Ajustes del gobierno pretenden reactivar la economía malherida por la aguda recesión.

El mal se hace todo junto y el bien se administra de a poco. Aquel viejo consejo de Nicolás Maquiavelo parece haber sido adoptado por el presidente argentino, Mauricio Macri, para encarar los primeros meses de su gestión. Además de la devaluación del peso convalidada apenas siete días después de su llegada a la Casa Rosada, el gobierno de Macri lanzó la semana pasada un fuerte aumento —entre 100% y 500%— de las tarifas de los servicios públicos y continuó con el ajuste de la planta de empleados estatales mediante el despido o la no renovación de miles de contratos.

Para Macri y el equipo económico liderado por el ministro Alfonso Prat-Gay, esas medidas constituyen un trago amargo imposible de eludir si se pretende sacar a la economía argentina del estancamiento. Con la devaluación y la eliminación de retenciones a las exportaciones, el gobierno apuesta a que el campo y la minería se conviertan en motores de la reactivación. Con la eliminación de los subsidios a las tarifas de los segmentos de ingresos medios y altos, el objetivo es disminuir los niveles de emisión monetaria necesarios para financiar el déficit fiscal y, con eso, reducir la inflación al 1% mensual a partir del segundo semestre.

El problema es que mientras los efectos positivos de esas medidas recién podrían llegar, en un escenario optimista, hacia fines de año, el costo social de los ajustes ya empezó a palparse. Según el Observatorio de la Deuda Social elaborado por la Universidad Católica de Argentina (UCA), cerca de 1,4 millón de personas cayeron por debajo de la línea de pobreza desde fines del año pasado debido a los efectos de la devaluación. "El gobierno está volviendo hacia un modelo de economía de mercado luego de las restricciones dispuestas en los últimos años, sobre todo a partir del cepo cambiario. Pero el desarme de un modelo para la instauración de uno nuevo tiene un riesgo: habrá un período en el que no empujará a la economía ni uno ni otro. Por eso, 2016 será un año de transición", dijo Ramiro Castiñeira, economista de la consultora Econométrica, en Buenos Aires.

Aún con esos riesgos, Macri decidió poner en juego una porción de su capital político en los primeros cuatro meses de gestión en lugar de postergar correcciones necesarias para la economía. Hasta ahora, esa apuesta no impactó sustancialmente en sus todavía altos niveles de aprobación.

No obstante, en el gobierno creen que llegó la hora de equilibrar las malas noticias con una serie de medidas orientadas a amortiguar los impactos de los ajustes sobre los segmentos más vulnerables y la clase media. Más aún si se tiene en cuenta que, incluso desde dirigentes políticos aliados al gobierno, crecen las críticas por la magnitud de las alzas tarifarias y la decisión de mantener las exenciones fiscales a sectores que gozaron de elevadas ganancias durante el kirchnerismo, como el financiero.

En los próximos días, Macri presentará en el Congreso un proyecto de ley para devolver el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra de productos de la canasta básica alimentaria a los jubilados que perciben la retribución mínima y a beneficiarios de planes sociales. Además de esa medida que promete beneficiar a 8 millones de personas, el gobierno anunciará la ampliación del número de niños que reciben la Asignación Universal por Hijo. Con ello Macri buscará moderar la pérdida del poder adquisitivo por la suba de precios.

Las expectativas están puestas en 2017, año en el que el gobierno proyecta que el PIB crezca un 3% y la inflación descienda al 17%. Pero, antes de eso, aún hay riesgos que habrá que sortear. Según expertos consultados el mayor riesgo es que la economía finalmente no arranque el año próximo y que la inflación no se desacelere, tal como espera la administración.

Otras iniciativas aún en estudio procurarán impulsar a la industria automotriz y a la construcción, los dos sectores que han sumado más despidos y suspensiones de personal en los últimos meses. Para la industria automotriz, que sufre el derrumbe de la demanda desde Brasil, el gobierno planea poner en marcha un plan de créditos a tasa negativa para incentivar la compra de autos de fabricación nacional. Para empujar a la construcción, actividad en la que se perdieron casi 60.000 empleos desde septiembre, la administración Macri prevé lanzar líneas de préstamos para la vivienda a tasas subsidiadas, además de un ambicioso plan de infraestructura una vez cerrado el acuerdo con los fondos buitre. "El gobierno prevé lanzar algunas medidas de estímulo pero solo como complemento. La clave pasa por el ataque a los problemas de fondo de la economía que está llevando adelante", señaló el economista Maximiliano Castillo, director de la consultora ACM, con sede en Buenos Aires. Otro de los anuncios buscará sacar rédito del esperado ingreso de dólares durante el segundo trimestre del año.

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