Redacción El País
En qué están las mesas de innovación que el Banco Central (BCU) puso en marcha con actores del sistema financiero y de pagos? De allí que espera que surjan propuestas, en las que se tratan temas como el open banking (banca abierta) y el crowdfunding (financiamiento colectivo), entre otros.

Los participantes de las mesas de trabajo, que integran diferentes agentes del sector financiero, deben elaborar propuestas para luego analizarlas en conjunto y, posteriormente, enviar el resultado al BCU. Se espera que la labor de las mesas quede concluida para fin de año, indicaron participantes de las mismas a El País.

La mesa sobre finanzas abiertas es liderada por la Cámara Uruguaya de Fintech, la Asociación de Bancos Privados (ABPU) y PwC. A esta, la integran 105 personas.

En el comienzo de su administración, el presidente del BCU, Diego Labat, ya había dicho su intención de impulsar la banca abierta en Uruguay pero, si bien esta innovación en el sistema traería beneficios para los usuarios por la posible generación de productos más personalizados, había que cuidar que se desarrollara en un “terreno nivelado”.

Los bancos, como “guardianes de la información” de sus clientes, deberían contar con certezas regulatorias sobre qué datos se pueden “abrir”, además de fijar quién se hace cargo de los costos operativos de los mismos, sumado al valor agregado del análisis ya hecho por estas instituciones.

En 2021 se habían llevado a cabo las primeras mesas sobre este tema, pero luego no se difundió ningún resultado.

El País se comunicó con uno de los líderes de la nueva mesa constituida este año, el presidente de la Cámara de Fintech, Rodrigo Tumaian, quien explicó que se trabajan en tres ejes destinados a dos casos de uso.

Los ejes temáticos son: el consentimiento -se analiza cuál es el alcance del mismo una vez dado por el usuario-, el alcance de los datos -se analiza cuáles son los datos que se requieren compartir- y las figuras reguladas específicas -qué instituciones pueden acceder a los datos-.

Uno de los casos de uso a los que apuntan, es la iniciación de pagos, que provee una infraestructura de métodos de pago, que reduce la cantidad de intermediarios y abarata costos para el comercio. Esto acompaña el gran hito del BCU, para el cierre de este año, que es el lanzamiento de pagos instantáneos con el celular. A su vez, el otro caso de uso, es el scoring crediticio, con el cual las instituciones que otorgan créditos forman un perfil del usuario para conocer su capacidad de repago.

Por otra parte, el BCU en 2021 había emitido la reglamentación para el crowdfunding, pero a pesar del interés del regulador en impulsar esta actividad, los resultados fueron nulos ya que faltaron interesados en establecer este tipo de plataformas en el país, en aquel momento.

Sin embargo, otra de las mesas de innovación financiera trabaja para impulsar esta estrategia de inversión.

Sobre esto, el líder de la mesa y cofundador de Crowder, Guillermo Rodríguez, señaló que al momento de salir la regulación “nadie levantó el centro”, pero que aún “hay un interés importante de que esto salga” por parte del Central.

Esta mesa es la que cuenta con menos integrantes -25 instituciones representadas- pero, según Rodríguez, hay una buena representación de los sectores, ya que hay diferentes actores del mercado de capitales, bolsas de valores, bancos, organismos públicos de promoción del emprendedurismo e innovación, fintechs, entre otros.

Una de las principales críticas que habían surgido al salir la regulación de esta estrategia de inversión, fue el triple rol que cumplirían las plataformas. Lo que sucede, es que la entidad administradora es registrante, agente de pago y representante de los tenedores de valores, cumpliendo un triple rol, que en las emisiones comunes se canalizan en distintos agentes y contratos. No obstante, Rodríguez señaló que no lo ven “tan mal”, pero que, si deben asumir esas responsabilidades, deben ayudarlos a “impulsar” la actividad.

En tanto, destacó que el foco principal de las propuestas de su organización se encuentra en los límites que establece la regulación sobre los montos de emisión y facturación para participar del crowdfunding. Este es de 10 millones de unidades indexadas (UI), equivalente a US$ 1,5 millones. Según Rodríguez, ese monto es bajo, no solo en Uruguay, sino que en los países que comenzaron regulando con ese monto, al poco tiempo lo aumentaron, por lo que debería ser entre US$ 3 millones y US$ 5 millones.

A su vez, opinó que el “límite de facturación también es una cosa que no tiene mucha lógica, porque el mensaje es que si sos grande tenés que ir a la bolsa a emitir”. El límite de facturación es de 75 millones de UI, excluyendo el IVA, en sus dos últimos ejercicios económicos, lo que equivale a unos US$ 11,25 millones. Para el líder de la mesa, este límite debería ser eliminado.

Por otra parte, señaló que se “necesita” que se elimine la prohibición para las sociedades por acciones simplificadas (SAS) de hacer oferta pública de sus acciones. En esta línea, sostuvo que hay “falta de congruencia”, ya que se busca impulsar el mercado de capitales y el emprendedurismo, pero no se permite que estas empresas accedan al crowdfunding.