Fue procesada como jefa de una ASOCIACIÓN ilícita

El magistrado consideró a Cristina Fernández como una de las organizadoras de la asociación ilícita junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner, y al exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

La expresidenta argentina Cristina Fernández fue procesada este lunes por formar parte de una asociación ilícita que cobraba sobornos a empresarios que ganaban contratos con el Estado en la causa conocida como los cuadernos de las coimas.

El juez Claudio Bonadio podría pedir además la detención de la expresidenta y cursar el pedido de desafuero al Senado, un requisito ineludible para hacer efectiva la prisión preventiva.

La decisión quedaría, entonces, en manos de la mayoría peronista, que
deberá definir en los próximos días el futuro de la posible candidata presidencial.

El juez Bonadio consideró a Cristina Fernández como una de las organizadoras de la asociación ilícita junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner, y al exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

También fueron procesados una decena de exfuncionarios kirchneristas y empresarios de sectores como obra pública, energía y transporte.

La resolución del juez fue nutrida por información que aportaron decenas de arrepentidos a la causa, la mayoría empresarios, pero también funcionarios públicos como José López y Claudio Uberti, ambos acogidos a la figura de "imputados colaboradores".

A su vez, Bonadio le trabó a la expresidenta un embargo por $4.000.000.000 (un poco más de 100 millones de dólares) en el marco de su procesamiento.

El multimillonario embargo contra Fernández está detallado en una de las últimas páginas del fallo, que supera las 500 carillas. El documento fue publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ), en su página web, pasadas las 16 horas. 

Allí, el magistrado consideró que hay pruebas suficientes para procesarla por dirigir el cobro de coimas a empresarios a cambio de contratos con el Estado. En el fallo se explica el mecanismo a través del cual kirchnerismo se quedó con millones de pesos argentinos mediante "retornos y coimas".

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El primer arrepentido de la causa fue el empresario Juan Carlos de Goycoechea, exCEO de Isolux, que admitió los pagos ilegales a Baratta. Le siguió Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y entonces dueño de la constructora Iecsa, que también reconoció pagos ante la supuesta coerción de los funcionarios.

La catarata de arrepentidos alcanzó a dirigentes como Héctor Zabaleta (Techint), Aldo Roggio (Roggio), Enrique Pescarmona (Impsa), entre otros. Y se extendió hasta Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, cuyo aporte de información sobre el mundo de la obra pública fue clave para comprometer a Fernández y De Vido.

Las revelaciones más importantes también llegaron de boca del exsecretario de Obras Públicas, José López, y del financista Ernesto Clarens, cuyas declaraciones permanecieron prácticamente en secreto hasta los procesamientos.