El presidente aprobó decreto

“El que las hace las paga”, dijo el presidente Mauricio Macri.

El presidente Mauricio Macri aprobó por decreto la extinción de dominio con el objetivo de recuperar bienes comprados con dinero procedente de la corrupción.

"Las mafias de las redes de narcotráfico, del crimen organizado y la corrupción se llevaron plata de los argentinos. La necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, para construir escuelas, jardines, obras y rutas más seguras", dijo el presidente desde el Salón Blanco desde la Casa Rosada.

"Tenemos que terminar con esto", lanzó. Y anunció que su decreto permitirá que la Justicia recupere "más rápido y de forma transparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron".

"En la Argentina de hoy, el que las hace las paga", fue una de la frases más fuertes lanzadas ayer por Macri.

El presidente explicó que tomó la medida por decreto "porque su aprobación es urgente, los proyectos para aprobarlo en el Congreso están estancados hace años y los argentinos ya esperamos demasiado. La Justicia necesita este mecanismo ya mismo", argumentó Macri.

"Está claro que todos los argentinos hacemos un esfuerzo muy grande para sacar el país adelante. Y no puede ser que algunos vivos, a costa de este esfuerzo, cometan delitos, que no podemos permitir más", agregó.

"Los delincuentes, los narcotraficantes, las redes de trata, los mafiosos y los corruptos no tienen límites, son capaces de cualquier cosa, destruyen familias, someten a los ciudadanos y hasta son capaces de matar", dijo Macri.

"Estamos hablando de dinero pero también de casas, campos, barcos, autos, y hasta obras de arte que se pueden subastar y destinar a políticas públicas para que los argentinos podamos terminar con los problemas que arrastramos hace décadas", expresó.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, explicó que el decreto crea una procuraduría en el Ministerio Público Fiscal que será la encargada de solicitar que se de por extinguido el título de propiedad de un bien ligado a delitos graves.

Si el titular del bien bajo sospecha no puede justificar su propiedad, la Justicia civil sentenciará la denominada "extinción del dominio" y su pase a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Garavano indicó que el mecanismo solo se aplicará sobre bienes bajo sospecha adquiridos en forma posterior a los hechos delictivos bajo investigación.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el régimen podrá ser aplicado en forma retroactiva, a bienes comprados a partir de delitos cometidos desde quince años atrás en adelante. Esto abarca a prácticamente todo el período de gobiernos kirchneristas.

Hasta ahora, solo la Justicia penal podía determinar la expropiación de un bien adquirido como producto de delitos graves como la corrupción o el narcotráfico, pero esto luego de un largo proceso y con sentencias firme.

El proyecto de la denominada "ley de extinción de dominio" fue aprobado en junio de 2016 por la Cámara de Diputados y recién fue votado en agosto pasado por el Senado, aunque con modificaciones sobre la iniciativa original. Por ello, el proyecto retornó a la Cámara Baja, donde su discusión está estacada por diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre varios puntos de la norma.

La retroactividad de la aplicabilidad de la medida —15 años— incluye de manera holgada las primeras denuncias de corrupción en la obra pública contra el exministro Julio De Vido y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

El ministro Germán Garavano dio ayer un ejemplo clave del tipo de dinero que se rastreará: los 800.000 dólares de la valija del venezolano Guido Antonini Wilson y que sirvieron —según el ministro— para "construir jardines de infantes".

Es, precisamente ese, el nudo del imaginario del voto antikirchnerista, que desea ver "recuperados" los bienes adquiridos por figuras prominentes del gobierno anterior, un escenario en el que la expresidenta Cristina Kirchner podría ser una de las apuntadas por la fiscalía que se crea a partir de la publicación del decreto, dijo ayer el diario La Nación.