VENEZUELA

La fiscal Luisa Ortega se asila en Colombia y desata la ira chavista

Espectacular fuga junto a su esposo por tierra, mar y aire.

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Luisa Ortega fue destituida por la Asamblea Constituyente. Foto: La Nación/GDA

La cesada fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quedó oficialmente ayer lunes bajo protección del gobierno de Colombia y recibirá asilo si lo solicita. Ortega y su esposo, el diputado Germán Ferrer, escaparon a Colombia de la persecución del régimen de Nicolás Maduro. El anuncio lo hizo el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien días atrás no descartó romper relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro.

"La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano. Si pide asilo se lo otorgaremos", señaló Santos en su cuenta de Twitter.

Destituida el 5 de agosto por la Asamblea Constituyente que responde a Maduro y que reemplazo al Parlamento de mayoría opositora, Ortega y su esposo llegaron el viernes a Bogotá en un vuelo privado desde Aruba, donde habían llegado en lancha la Península de Paraguaná.

Medios colombianos señalaron que además de Ortega y su esposo, en la aeronave viajaban la exdirectora del despacho de la exfiscal, Gioconda González, y el fiscal anticorrupción Arturo Vilar Esteves.

Desde su nombramiento, en diciembre de 2007, Ortega, de 59 años, fue una aliada del fallecido presidente Hugo Chávez dentro del aparato del Estado. Pero en marzo de este año pasó a la disidencia al denunciar la ruptura del orden democrático luego que el Tribunal Supremo despojó de sus funciones al Parlamento de mayoría opositora.

La fiscal se rebeló contra el gobierno de Maduro a finales de marzo, cuando denunció una ruptura constitucional en Venezuela a raíz de decisiones judiciales contra el parlamento de mayoría opositora.

Además, la justicia chavista había congelado los bienes de Ortega y le prohibieron la salida de Venezuela. El jueves la Constituyente también retiró la inmunidad a su esposo, sobre quien pesa una orden de captura por presuntos delitos de corrupción.

Antes de que aterrizara en Bogotá, Ortega participó por videoconferencia en un encuentro de fiscales que se llevó a cabo el viernes en Puebla, México. Devenida férrea opositora al gobierno venezolano, Ortega acusó a Maduro de estar involucrado en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. "Tenemos el detalle de toda la cooperación, montos y personajes que se enriquecieron y esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno", dijo la fiscal.

Además de la exfiscal y su esposo, están en Colombia cinco magistrados venezolanos designados por el Parlamento de mayoría opositora. Los jueces huyeron ante el asedio del gobierno de Maduro, que desconoció la elección de la corte suprema por la mayoría opositora y ordenó el arresto de los 33 magistrados nombrados el 21 de julio.

Para el régimen chavista, Colombia ha pasado a ser el "Caín de América" y el "centro de una conspiración" contra Venezuela, por darle asilo a la fiscal Ortega, su esposo y los jueces perseguidos.

"Bogotá se ha convertido en centro de la conspiración contra la democracia y la paz en Venezuela. Vergüenza histórica del Caín de América", señaló el canciller venezolano Jorge Arreaza en Twitter.

El ministro tildó de "cínica" la decisión del gobierno de Santos de proteger a Ortega y añadió que de este modo Colombia "protege la corrupción y el delito en Venezuela".

"¿Qué puede esperarse de un gobierno que cobija en su seno oligárquico al jefe del Golpe de Estado de 2002 contra el Comandante (Hugo) Chávez?", cuestionó el canciller en referencia al empresario Pedro Carmona, asilado en Colombia.

La decisión del gobierno colombiano de proteger a la fiscal y su esposo también fue rechazada por el sustituto de Ortega, el chavista Tarek William Saab, y por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Santos "sigue repugnante tradición de exmandatarios que dieron protección a venezolanos asociados al terrorismo y narcotráfico", afirmó Saab en Twitter. A su vez, el dirigente Héctor Rodríguez expresó a nombre del PSUV que en su país habrá justicia en el caso de la exfiscal, y en Colombia, "más temprano que tarde, un gobierno que represente los intereses del pueblo" y no los de sus "oligarquías".

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