El país ha hecho un esfuerzo para mejorar el sistema de la salud, lo que es reconocido por los propios usuarios. No obstante, es crucial señalar que, si no se abordan de manera efectiva algunos problemas estructurales, como la incorporación de tecnología sanitaria de última generación o el manejo ineficiente de los recursos, podría comprometerse no solo la sostenibilidad del sistema, sino también el principio de equidad de los servicios de salud.

Un reciente estudio de Ceres evidenció los inconvenientes que existen en torno a los medicamentos de alto costo, que son la dificultad más visible en el acceso a la tecnología médica que reclaman los uruguayos.

El aumento de la tendencia de acceder a fármacos avanzados para el tratamiento de cáncer y enfermedades inmunológicas e infecciosas a través de la vía judicial es una seria dificultad, además de una distorsión en relación con las funciones que corresponden a la institucionalidad de la salud, y una señal muy clara al mismo tiempo de las fallas del sistema.

Pero el asunto es mucho más complejo, pues involucra la gestión de los recursos de la salud en general, así como la evaluación y acceso a la tecnología sanitaria, cuyos costos siempre representan un reto para las finanzas públicas.

De 2016 a 2022, aumentaron los recursos de amparo presentados en la Justicia por parte de pacientes que no pueden acceder a determinada medicación porque no está incluida en la lista de fármacos autorizados. En esos seis años, los reclamos judiciales se multiplicaron por 14; un 71% se trató propiamente de fármacos y 29% de procedimientos o dispositivos terapéuticos.

El recurso de amparo es una garantía jurídica que puede activar una persona que se siente afectada en cuanto a la supuesta pérdida de derechos y pide protección a la Justicia. En el caso de análisis, el acceso a un medicamento del cual depende su vida. Las estadísticas muestran que los reclamos son ampliamente favorables a los litigantes (superior al 80% en 2019 y 2020, y cerca de 90% en 2021 y 2022).

Si bien muchas acciones de amparo son tramitadas a través del Consultorio Jurídico de UdelaR, no todos los usuarios tienen las mismas posibilidades de acceso a estos recursos. Desde la Alianza de Pacientes del Uruguay se destaca que el proceso es altamente angustiante y requiere, entre otras cosas, de la guía y el involucramiento del médico tratante. Incluso cuando el medicamento es disponible por la vía administrativa, es el paciente quien debe gestionarse a sí mismo y liderar un proceso complejo y emocionalmente muy desafiante.

La disposición a proteger a los demandantes es natural. No llama la atención que en la “Radiografía Parlamentaria” de Ceres, que recogió la opinión de los actuales legisladores sobre temas de importancia del país, el 85% consideró que las personas deberían acceder gratuitamente a los medicamentos de alto costo, sin diferencias significativas entre el oficialismo y la oposición.

De los cerca de 100 millones de dólares que se gasta en medicamentos de alto costo, la mitad responde a la gestión del Fondo Nacional de Recursos y la otra mitad a los fallos judiciales (en 2022 hubo casi 1500 juicios sobre el asunto).

En los hechos, la Justicia, aun en cumplimiento de sus potestades constitucionales, termina involucrada en una suerte de cogobierno en materia de acceso a fármacos de alto costo, lo que distorsiona tanto el manejo fiscal como el de la sanidad a cargo del Poder Ejecutivo. Es importante agregar que los medicamentos de alto costo entregados por vía judicial no tienen un seguimiento que permita a la autoridad sanitaria conocer la evolución del paciente, a diferencia de lo que sí ocurre con aquellos que se accede por vía administrativa.

El nivel del gasto en salud del país, 9,5% del PBI, cumple con los estándares internacionales y recomendaciones de organismos como la Organización Panamericana de la Salud, y habla del esfuerzo por honrar su asentado estado de bienestar. El número frío, sin embargo, oculta un problema que comparten referentes del sector: los recursos son adecuados, pero no se utilizan de una manera eficiente.

Tal cual están las cosas, la salud se está convirtiendo en un sistema difícil de sostener en el tiempo y si bien la atención tiene un carácter universal, está lejos de asegurar la equidad de los servicios que reciben los usuarios. No está bien que como sociedad normalicemos que el Poder Judicial haga las veces de autoridad sanitaria, lo que distorsiona el papel central del Poder Ejecutivo en las políticas de salud del país, el iceberg de un problema más de fondo como es el acceso e inclusión de tecnología médica de punta.

Las reformas requeridas incluyen, como sugieren los especialistas consultados, dotar de mayor jerarquía a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Uruguay. En ese sentido, rescatar su función esencialmente técnica e independiente e imprimir más dinamismo al organismo en aspectos de investigación, monitoreo, evaluación y comunicación. Su rol es clave para cerrar la brecha entre el avance de la ciencia y la inclusión de nuevos medicamentos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos.

También es necesario avanzar en una organización de la salud centrada en los usuarios, donde los prestadores compitan, y existan centros asistenciales especializados que respondan a las necesidades de todo el territorio nacional; con la mira puesta en dar respuestas más rápidas a la incesante innovación tecnológica que se corre de atrás.

Si bien hay consenso sobre la relativamente buena calidad de nuestro sistema de salud, es necesario introducir cambios, entre ellos, atender el grave problema del acceso y el financiamiento de los medicamentos de alto costo, que incluye la distorsión que significa la judicialización, y, más en general, un uso más eficiente de los recursos públicos.

Una mejor versión del Sistema Nacional Integrado de Salud exige pensar nuevas políticas públicas para proteger con más equidad a la salud como un derecho humano universal consagrado en nuestro régimen jurídico.