INFORME

La ONU pidió ayer viernes poner fin a la “impunidad” en Nicaragua, donde la policía y elementos progubernamentales siguen cometiendo “graves violaciones” de los derechos humanos en un contexto de crisis política.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó en su informe haber documentado “graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas” en Nicaragua.

“Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas”, precisa el documento, que pone en entredicho la actuación de la policía y los elementos progubernamentales. La ONU observa que “se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo”.

Nicaragua, uno de los países más pobres de América Latina, está dirigido desde 2006 por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega. El país atraviesa una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida de Ortega de la presidencia, por la represión ejercida contra los manifestantes.

La violencia dejó más de 325 muertos y 2.000 heridos, 62.500 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica. Hasta julio, unos 100 periodistas han salido del país.

El informe indica que la ONU documentó un gran número de violaciones de los derechos humanos, “tales como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que se materializó en varias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado.