Si de algo pecamos, es de exceso de republicanismo. Somos culpables como gobierno de tomar siempre el camino que más se apega a la ley, que más garantías ofrece y que más nos otorga legitimidad. Si, tenemos una obsesión con la legitimidad.

Suele ser el camino más complejo, pero nada ofrece más tranquilidad a la hora de apoyar la cabeza en la almohada que haber actuado en cumplimiento del mandato del Pueblo o el de sus representantes.

Aristóteles, y también Santo Tomás de Aquino, expresaban que la virtud es un hábito, una disposición adquirida de la voluntad a través de la costumbre y el ejercicio constante. Terminamos acostumbrándonos a algo cuando repetidamente obramos de manera tal que se convierte en un hábito de nuestra conducta. La virtud no se nos da en firma innata, es una construcción coherente. Innatas son las pasiones, los instintos, las tendencias. Si no, sería muy sencillo ser virtuosos, se daría por el solo hecho de nacer. Pero no, hay que construir virtud desde la coherencia y la constancia. Como este gobierno.

Por eso cuando hace unos días llegó al Parlamento un proyecto de ley por el cual se quería dar garantías a la hora de limitar transitoriamente y por razones de salud pública, el derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución, nuestro camino fue el de la legalidad impregnada de garantías.

Fuimos coherentes. Defendimos la libertad desde la génesis misma de nuestra historia, la defendimos en el pensamiento, en la revolución, en la oposición y en el gobierno.

Desde esa visión planteamos una libertad responsable, que supiera ejercerse sin vulnerar otros derechos ni dañarse a si misma. Empapada de esa concepción fue la decisión de suspender por ley las aglomeraciones cuando generen un notorio riesgo sanitario y por un plazo de sesenta días (prorrogable solo una vez por treinta días más). Porque cada uruguayo, en ejercicio de su real saber y entender, podrá reunirse con quien quiera, donde quiera, a la hora que quiera. Solo que ese derecho de reunión no es absoluto frente a otras personas, es relacional, como nos enseñan los juristas, porque puede afectar derechos y libertades de los demás, e incluso la salud pública.

Este gobierno no salió “cobrando al grito” de actores políticos, o sindicatos que exclamaban cuarentena obligatoria. Porque ellos quedaron en offside cuando se demostró por la vía de los hechos que no era el camino, y nuevamente quedaron expuestos en su incoherencia cuando al pasar más de nueve meses de aquellos reclamos se horrorizan, o actúan como si así fuera, porque se limita circunstancialmente el derecho de reunión en algún caso (el “derecho de aglomeración” por decirlo de alguna manera, si es que cabe y en aras de ser más específico).

Aunque cueste creerlo hay quienes decían durante el debate parlamentario (quiero pensar que para la tribuna ya que de lo contrario el debate sería otro) cosas como “peligro para la democracia”, “recorte a libertades”, “atentado contra el derecho de asociación”, “excusa para atropellar derechos” y la infaltable del manual de todo buen revolucionario de Twitter: “una herramienta represiva”.

Hacen gala de una interpretación tendenciosa funcional a la construcción de su relato, interpretan una épica contra atropellos que no existen, llegando al punto tal de la romantización de la mentira.

Como gobierno no queremos el camino más rápido, queremos el camino correcto. Ese que da mas garantías y legitimidad.

Y se nota, tal vez por eso hace unos días un amigo argentino que vive en Uruguay me dijo: “Bien el Presidente, pasó por el Congreso el tema de las aglomeraciones, en vez de sacarlo por decreto”. Y faltaría a la verdad si dijera que no se me infla pecho de orgullo cuando se reconoce el apego a nuestras más profundas convicciones republicanas.

Otros hubieran echado mano a la Ley 18.621 que crea el Sistema Nacional de Emergencias (convenientemente además ya que se votó durante el gobierno del Frente Amplio) y da herramientas muy amplias para accionar, otros hubieran tirado el fardo a los Gobiernos Departamentales para que en cumplimiento de la Ley Orgánica Municipal, la 9.515, ejerciera un rol de policía sanitaria. Pero no, este gobierno va por donde más se fortalece una Democracia, por donde el debate es expresión de todas las voces, en definitiva por donde hay que ir.

Ese ámbito parlamentario es el ágora donde tenemos la responsabilidad de explicar a la sociedad los fundamentos y visiones de una decisión legislativa. Donde la nutrimos de legitimidad de ejercicio que retroalimente la legitimidad de origen.

No tribuneamos, porque los tiempos que vivimos nos reclaman que estemos a la altura de las circunstancias y actuemos con mesura. Mesura que no tienen actores que intentan apagar un incendio con nafta, los agoreros del mal, los coleccionistas de adjetivos demagógicos y oportunistas, los que creen tener el monopolio de la concepción republicana y la sensibilidad social, los que aplauden dictaduras en otros países maquillándolas de poder popular y acá dan manija contra el poder legítimo.

¿O acaso cuando no quieren empoderar a la Policía, institución legitima y natural a la hora de ejercer controles, no están evidenciando que quieren legislar desde la patología y el prejuicio?

Es el estigma hecho política, que se escribe con “p” minúscula, es la ideología puesta al servicio de la visión legislativa. Es todo lo que nos aparta del camino correcto.

Un 2 de enero como hoy, pero de 1865, caía Leandro Gómez para elevarse más alto que nunca en la defensa de la heroica Paysandú.

Valor, soberanía, libertad, amor a la Patria, son principios que heredamos desde el fondo de nuestra historia y que forman parte de nuestro ADN político, retumbando hoy con una vigencia incuestionable.

Por ellos somos lo que somos, coherentes con nuestra identidad desde la virtud. Por ellos hacemos lo que hacemos, sin medir costos ni beneficios, hacerlo sería ir en contra de lo que nos mandata nuestra propia historia: en nuestra ley …¡hasta sucumbir!