Las FFAA están “listas para restablecer el orden”, dijo Temer.

El presidente brasileño, Michel Temer, autorizó ayer que las Fuerzas Armadas refuercen la seguridad en Río de Janeiro frente a la posibilidad de huelgas policiales similares a la ocurrida la semana pasada en el estado de Espíritu Santo. El refuerzo fue solicitado por el gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, después de que, en los últimos días, miembros de la Policía Militarizada de ese estado hicieran algunas protestas y se mantuvieron acuartelados por los reiterados atrasos en el pago de sus salarios.

Aún no está decidido cuántos soldados serán desplazados ni en qué zonas del estado serán desplegados, lo cual será decidido en los próximos días por el Ministerio de Defensa y las propias autoridades de Río de Janeiro.

Pezão presentó ese pedido a Temer durante una reunión que ambos tuvieron ayer en Brasilia, en la cual se analizaron las protestas de los policías y la posibilidad de que el malestar crezca en Río de Janeiro y lleve a situaciones como las vividas en Espíritu Santo.

En ese estado vecino a Río de Janeiro, la huelga policial comenzó el pasado día 4 y sumió a la región en el caos y la violencia.

Durante la última semana, en varias ciudades de Espíritu Santo hubo numerosos saqueos a comercios y se disparó el número de muertes violentas, que superó las 140 en cuestión de diez días.

Antes de confirmar la autorización para que los soldados actúen en Río de Janeiro, Temer había hecho un pronunciamiento ante los periodistas en el que aseguró que las Fuerzas Armadas están "listas para restablecer el orden público" en caso de huelgas de policías. "El Gobierno resolvió que las Fuerzas Armadas estén listas y a disposición frente a cualquier hipótesis de desorden en cualquier estado" del país, declaró.

Temer volvió a calificar lo ocurrido en Espíritu Santo como una "insurrección" de los policías militares, sobre los cuales indicó que "por ley están impedidos de realizar huelgas" o agruparse en algún tipo de sindicato.

Espíritu Santo comenzó a regresar ayer a la normalidad tras diez días de paralización de los uniformados. Con el Ejército patrullando las calles y parte de los policías de regreso a sus labores, escuelas y universidades volvieron a abrir sus puertas este lunes tras haber cerrado toda la semana pasada, así como los comercios, los bancos y los puestos públicos de salud. También volvieron a circular normalmente los autobuses públicos, un servicio que había sido totalmente suspendido algunos días y parcialmente la mayor parte de la última semana.

La llegada a Espíritu Santo de 3.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública permitió reducir la ola de violencia y tranquilizar a la población. De la misma forma, unos 1.200 de los 3.500 policías que estaban en huelga volvieron a patrullar las calles en los últimos dos días gracias a un acuerdo parcial que suscribieron con la gobernación en la noche del viernes para un reajuste salarial y mejorías en las condiciones de trabajo.

Según estadísticas del sindicato de agentes de la Policía Civil aún no reconocidas por la gobernación regional, en diez días de huelga policial se registraron 146 homicidios, un número varias veces superior al de todo enero.

Pero mientras que en los primeros días de la huelga llegaron a registrarse hasta 40 homicidios diarios, con la llegada de los refuerzos ese número cayó para cerca de cuatro diarios el último fin de semana.

Como los policías en Brasil tienen estatus militar y están prohibidos constitucionalmente de hacer huelga, las paralizaciones fueron organizadas por sus familiares, que bloquearon las puertas de los cuarteles para impedir que los uniformados salgan a las calles.

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El presidente de Brasil, Michel Temer, aseguró ayer lunes que suspenderá a cualquiera de sus ministros que sea denunciado por el escándalo de corrupción en Petrobras y negó que el gobierno busque ofrecer un manto de protección a los sospechosos. Temer anticipó que si la acusación es aceptada por la corte suprema, dando inicio a un juicio, el funcionario perderá su cargo definitivamente. "El gobierno no quiere blindar a nadie. Y no lo va hacer. Pero no puede aceptar que una simple mención (...), ya sirva para incriminar a alguien definitivamente", explicó.

La posibilidad de que el Supremo Tribunal Federal (STF) desclasifique una confesión masiva de ejecutivos de Odebrecht, pieza central en el submundo de sobornos en la petrolera estatal, agudizó las especulaciones sobre una conspiración para proteger a los políticos investigados en el caso. El propio Temer fue mencionado en una delación de Odebrecht solicitando dinero para su partido, el PMDB. Dos de las últimas decisiones de Temer alimentaron las versiones de una estrategia de protección: la designación de su ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, para la corte suprema y el ascenso al rango de ministro —que le confiere fueros— del secretario del programa de inversiones público-privadas, Wellington Moreira Franco. AFP

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