El escrache mediático por denuncias de orden sexual es una epidemia en Buenos Aires. Sin defender ni a unos ni otros, lo que es inaceptable es que se desprecie el debido proceso y la reserva de la identidad del acusado.

Es una práctica que se está extendiendo hacia otros ámbitos de la vida, el estado de derecho se ignora completamente, cada periodista, cada individuo invitado a los talk shows o programas informativos o de cualquier índole se constituye en juez parcial. Cada persona tiene derecho a tener sus propios principios éticos o morales, pero los sociales son aquellos incluidos en la Constitución y las leyes y deben respetarse de modo de evitar el caos social.

Muchas son las normas jurídicas que, a lo largo de nuestra vida, nos parecerán reñidas con principios éticos, inmediatamente nos surgen varias a poco que pensemos sobre el asunto, sin embargo deben respetarse mientras estén vigentes, sin perjuicio de luchar cada uno desde su lugar para lograr los cambios ansiados. La proliferación de las comisiones éticas también constituye un peligro latente ya que no se es juzgado por razones de legalidad sino de convicción y de acuerdo con el orden de valores propio de los miembros de la comisión de que se trate y no el derivado del pacto social.

Ya son varios los denunciados en la Argentina por violencia doméstica, por acoso y aún por violación, que por el solo hecho de serlo son sometidos al escarnio público sin que haya habido un juicio y en casi todos los casos ni siquiera una denuncia ante autoridad competente. El acusado ya está "sentenciado", los profesionales se rehúsan a la defensa, los productores, en caso de actores, dejan de contratarlos, personas han sido separadas de cargos, todo sin sentencia firme y así se destruye en días la reputación de la persona, su familia y sus oportunidades de trabajo. La pregunta más frecuente en los medios es si se cree o no en la denuncia o si se percibe como creíble la defensa del acusado. No se trata de creer o no creer, se trata de realizar un proceso judicial en el marco de la normativa vigente y tratar con seriedad los hechos.

El linchamiento mediático no solo podría ser injusto con quien ha sido acusado, sino que lo más grave es que banaliza un hecho deleznable, sea que se trate de violencia física, psicológica o sexual o incluso si se habla de delitos económicos perpetrados por personas públicas. Se ha llegado, incluso, en algunos casos a que el denunciado termine por realizar denuncia contra la denunciante por injurias; todo de locos.

El decaimiento del estado de derecho, el descrédito hacia lo jurídico, fomentado por figuras públicas, lleva a un estado de incertidumbre, que hoy le puede tocar a unos y luego a otros. Innumerables son los casos de abuso de poder real concretado de diversas formas de relación de superioridad-inferioridad, que podamos imaginar. Es un tema grave que debe ser tratado con seriedad y sancionados los abusadores con la firmeza de la ley. Trivializar estos temas solo dañará a las verdaderas víctimas y hará víctimas a quienes han sido acusados de victimarios sin pruebas. Arma poderosa la denuncia si solo con ella se puede destruir la reputación y la vida de alguien. No al abuso violento de poder físico, psicológico o sexual y con el mismo énfasis, no al abuso del linchamiento mediático.