La estrategia del gobierno de no haber confrontado con los impulsores del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) tuvo sus fundamentos históricos.

En 1989, el Frente Amplio y un sector del Partido Nacional juntaron firmas para derogar la Ley de Caducidad.

El entonces presidente Julio María Sanguinetti dio voz activa y enérgica en contra de esa iniciativa, pero las firmas alcanzaron y la ley fue sometida a una votación (que, sin embargo, terminó confirmándola).

En 1992, el Frente Amplio inició su cruzada contra la Ley de Empresas Públicas del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, apelando al mecanismo de dos convocatorias. Como en la primera de ellas no se alcanzaron las adhesiones necesarias, el entonces director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), ingeniero Carlos Cat, cometió un memorable error de comunicación: declaró a la prensa que ese resultado representaba un espaldarazo para el gobierno. En ocasión de la segunda convocatoria, las adhesiones al referéndum se multiplicaron y los detractores de la ley lograron habilitar el recurso. Un sector del Partido Colorado se sumó al rechazo a la norma y esta terminó cayendo por la voluntad del soberano.

Uno y otro antecedentes demostraron que no hay mejor propaganda para una iniciativa contestataria que su cuestionamiento por parte de quien ejerce el poder.

Esto no es casual. Tiene que ver con una rebeldía a la autoridad instalada en el ADN de los uruguayos, posible herencia de varias generaciones de antepasados: los que echaron a ingleses, españoles y luso-brasileños en heroicas gestas. Los que siguieron a Artigas en el éxodo. Los que más tarde se enfrentaron a muerte en luchas fratricidas. Los que luego, en distintas oleadas, bajaron de los barcos, trayendo de Europa sus ideales anarquistas.

Oponerse a una rebelión, desde el poder, no paga. Por eso el gobierno se abstuvo de hacer campaña en defensa de los 135 artículos de su ley, lo que para algunos (me incluyo) tuvo también un componente de omisión. Cuando aún se dudaba de que las firmas alcanzaran, manifesté en estas páginas mi preocupación ante una campaña prorreferéndum muy intensa, basada en falsedades y tergiversaciones. Expresé que si la coalición republicana seguía guardando silencio, les allanaría el camino.

Parece que ocurrió más o menos eso.

Como en aquel otro referéndum por la Ley de Ancap de 2003, durante el gobierno de Jorge Batlle, el Frente Amplio se subió aquí al tren de una iniciativa sindical. Se recordará que en aquellos tiempos, el entonces ministro de Economía Alejandro Atchugarry había enviado al parlamento un proyecto de ley de artículo único, que lisa y llanamente derogaba el monopolio de Ancap en la importación de combustibles. En la negociación parlamentaria se impusieron las modificaciones redactadas por tres legisladores frenteamplistas, Astori, Couriel y Rubio, en el sentido de habilitar a Ancap a asociarse con privados. Pero los afiliados a la Federación de trabajadores del ente lograron el visto bueno del entonces líder opositor, Tabaré Vázquez, y así fue como el Frente Amplio salió a juntar firmas por la derogación de una ley que sus propios dirigentes habían corredactado.

Ahora pasó algo bastante similar.

El Pit-Cnt iba contra toda la LUC y obtener la adhesión del Frente Amplio a la iniciativa le llevó meses de negociaciones, hasta que coincidieron en 135 artículos impugnables. Pero así y todo, cuatro de estos fueron votados por quienes ahora juntaron firmas para derogarlos. Y los argumentos utilizados a ese efecto han sido a veces meramente retóricos. Por ejemplo, se pretende hacer creer que la LUC atenta contra la libertad de cátedra de los docentes, cuando en realidad lo que hace es consagrarla. O se dice que habilita “desalojos express”, cuando en realidad otorga una opción a los inquilinos de llegar a acuerdos con los propietarios, para alquilar sin necesidad de presentar garantía.

Fueron muchas interpretaciones falaces, que paradójicamente resultaron avaladas y amparadas por el autoimpuesto silencio oficialista.

Pero ahora no cabe llorar sobre la leche derramada. No queda otra que convertir esta crisis en una oportunidad y empezar a trabajar desde ya, aún antes de que la Corte confirme el referéndum, para formalizar un debate entre las dos maneras de entender la gestión pública. Refutar una por una las imputaciones que se hacen a los artículos de la ley y librar de una vez la batalla cultural que rara vez asoma en el debate público. El imprescindible duelo entre la concepción liberal y republicana y aquella que abreva en el dirigismo estatal y el paradigma colectivista. No bajando invectivas desde las alturas del poder ni profiriendo insultos ferreteros, que lo que hacen es fortalecer al adversario. No. El camino es otro. Es debatir horizontalmente en forma honesta, profunda y sin concesiones.

Mientras vemos por televisión en qué quedó aquel país que nos quisieron vender como paraíso socialista, los cánticos callejeros de sus sufridos ciudadanos deberían ser nuestro leitmotiv: libertad, libertad, libertad.