Defensa de la competencia

El investigador Sebastián Fleitas analiza las regulaciones de la competencia.

Se especializa en "organización industrial": busca entender cómo funcionan los mercados y de sus posibles funcionamientos o regulaciones alternativas. Esta tarea lleva a Sebastián Fleitas a estudiar las especificidades y contextos de un mercado, establecer un modelo teórico de cómo funciona y después estimar los parámetros relevantes (como la función de demanda, los costos de las empresas y el comportamiento estratégico de los actores).

Con esa información, Fleitas puede analizar cómo diferentes cambios (entrada de nuevos competidores, cambios en las preferencias de los consumidores o en la regulación) afectan variables relevantes como los precios y el bienestar general. Este economista uruguayo, que se doctoró en Economía en la Universidad de Arizona (EE.UU.) y es profesor asistente en la Universidad de Lovaina (Bélgica), dialogó con El País sobre aspectos clave para la competencia en Uruguay, los aspectos a mejorar en el sector público y privado y sobre cómo abordar la disrupción de plataformas como Uber.

—¿Cómo evalúa el nivel de competencia en Uruguay?

—Desde comienzos de siglo y a partir de 2007 con la ley 18.159 el nivel de competencia de la economía uruguaya ha ido mejorando. Gracias a los aportes de mucha gente y la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) hay conciencia de que el juego competitivo no se basa solo en la cantidad de actores o el tamaño del mercado sino en las prácticas. En eso hubo avances: hay algunas prácticas que la Comisión ha marcado; antes había una fantasía de que se podía coludir pero ya quedó claro que está mal y es un delito. Igual todavía hay espacio para recorrer y faltan reguladores profesionales.

—¿Cómo ve las potestades que tiene la CPDC y su rol?

—Creo que, para la dotación de recursos que tiene, la Comisión hace un buen trabajo. Sus problemas son dos. Uno, que está metida muy adentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y eso le quita un poco de independencia, quizás sea mejor darle una institucionalidad propia. El otro punto es la dotación de recursos (ver abajo), porque cuanto más trabajo se le agrega, más gente tiene que tener capacitada. Debe contratar cuadros técnicos más fuertes, con más peso.

—Hace unos años cuando la inflación llegó al 10% el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció que estudiaría algunos sectores para ver si irregularidades. ¿Cómo es ese vínculo entre suba de precios y competencia?

—La inflación es: dado un nivel de precios, cómo evolucionan esos precios en el tiempo; responde a factores macroeconómicos. La competencia va por otro camino; en todo caso puede afectar el nivel de precios. Viví seis años en EE.UU. y compraba la misma marca de vaqueros a US$ 40, y en Uruguay la misma marca debo pagarla cerca de US$ 100. En eso creo que la competencia en parte juega, como juegan los impuestos y los costos. En cuanto al nivel de precios hay cosas que desde la competencia se pueden hacer, pero monitorear si el vaquero va subiendo de precio porque el dólar está al alza y la inflación acá se acentúa es una tarea del Banco Central (BCU).

—¿Qué medidas cree que se podrían implementar?

—Hay cosas para hacer que no cuestan plata o casi nada. Una muy sencilla se ve en Europa cuando vas a un supermercado; allá ves el precio por unidad. Acá en Uruguay es oscuro entender cuánto sale la bebida de medio litro comparada con la de un litro y medio o la de envase retornable. No tenés idea de cuánto te están costando las cosas; eso es opaco. Resolver que a partir de ahora todas las empresas deban poner el costo por unidad de medida en la etiqueta es de bajo costo y alto impacto, porque los consumidores tienen estos problemas de costo de cambio o reputacional... Por ejemplo, muchas veces asocian hipoclorito con una marca y pierden la noción de que capaz que están pagando mucho más por lo mismo. La regulación podría ofrecer información y decir este hipoclorito y este otro hacen lo mismo, la composición técnica de los dos es la misma.

—¿Está bien qué haya sectores regulados por otros organismos (como BCU, Ursea, Ursec) y que Defensa de la Competencia no tenga total actuación?

—Todo concentrado en un organismo solo no existe en ninguna parte del mundo, sería muy difícil de implementar, porque hay que estar cerca del entorno. En EE.UU. la regulación del medio ambiente o de la energía son organismos aparte, por ejemplo. Lo que creo que en Uruguay hace falta es reorganizar un poquito, porque a veces pasa que operan diferentes organismos. En la salud (que es un sector muy grande de la economía, un 9% del Producto Interno Bruto), parte de la regulación está en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y otra en el MEF. Ahí ya hay dos equipos de gente trabajando; creo que habría que represar un poco estos temas.

—¿Qué modelo de gestión y gobernanza de empresas públicas debería mirar Uruguay?

—Me parece que tenemos que separar la parte del Estado dueño o accionista de empresas públicas de la parte del Estado que tiene que regular el mercado, que puede ser la Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua). En Ancap los dueños somos todos y podemos quedar un poquito difusos como accionistas, pero si se determina que el objetivo de ganancia es 5% o 7%, con esa meta y un plan de inversiones a cinco años, la gerencia implementa y el regulador tendría que mirar y poner precios de combustible que hacen al plan del accionista correcto. Hay que separar, porque si no nos pasa que los precios se terminan definiendo entre la empresa y el MEF y el regulador hoy no dice mucho o nada. Eso genera siempre más opacidad. En el corto plazo puede tener ventajas, porque a veces los precios se usan para controlar la inflación o el déficit fiscal, pero en el largo o mediano plazo tener reglas claras sobre cómo funcionan los mercados es más transparente.

—¿Puede ser una solución que las empresas públicas abran su capital en la bolsa?

—Hay que evitar el realismo mágico de decir: "ponemos a Ancap a cotizar en bolsa y esto soluciona todos los problemas" o "traemos el combustible libre importado y eso soluciona todo". Me parece que el problema de gestión de cómo los accionistas interactúan con la gestión de la empresa va a estar presente así el paquete accionario sea 100% del Estado o solo un porcentaje y el resto de privados. Los planteos pueden estar bien, hay que discutirlos, pero no solucionan problemas mágicamente.

—¿Cómo ve la participación de empresas como Ancap o Antel en negocios fuera de su órbita?

—A priori no lo veo mal, pero me parece que es caso a caso. Cuando me enteré de que Ancap producía perfumes me parecía muy mal y hoy tenemos un tema con que Ancap produce portland. Hay que estudiarlo seriamente porque pierde un montón de plata y genera efectos en el mercado en que participa. Por más que el precio al que vende es el precio del mercado ese precio está directamente influenciado por Ancap. Entonces, si Ancap llegara a ser el más ineficiente estaría haciendo que los precios fueran más caros favoreciendo a actores privados e incrementando el precio para el consumidor. Eso hay que mirarlo y evaluar si es eficiente. No tiene sentido que el Estado participe en cosas ineficientes generando distorsión en el mercado.

—En el nuevo proyecto de ley de defensa de la competencia, el cambio más relevante parece ser la efectivización de un control previo ante determinadas fusiones que impliquen una concentración económica, ¿cómo lo analiza usted?

—Sí, creo que es lo más relevante. La parte de concentraciones es lo más novedoso y era necesario para una economía como la uruguaya. Ahora la Comisión tiene 60 días para decir si aprueba, que para mi gusto es poco. También hay que regular o tener claro cómo van a compartir la información las empresas. En EE.UU. el gerente de Apple no se puede tomar vacaciones en el mismo club de golf que el de Samsung, aunque sea el más lindo y a los dos le guste ir ahí, pero la Comisión de Defensa de la Competencia les va a decir esto no es bueno, y en los juicios se puede usar eso como prueba. Con las fusiones y adquisiciones pasa que tenés que empezar a compartir información pero eso tiene que estar de alguna manera regulado. En EE.UU. hay un síndico que recibe los datos de las dos partes y empieza a hacer negocios pero las dos instituciones contables no tienen la información directamente. La ley es un avance que demuestra una sensibilidad sobre estos temas. Ojalá pase por el Parlamento y ahí el tema tome más impulso y se diga que no solo es necesaria la ley sino también mejorar la Comisión, dotarla de más recursos.