TRIPLE ASESINATO

Miles de militares participan de operativo de Colombia y Ecuador en zonas difíciles.

En una frontera selvática y sembrada de coca, miles de militares de Colombia y Ecuador están a la caza del jefe del grupo que mató en cautiverio a los tres integrantes de un equipo de prensa, cuyos cuerpos no habían sido recuperados este sábado.

Tumaco está militarizado. El municipio con más narcocultivos del mundo es el centro de la ofensiva del lado colombiano, mientras del ecuatoriano las acciones se enfocan en San Lorenzo, donde rige desde enero el estado de excepción a causa de la inusitada violencia.

"Va a haber una arremetida más contundente", dice a la AFP el general Mauricio Zabala, comandante de la Fuerza Despliegue Rápido Número 2 del Ejército colombiano.

Las acciones se encaminan a dar el gran golpe contra Walter Artízala, alias Guacho, el jefe de una disidencia no tan numerosa de la ya disuelta guerrilla de las FARC que secuestró y ejecutó a los dos periodistas y el chofer del diario ecuatoriano El Comercio.

De momento la atención se focaliza en que Ecuador pueda cuanto antes recobrar los cuerpos a través de una sigilosa operación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) fueron ejecutados a balazos mientras estaban encadenados, según las fotografías que hicieron llegar los captores.

Sin embargo, aún es incierto el paradero de los cadáveres, si están en manos del grupo Oliver Sinisterra que comanda Guacho o si fueron dejados en algún punto de la zona limítrofe donde se produjo el secuestro el 26 de marzo último.

"No conocemos el tiempo transcurrido desde la muerte pero las condiciones de temperatura, humedad y dificultad de acceso a los sitios donde pueden estar, hacen presumir que los cuerpos ya se encuentran en un estado avanzado de descomposición", dijo a la AFP el director de Medicina Legal de Colombia, Carlos Eduardo Valdez. Su equipo llegó a Tumaco para colaborar en el esclarecimiento del caso.

Nunca antes Ecuador había enfrentado un crimen de estas características, lo que prácticamente rompió en pedazos su idea de ser un territorio en paz en medio de la violencia y el narcotráfico que han golpeado por décadas a Colombia.

El ejército colombiano, que desde hace unos meses desplegó casi 10.000 hombres en Tumaco y alrededores, se mueve con cautela.

En medio de las acciones coordinadas, Ecuador anunció que en la zona de Mataje, donde fueron secuestrados los periodistas, arrestaron a nueve "sospechosos" e incautaron armas y municiones.

Una cacería en conjunto con un solo objetivo: atrapar a Guacho. Ambos gobiernos ofrecen 230.000 dólares por información que lleve a su arresto.

Este ecuatoriano de no más de 35 años opera con entre 70 y 80 hombres en los límites de Nariño y la provincia costera de Esmeraldas, puntos estratégicos en la ruta del Pacífico para transportar cocaína a Estados Unidos por Centroamérica.

Las operaciones incluyen aviones y helicópteros, según el ministerio colombiano de Defensa.

Al Gobierno ecuatoriano le falta transparencia en el manejo de la información sobre los periodistas del diario El Comercio que fueron secuestrados y asesinados por disidentes de las FARC en la frontera con Colombia, denunció la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Medellín.

La SIP, reunida en Medellín, Colombia.

"Por primera vez en la historia republicana del Ecuador, tres miembros de un equipo periodístico fueron asesinados esta semana en la zona de Mataje, en la frontera norte con Colombia", señala el informe, leído por Gabriela Vivanco, representante de diario La Hora de ese país.

La SIP recuerda que un día después del secuestro, el ministro del Interior, César Navas, informó del hecho atribuido al grupo liderado por Walter Arízala, alias "Guacho" y desde entonces el manejo de la información oficial del caso se caracterizó por la "falta de transparencia".

"Desde entonces, el Gobierno del presidente Lenín Moreno intentó controlar la información solicitando censura a los medios de comunicación para evitar la difusión del nombre de las víctimas", señala el informe, y explica que esa situación "llevó a los familiares a autorizar la difusión" de las identidades, "en abierto desafío a las recomendaciones del Gobierno". FUENTE: EFE