ASAMBLEA GENERAL

La Organización de Estados Americanos (OEA) llevó adelante este miércoles una Asamblea General. Allí Uruguay apoyó dos resoluciones: una por Venezuela y otra por Nicaragua. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, habló sobre la situación en los dos países.

Sobre Venezuela, Bustillo comentó que "Uruguay quiere reafirmar una vez más su más firme condena por la injustificable situación que padece el pueblo venezolano". "En especial por el cada vez mayor estrechamiento del espacio democrático en el país, las persistentes violaciones a los Derechos Humanos" y el "empeoramiento de la situación humanitaria agravada por los efectos de la pandemia". 

Además, dijo que "esta situación es inadmisible en el ámbito interamericano al colidir con los principios esenciales de la Carta Democrática Interamericana y con los valores que caracterizan a las sociedades democráticas".

Por lo tanto, Uruguay "sostiene que la única salida posible a la grave crisis política, institucional, socioeconómica y humanitaria que vive Venezuela es a través de un proceso democrático, pacífico, negociado entre venezolanos, que conduzca a elecciones con garantías transparentes, libres, justas y verificadas internacionalmente. Motivo por el cual apoyamos la resolución a ser aprobada por esta Asamblea General", agregó. 

La OEA aprobó este miércoles una resolución que pone condiciones al "régimen ilegítimo" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para reconocer los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela programadas para el 6 de diciembre.

El texto establece que el reconocimiento de los comicios "dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía".

Sin embargo, el grueso de la oposición ya ha anunciado que no participará en las elecciones por considerarlas fraudulentas.

El gobierno de Maduro ha inhabilitado a miembros de partidos opositores, incluido Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y reconocido como presidente interino por medio centenar de naciones; y, además, algunos diputados opositores han sido detenidos y otros han huido para evitar ser capturados.

Por otra parte, Bustillo comentó: "Nicaragua también nos duele". A su vez, reiteró "el llamamiento a que las autoridades restablezcan la colaboración tanto con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como con el (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) MESENI para que puedan desarrollar sus importantes tareas en forma efectiva". 

Este miércoles, en la OEA se aprobó una resolución para pedir una reforma electoral y el despliegue de una misión de observación en las elecciones previstas para 2021 en Nicaragua.

El texto, que pide una reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma independiente, transparente y responsable, fue aprobado por 20 países, con dos votos en contra y 12 abstenciones.

Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones en noviembre de 2021, unos comicios en los que probablemente el presidente Daniel Ortega, en el gobierno desde 2007, busque un nuevo mandato.

Estos serán los primeros comicios desde la ola de protestas que sacudió el país en 2018, un movimiento que comenzó con manifestaciones en contra de una reforma del seguro social y que derivó en una movilización más amplia de rechazo al gobierno y cuya represión dejó al menos 328 muertos.

Además el texto pide el despliegue de una misión electoral que incluya a observadores independientes.

Nicaragua junto a San Vicente y las Granadinas votó en contra y 12 países se abstuvieron, incluyendo Argentina, México y Honduras.

Durante el debate virtual, el representante de Managua, Luis Alvarado, reiteró las declaraciones del canciller Denis Moncada sobre la resolución, calificándola de "injerencista".

El diplomático nicaragüense dijo que su país "no es colonia de nadie" y afirmó que el texto no tiene "ningún efecto vinculante".

El texto fue presentado por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela, y Brasil pidió sumarse a la lista de firmantes tras la aprobación.