CAUSA VIALIDAD

El fiscal Diego Luciani, primero, y Sergio Mola, después, expusieron hoy durante ocho horas en el inicio de un durísimo alegato contra la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, en el caso Vialidad. En este expediente, los fiscales buscan demostrar que ella fue la jefa de una asociación ilícita destinada a extirparle fondos al Estado y que favoreció al empresario Lázaro Báez con contratos de obra pública.

Las exposiciones de Luciani y Mola se darán en nueve presentaciones. Hoy fue la primera, y duró ocho horas y media. Se reanudará mañana, a las 8.30. Cristina Kirchner debió hoy conectarse vía zoom al inicio de los alegatos.

Como prueba de la “alianza y unión indisoluble” entre Baéz y el matrimonio Kirchner, el fiscal Mola mencionó a Carlos Joaquín Alonso. “La persona de máxima confianza de Baéz, la que puso a manejar los destinos de esta empresa, fue la misma que luego designó Cristina Fernández de Kirchner en un cargo de enorme relevancia para controlar la Obra Pública de todo el país” y remató: “Para que se entienda bien, Alonso primero se hizo cargo de algunas empresas de Baéz y luego Cristina Fernández de Kirchner lo designó segundo a cargo de Vialidad. Alarmante”.

“Es una relación que quema, como no va a pretender tomar distancia”, consideró el fiscal sobre la actitud de la vicepresidenta respecto de Lázaro Báez y remarcó: "El estrechísimo vínculo está más que acreditado a partir de que de manera sostenida en el tiempo se efectuaron entre ellos millonarias operaciones de compra y venta inmobiliarias".

Mientras Lázaro Baéz, a través de sus empresas constructoras, recibía millones como producto del otorgamiento ilegal y direccionado de los contratos de la Obra Pública, se le pagaban anticipos financieros. Al mismo tiempo, se convertía en el principal adquirente de las propiedades del matrimonio presidencial, además, en el administrador de sus hoteles y por si esto fuera poco, en el inquilino de otras propiedades”, siguió Mola y enfatizó: “Lázaro Baéz se convirtió así no solo en un contratista privilegiado del Estado, fue el contratista privilegiado de los jefes de Estado”.

“Es absolutamente chocante al sentido común que una persona que era monotributista, sin bienes, sin conocimientos específicos en la materia montara semejante estructura y que la administración pública ni se inmutara”, advirtió el fiscal Mola sobre el favoritismo que hubo para Lázaro Báez, quien de un momento a otro, y en una situación “notoria, desconcertante, llamativa” en 2003, se convirtió en el contratista más importante de Santa Cruz, según la exposición de los magistrados durante la jornada de hoy.

Para demostrar cómo operaban, el fiscal Mola presentó el testimonio del contador Merino. "En un momento el contador se refiere a que a estos tipos hay que hacerle caso, si no querés aparecer flotando allá", contaba Merino en un video. "Nos miramos con la contadora y no supimos qué hacer. En ese entonces mi hijo más chico tenía unos siete años. Lo llevaba en transporte escolar a la escuela y lo dejaba a una cuadra. Mi temor fue tal que iba todos los días para esperarlo y acompañarlo", llegó a decir el hombre antes de que su relato se interrumpiera porque se emocionó. "A veces las imágenes valen más que muchas palabras" remarcó Mola y siguió con su alegato.

Más temprano, el fiscal Diego Luciani hizo hincapié en el abandono en el que se dejaron todas las obras tras la derrota electoral del Frente de la Victoria, en 2015. “El abandono de los contratos dejó trabajadores desempleados, territorios sin conexión. Todas las obras adjudicadas a Lázaro Báez se hicieron con fraude en perjuicio a la administración pública. Estaba claro que con la nueva administración no se iba a permitir”, denunció. Y agregó: “El plan fracasó por su propia impericia, por su torpeza. Los imputados dejaron las huellas en todos lados”.

“Las obras se encontraron inconclusas, no había personal. Estaba todo abandonado por los contratistas. Así quedaron [exhibió fotos de Vialidad Provincial]. Las empresas incumplieron sus obligaciones”, dijo el fiscal. Y agregó: “Nunca les interesó la obra pública, sino el dinero ilegal que recaudaban del Estado nacional”.

Además, el fiscal mostró mensajes de José López, el exsecretario de Obra Pública, recordado por el episodio de los bolsos repletos de dólares y armas en un convento. En ellos sale a la luz que hubo un encuentro entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez antes de que finalice la gestión y asuma Mauricio Macri. Luego del encuentro, Baéz intenta comunicarse con López y le dice: “Es para coordinar con lo que me dijo la señora, gracias”. “Del teléfono, un Iphone, secuestrado a López en 2016 se confirma que la paralización y el abandono de las obras [de Austral Construcciones] fue una idea gestada por Cristina Fernández”, denunció el fiscal.

Luciani no solo consideró que Báez era favorecido por negocios irregulares y estaba asociado con los Kirchner. Fue incluso más allá y dijo: “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández”. “Hemos analizado 26.000 mensajes -dijo el fiscal-. Meses y meses trabajando en estos teléfonos. Vamos a hablar de esto en otro apartado. Acá vamos a tomar solo una franja de tiempo que permite dilucidar cómo fueron los últimos tiempos del gobierno de Cristina Kirchner. Vamos a exponer cómo desde la quinta de Olivos y Santa Cruz se coordinaron los últimos pagos que se debían a Lázaro Báez”.

Por otra parte, dijo que desde la cúpula del Gobierno “se montó un plan sistemático de extracción de fondos”. Y dijo: “Santa Cruz era el lugar ideal para llevar adelante la maniobra y procurar impunidad a los aquí imputados”. Fue muy duro contra Néstor y Cristina Kirchner. “Los jefes de la asociación ilícita consolidaron una base de poder, conocían el funcionamiento y tenían el poder de decidir”, dijo, y destacó que además manejaron “los organismos de control”.

El fiscal hizo especial hincapié en “la decisión de favorecer a Santa Cruz” en el reparto de la obra pública, “pese a su baja densidad poblacional”. Esto se hizo -sostuvo Luciani- “en contra de los criterios de razonabilidad que deben regir las contrataciones administrativas”. Destacó que Santa Cruz tiene una población 57 veces más chica que la de la provincia de Buenos Aires y “recibió fondos cuantiosamente superiores”.