Perú voto ayer martes adelantar las elecciones a 2024 al tiempo que echó al embajador de México, país que, a su vez, otorgó un salvoconducto a la familia del expresidente Pedro Castillo.
Con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, el pleno del Congreso peruano aprobó la reforma constitucional que permite el adelanto de las elecciones generales para abril del 2024 en lugar de 2026, año en que estaban previstas.
El texto impulsado por el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, dispone que los mandatos presidencial y congresal concluyan en julio de ese mismo año.
Por tratarse de reforma constitucional, se requiere ahora una segunda votación calificada (87 votos) en siguiente legislatura ordinaria.
La actual gobernante, Dina Boluarte, exigió en los últimos días que se reconsiderara la decisión que el Parlamento tomó el pasado viernes, cuando votó en contra de adelantar los comicios generales a 2023.
Según las encuestas, al día de ayer el 83% de la ciudadanía se había manifestado a favor del adelanto de los comicios.
Choque con México
El gobierno peruano declaró ayer persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país en respuesta a la “injerencia” que consideran que han hecho las “altas autoridades” de México, anunció la canciller Ana Cecilia Gervasi.
La decisión se tomó luego de que el canciller de México, Marcelo Ebrard, dijera que estaba negociando un salvoconducto para que la familia de Castillo, refugiada en su embajada en Lima, pudiera salir del país, lo que finalmente fue concedido en horas de la noche.
Ebrard ya había confirmado que la familia del detenido exmandatario izquierdista -conformada por su esposa, Lilia Paredes, la hermana menor de esta y dos hijos- contaba con asilo político de México.
Finalmente, sobre las 19 (hora local, las 21 en Uruguay), la Cancillería de Perú anunció el otorgamiento del salvoconducto a la esposa del expresidente y a sus hijos e informó al Gobierno de esa nación que Paredes está siendo investigada por un delito común, por lo que no hay “persecución política”.
“La Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas. El Gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Lilia Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como autora del delito de organización criminal, previsto y sancionado”, aseguró la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, en una declaración.
Tras ser destituido por el Congreso el pasado 7 de diciembre luego de su fallido golpe de Estado, Castillo solicitó asilo al gobierno mexicano.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había manifestado el lunes que estaba dispuesto a recibir al expresidente, así como a su familia y a “todos los que se sientan perseguidos en Perú”.
Paredes es investigada por la Fiscalía peruana como coordinadora de una red de corrupción que supuestamente lideraba su esposo, pero esa investigación no impide el otorgamiento de asilo, dijo la actual presidenta peruana Boluarte.
Al menos 21 personas han muerto durante las manifestaciones que estallaron tras la destitución de Castillo el 7 de diciembre.
