Inculpada de dirigir una asociación ilícita y dar obras por US$ 2.200 millones a Lázaro Báez.

Cristina Fernández quedó inculpada ayer de asociación ilícita y fraude al otorgar obras de infraestructura por US$ 2.200 millones a un empresario. Es su segundo procesamiento este año.

"El juez Julián Ercolini procesó a la expresidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta. Ordenó un embargo por $ 10.000 millones (equivalentes a US$ 630 millones). Se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral", informó la página web CIJ, del Poder Judicial.

En esta causa, la Justicia investiga si la ex mandataria montó un mecanismo que permitió nombrar funcionarios para direccionar en favor de Lázaro Báez las obras públicas santacruceñas sin controles, lo que permitió sobreprecios.

El caso de Cristina Fernández se suma a los de otros líderes de centroizquierda de la región como el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) forzado a rendir cuentas por casos de supuesta corrupción.

La ex mandataria brasileña Dilma Rousseff fue destituida por el Parlamento a raíz de maniobras para maquillar las cuentas públicas en 2014 y 2015, modificar los presupuestos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública. No fue acusada de enriquecimiento personal.

Además de encausar a Cristina Fernández, el juez Ercolini también procesó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al ex subsecretario José Francisco López, al ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, al empresario Lázaro Báez y Carlos Santiago Kirchner, entre otros. En cambio, estimó que no hay mérito en los casos de Abel Fatala y el ex subsecretario de Obras Públicas Hugo Manuel Rodríguez, entre otros.

Cristina anunció, a través de su abogado, que apelará el fallo.

En esta causa, la ex presidenta enfrenta su primer procesamiento por corrupción. ¿De qué la acusan a Cristina Fernández en este expediente? En su resolución de 794 carillas, el juez Eercolini resaltó que "se encuentra acreditado" que la ex mandataria, De Vido y López, entre otros, "habrían formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

"Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en mas de una jurisdicción, pero en donde cada uno de los intervivientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados", indicó el magistrado.

Al fundamentar el procesamiento por el delito de asociación ilícita, el juez remarcó que todos los funcionarios públicos procesados "conocían el pacto que los unía".

"Si bien no es necesario que los miembros de la asociación ilícita conozcan la identidad del resto de los intervinientes, esta circunstancia está plenamente demostrada en autos", apuntó.

"La prueba reunida dio cuenta de que todos los funcionarios públicos imputados se conocían entre sí y alguno de ellos, si bien no se ha demostrado que conozcan personalmente a Báez, sabían de su existencia, de su rol y participación en la asociación", sostuvo.

Ercolini describe la existencia de una asociación ilícita dirigida desde lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional para direccionar la obra pública en Santa Cruz en favor de Báez. El juez consideró que Cristina Fernández ejerció "un rol preponderante para que la maniobra fuese llevada a cabo".

Estimó que las potestades de la ex presidenta y de los funcionarios designados en puestos clave —nombrados por Kirchner y "mantenidos" por Cristina— "le habrían permitido el direccionamiento y control sobre los fondos que finalmente le habrían hecho llegar a Báez por medio del irregular otorgamiento de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. En ese marco, la ex mandataria habría realizado diversos aportes funcionales necesarios para la materialización de la maniobra que se le achaca", señaló.

Ercolini evaluó las pruebas que esgrimieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, los decretos de nombramiento de funcionarios o documentación de las licitaciones patagónicas que exhiben sobreprecios y los testimonios de ex funcionarios de Vialidad que declararon sobre la falta de controles.

La decisión de la Justicia incluye a Julio De Vido, diputado del Frente Para la Victoria y ex ministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015. De él dependió Vialidad Nacional. Era quien habilitaba fondos a favor de Lázaro Baéz, dueño de Austral Construcciones. Según un informe de la gestión Macri, derivó gastos con sobreprecios del 65% que cobró su empresa. De Vido es también investigado por enriquecimiento ilícito.

El empresario Lázaro Báez creó Austral Construcciones, concesionaria de la mayoría de las obras públicas en el Sur, 18 días antes de que Néstor Kirchner llegara al poder. La empresa fue ampliamente beneficiada con la obra pública del gobierno kirchnerista. Báez está detenido y procesado por lavado de dinero, en el marco de la causa conocida como "Ruta del dinero K".

José López fue secretario de Obras Públicas. Indicaba a Vialidad, dirigida por De Vido, a qué empresas debían pagarse los anticipos de obra. Austral Construcciones estaba entre las primeras. Así logró cobrar más del 35% (prohibido por ley) en adelanto del monto total de las obras. López fue detenido el 14 de junio, cuando la Policía lo descubrió en un convento de la localidad de General Rodríguez intentando ocultar bolsos con nueve millones de dólares. Avanza en su contra una causa por enriquecimiento ilícito.

Fuente: LA NACIÓN / GDA

"La asociación ilícita fue la figura penal creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores", afirmó Cristina Fernández de Kirchner, en un escrito en las redes sociales titulado Postales para el fin de año, horas después de que el juez Ercolini la inculpó por ese delito y por administración fraudulenta.

"Ercolini, con esposa vocera del ministro de Justicia macrista, en una causa que lleva más de ocho años en su juzgado ahora dice que nuestros Gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas. ¿Procesará también al 46% y al 54% que nos votaron en 2007 y 2011?", preguntó.

Asimismo, se refirió al alejamiento del gobierno del ministro Alfonso Prat-Gay. "Lo echaron al ministro de Economía, pero la economía anda muy bien. Por eso, Macri está de vacaciones hasta el año que viene. El nuevo ministro de Hacienda fue director de Papel Prensa, trabaja en TN y es columnista de La Nación. Ah! Y también compró dólar futuro", dijo.

Por su parte, su abogado, Gregorio Dalbon, se expresó con ironía respecto de la decisión judicial, en su cuenta de Twitter y afirmó que no está preocupado por el procesamiento. "No sorprende (la medida de) Ercolini, se esperaba. Se apela. La causa no existe. Debiera procesar al 54% que la votó por coautores. No hay delito. Tranqui. Ercolini, te deseo un gran 2017. Procesando fácil para que te revoquen fácil. Como verás, no estamos preocupados. No hay delito", expresó Dalbon. "Ercolini, Bonadio, vengan a mi. En 2017, se acaba la persecución política. Compren pirotecnia. Porque lo que existe jurídicamente es chasquimbum. Tranqui, otro invento porque Mauricio Macri y su gobierno se derrumban".

AFP, LA NACIÓN (GDA)

CRISTINA VA CONTRA MACRIAFP, LA NACIÓN (GDA)