuelva a crecer a tasas razonables y solucionar el problema fiscal explosivo que enfrentamos. En efecto, UPM ayudará a mejorar los números de crecimiento, pero no podemos quedarnos solo con eso. Debemos mejorar las condiciones generales de competitividad de la economía para que se generen otros tipos de inversiones que impulsen el crecimiento económico. Por otro lado, el problema de un déficit fiscal que se acerca al 5% y una deuda que crece como consecuencia de ese nivel de desequilibrio debe afrontarse más temprano que tarde. Con los pies en la tierra, celebremos lo que es un logro para el país sin perder de visto los grandes desafíos que tenemos delante.