Diputados españoles aprobaron una resolución del PSOE

España vuelve a debatir sobre las heridas que dejó la guerra civil y el régimen franquista, 41 años después de la muerte del dictador Francisco Franco. Es que la Cámara de Diputados aprobó ayer jueves una resolución en la que le pide al gobierno de Mariano Rajoy que aplique la denominada "ley de memoria histórica" (2007) para resarcir a las víctimas del franquismo y se proceda a exhumar los restos de Franco y trasladarlos fuera del monumento del Valle de los Caídos.

La aplicación de la ley de la memoria histórica, aprobada por el gobierno socialista en 2007, ha sido minoritaria en un país en el que aún hay calles y plazas que llevan el nombre de Franco o ensalzan el alzamiento militar que dio lugar a la guerra civil.

La resolución aprobada ayer fue propuesta por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal grupo de la oposición, con la abstención del oficialista Partido Popular (PP). No obstante, el Ejecutivo de Rajoy no está obligado a cumplir con este pedido ya que la resolución no tiene fuerza de ley, de manera que puede quedarse en un simple gesto simbólico del Legislativo.

La propuesta salió adelante con 198 votos a favor, solo uno en contra y 140 abstenciones. Fue respaldada por el PSOE, la coalición de izquierdas Podemos y Ciudadanos (liberales). Por el contrario, se abstuvieron el PP y ERC (independentistas catalanes de izquierda).

Los diputados dejaron constancia el martes pasado, cuando debatieron la propuesta en una acalorada sesión, que la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura posterior del general Franco, que terminó con su muerte (1975), siguen siendo un asunto polémico en la política española.

El diputado Gregorio Cámara, del PSOE, argumentó que el gobierno tiene el deber democrático de "cambiar de actitud" en este asunto porque la memoria histórica es "de todos" y "las heridas del pasado se curan con la verdad".

Por el contrario, la portavoz del PP, Alicia Sánchez-Camacho, acusó a los socialistas de "romper" el consenso constitucional de la etapa democrática para que no hubiera un uso partidista de la historia española.

El socialista Cámara consideró que, pese a que el gobierno no está obligado jurídicamente a adoptar estas medidas, sí tiene un mandato político de seguir las orientaciones del Congreso y empezar a resolver una "asignatura pendiente" de la democracia española.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, argumentó que su partido votaba a favor "por responsabilidad" y acusó al PP de seguir "enclaustrado en la mentalidad franquista".

La resolución impulsada por los socialistas también aboga por establecer el 11 de noviembre como Día Europeo de las Víctimas del Fascismo y por promover la creación de una Comisión de la Verdad, en la línea de las recomendaciones de Naciones Unidas.

El PSOE apoyó su propuesta en el informe sobre el futuro del Valle de los Caídos que un grupo de expertos entregó en 2011 al que era entonces ministro de la Presidencia, el socialista Ramón Jáuregui. Ese documento recomienda "resignificar" la función del Valle de los Caídos para que "deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica" y convertirlo en un "espacio para la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura".

La petición aprobada por el Parlamento también plantea reubicar en otro lugar del monumento los restos de José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), fundador de Falange Española, sepultado en la basílica del Valle de los Caídos.

En la construcción del Valle de los Caídos participaron prisioneros de guerra republicanos y presos políticos y las obras se prolongaron desde 1940 a 1959. En su interior también se encuentran enterrados 33.487 cadáveres de ambos bandos, y cuya exhumación piden las familias en el caso de fallecidos republicanos.

Franco había dado instrucciones precisas de lo que quería en un decreto del 1º de abril de 1940: "La dimensión de nuestra Cruzada (...) no puede quedar perpetuada por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades (...) es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido (...) para que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor (...) los héroes y mártires de la Cruzada".

La resolución aprobada por la Cámara de Diputados española para retirar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos no es el primer intento luego de la restauración de la democracia en ese país. El gobierno de Adolfo Suárez (1976-1981) y el primero de Felipe González (1982-1986) intentaron crear sendas comisiones para actuar sobre el monumento y ambas fracasaron. En 2011, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero encargó a una comisión de expertos un plan sobre el Valle de los Caídos. Ese informe es el que usó ahora el PSOE.

El Valle de los Caídos, en San Lorenzo de El Escorial, a 50 km de Madrid, fue construido por presos del régimen franquista y allí están enterrados Francisco Franco y el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. El gigantesco monumento fue concebido por el dictador para rendir homenaje a "los héroes y los mártires de la cruzada" que decía haber llevado a cabo para ganar la guerra civil (1936-1939).

Muerto en 1975 tras 36 años de dictadura, Franco fue enterrado a los pies del altar de la basílica.

En los años 1950, el régimen franquista desplazó arbitrariamente al Valle de los Caídos los restos de casi 34.000 muertos de la Guerra Civil, procedentes de ambos bandos. Todavía hoy, los descendientes de las víctimas del bando republicano reclaman que sus familiares no descansen al lado del dictador. Un informe del diario El País de Madrid define al Valle de los Caídos como "la mayor fosa común de España", porque de esos casi 34.000 enterrados, 12.410 corresponden a restos sin identificar, y entre los 491 traslados desde fosas y cementerios (entre 1959 hasta 1983) figuran los cuerpos de republicanos que fueron enterrados, sin el consentimiento familiar, junto a su verdugo.

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