Las investigaciones de corrupción en Brasil

Una denuncia de septiembre de 2017 por desvío de fondos de Petrobas.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en prisión desde abril pasado, y su sucesora Dilma Rousseff serán enjuiciados por asociación ilícita. El juez Vallisney Oliveira, de Brasilia, aceptó la denuncia formulada por la Fiscalía contra los exmandatarios en un proceso que afecta a dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) y está relacionado con la trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal Petrobras. El magistrado también aceptó los mismos cargos contra los exministros Antonio Palocci y Guido Mantega y el extesorero del PT João Vaccari Neto.

La denuncia, que presentó en septiembre del año pasado el entonces fiscal general Rodrigo Janot, se desprende de una investigación iniciada para confirmar si el PT creó una organización criminal para desviar dinero de Petrobras. De acuerdo con la acusación y con base en “pruebas documentales”, los investigados integraban “hasta el año de 2016” una “organización criminal” como miembros del PT y habrían cometido “diversos delitos contra la administración pública”, entre ellos corrupción y lavado de dinero.

La denuncia señaló entonces que los dirigentes del PT recibieron en la época 1.480 millones de reales (hoy unos 387 millones de dólares) de sobornos procedentes de dinero desviado de los cofres públicos.

Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, cumple desde el pasado 7 de abril una condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero en otro proceso penal también ligado a los desvíos que ocurrieron en la petrolera. El exmandatario tiene abiertos además otros procesos.

Rousseff, que ya había sido salpicada por el escándalo, fue presidenta de Brasil entre 2011 y 2016, cuando fue destituida por el Congreso por irregularidades en el manejo de los presupuestos.

El escándalo en Petrobras, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil destapado hace ya más de cuatro años, ha enviado a prisión a importantes políticos y empresarios, entre ellos a Lula, y ha salpicado al actual presidente Michel Temer, cuyo mandato finalizará el 1º de enero cuando asuma Jair Bolsonaro, ganador de las elecciones de octubre.

En este marco, la policía y la Fiscalía lanzaron ayer viernes una nueva fase de la operación Lava Jato para investigar sobrecostos y pago de sobornos en la construcción de una sede de Petrobras en Bahía. Las investigaciones apuntan que en la construcción de las instalaciones para la nueva sede de Petrobras en Salvador, Bahía, se montó una estructura para “hacer viable el pago de ventajas indebidas para agentes públicos de Petrobras y del fondo de pensiones Petros”, dijo la Policía en un comunicado.

Entre los detenidos por este caso figura Marice Correa, cuñada del extesorero del PT João Vaccari. También pesan órdenes contra funcionarios de Petrobras y del fondo de pensiones Petros, así como ejecutivos de OAS y Odebrech. Las irregularidades se registraron entre 2009 y 2016, después de que la investigación Lava Jato ya tenía dos años de haberse iniciado. La construcción de la sede de Petrobras en Bahía, llamada Torre Pituba, estaba a cargo del fondo de pensiones Petros, que, una vez terminada, alquilaría a la estatal por un período de 30 años.