IMPUESTOS

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El mundo avanza en un cambio en la política fiscal global, el “último bastión de soberanía de los países”, al decir del asesor fiscal internacional, Alberto Barreix. Uruguay por un lado acordó con otros 136 países implementar un impuesto mínimo global a la renta de las empresas y definir cómo gravar la economía digital y del conocimiento. 

Por otro lado, Uruguay se comprometió a implementar cambios tributarios ante la Unión Europea (UE). ¿Cuál es el tenor de estos cambios? ¿A qué sanciones se expone Uruguay si no sigue lo que le pide la UE? ¿Cuál es la estrategia que seguirá el gobierno?

Todas esas respuestas, las dio una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que compareció la semana pasada ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La UE identificó que Uruguay tiene regímenes nocivos de exención de ingreso de fuente extranjera. Entre algunos expertos se afirmó que esto (en empresas y personas físicas) y no sigue el criterio de renta mundial (gravar la renta de empresas y personas residentes, sin importar donde se origine).

El pasado 7 de octubre, El País publicó que la característica nociva del régimen es que “la legislación uruguaya no exige que las empresas cumplan con los requisitos de sustancia, ya sea por ingresos nacionales o por ingresos generados en el exterior”, según señaló a El País un funcionario de la UE en Bruselas.

La directora de la Asesoría Tributaria del MEF, Pía Biestro indicó ante la comisión que “el 16 de julio de 2021, tuvimos una reunión técnica con el grupo del Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas de la UE y nos plantearon que los aspectos potencialmente nocivos dentro de nuestro régimen serían el ringfencing -si hay un tratamiento más beneficioso únicamente para no residentes o relacionado con operaciones con no residentes- y algún tema de sustancia, y que el foco estaba en las renta pasivas”.

“¿Por qué está en las rentas pasivas? Porque son las rentas que son fácilmente deslocalizables de un Estado a otro que tenga algún régimen tributario más beneficioso. ¿Qué se entiende por rentas pasivas? Intereses, regalías y dividendos”, añadió.

Así, una empresa internacional puede establecer una oficina en Uruguay para cobrar derechos por explotación de su marca en el exterior, pero en realidad el desarrollo de esa marca o patente no se hizo ni se hace en Uruguay. Simplemente se utiliza la firma de Uruguay para facturar y evitar el pago de impuestos en el país de origen.

“Por lo tanto, el foco mayoritariamente está en esas rentas pasivas que no cumplen con los estándares de sustancia. Está muy limitado y muy circunscripto el foco o la observación que realiza la Unión Europea”, afirmó Biestro.

Entonces, “¿cuáles son las soluciones o cuáles son las alternativas que nos da la UE respecto a este tema? La guía del Código de Conducta sobre Fiscalidad de las Empresas sobre regímenes de exención de ingresos de fuente extranjera, para el caso de las rentas pasivas, propone gravar algunos tipos en el exterior, mayoritariamente las que se obtienen sin tener sustancia económica o presencia económica significativa en el país, o exonerar algún tipo de renta pasiva, siempre que se implementen requisitos de sustancia, se tengan reglas antiabusos robustas y no haya discrecionalidad administrativa en el otorgamiento de los beneficios”, explicó Biestro.

“¿A qué voy con esto? No necesariamente nuestro país tiene que ir a un criterio de renta mundial. Esta evaluación no implica que Uruguay vaya a gravar todas las rentas empresariales, tanto las que se generan en Uruguay como las que se generan en el exterior. No necesariamente implica esto”, aseguró.

El diputado de la coalición gobernante, Eduardo Lust (Cabildo Abierto) preguntó qué pasaría si Uruguay no acata lo que pide la UE y también la emprendió contra ese bloque (ver aparte).

La asesora de la Dirección General Impositiva (DGI), Catalina Camejo dijo que “obviamente que está el tema reputacional” y además “el riesgo puntual al que se enfrentan las jurisdicciones denominadas como no cooperantes es que los países miembros de la Unión Europea tomen medidas defensivas, tributarias y no tributarias, cuando sus contribuyentes operen con estas jurisdicciones”.

Agregó que eso implica que “los contribuyentes que operen con estas jurisdicciones consideradas como no cooperantes se perciben como más riesgosos para la administración tributaria (europea). Entonces, se recomienda reforzar las medidas de control sobre estos contribuyentes o, por ejemplo, aplicar medidas concretas a nivel de normativa o a nivel de práctica tributaria de no permitir la deducibilidad de los costos cuando se paguen gastos o costos hacia esas jurisdicciones, así como establecer requisitos adicionales de documentación, por ejemplo, que deban presentar los contribuyentes”.

Biestro complementó que “dentro de las consecuencias no tributarias una de las principales son las pérdidas de preferencias comerciales, algo que no es menor para nuestro país con respecto a la relación comercial que tenemos con la Unión Europea”.

Entonces, ¿qué estrategia seguirá el gobierno uruguayo?

El subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza dijo que “hay que ir negociando de a poco, no cediendo todo, pero a veces concediendo algo. Esa es la mejor forma para seguir manteniendo los vínculos comerciales, inversiones, con la Unión Europea. De lo contrario, ello generaría otros problemas que impacta en el Uruguay”.

Biestro explicó que “la primera etapa es de diagnóstico y va a finalizar el 31 de marzo del año que viene; en ella vamos a hacer un análisis de la normativa interna, identificar las disposiciones normativas que deberíamos modificar, separándolas por categorías de tipo de renta, y analizar las diferente cláusulas antiabuso y la legislación comparada al respecto”.

Añadió que “la segunda etapa sería la de diseño de la redacción de los proyectos de ley y de decretos reglamentarios que sería necesario modificar para cumplir con esto. La idea es tenerlo para el 30 de junio de 2022. Después, viene la implementación, que viene después de la entrada en vigencia de las medidas, o sea que está previsto para el año 2024, ya que al estar las medidas implementadas a partir del 1° de enero de 2023, la mayoría de los ejercicios van a cerrar el 31 de diciembre de 2023, presentan sus primeras declaraciones juradas a abril de 2024 y se prevé la introducción de nuevas obligaciones de carácter formal para los contribuyentes, diseños y modificaciones de formularios para dar cumplimiento formal a eso”.

Lust: "Europa es el continente más criminal de la historia"

"Desde que nacieron se están matando entre ellos"

El diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust se refirió a “las calificaciones de organizaciones extranjeras” como la UE que “nos vienen a juzgar cuando ellos no tienen legitimidad para juzgar a nadie -es una opinión personal-, pero el mundo está organizado para que nos juzguen, y viene gente a ponernos nota que, después, hace lo que quiere en sus continentes. La prueba está en que Europa es el peor ejemplo de convivencia humana porque es el continente más criminal de la historia. Desde que nacieron se están matando entre ellos”.